El Ministerio Público citó a la mandataria estatal
pese a tener fuero.
En dos asuntos de alto interés nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió una postura distinta: en el citatorio al gobernador de Morena con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de presunto narcotráfico, no dio a conocer hora ni lugar de su comparecencia, mientras que a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el caso del narcolaboratorio destruido en esa entidad, la citó en un lugar público a una hora determinada.
Además de Rocha Moya comparecieron ante la FGR otros de sus nueve coacusados por EU: el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y tres exfuncionarios más, quienes acudieron ante el Ministerio Público para “rendir entrevista” por su presunta relación con el narcotráfico y supuestos vínculos con la fracción del Cártel de Sinaloa que encabezaban Los Chapitos.
En cambio, la gobernadora Maru Campos acudió a un citatorio formal, para comparecer en calidad de “testigo” como parte de las investigaciones del operativo realizado los días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, para desmantelar un laboratorio para la elaboración de drogas y en el que estuvieron presentes cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), dos de los cuales murieron en un accidente automovilístico.
Afuera de las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, Campos acusó que hoy en el país es evidente un “uso político” de instituciones federales y que hay un “autoritarismo que se permite violar la Constitución sin consecuencias”.
Aseguró que en México hoy “Morena y su gobierno están haciendo pedazos (al país) al abrazar a los delincuentes mientras persiguen a quienes intentamos hacer cumplir la ley”.
“Comparecencia a modo”
La comparecencia de Rocha Moya y cuatro más de un total de diez señalados por EU de estar involucrados con el crimen organizado —dos de los acusados se entregaron hace un par de semanas a las autoridades estadunidenses— ocurrió 28 días después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó su detención con fines de extradición.
Rocha reapareció tres semanas después de que solicitó licencia provisional a la gubernatura, para comparecer el martes 26 en la delegación de la FGR en Culiacán, Sinaloa, donde los acusados ingresaron a las instalaciones en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y con la presencia de camionetas blindadas y elementos de la Guardia Nacional desplegados para reforzar la vigilancia, en lo que analistas políticos calificaron como “una comparecencia a modo”.
El gobernador con licencia afirmó en sus redes sociales que respondió a las preguntas que le formuló el Ministerio Público y dijo que acudirá a todo llamado que le haga la autoridad investigadora cuando esta lo juzgue necesario.
El senador Inzunza compareció el mismo martes 26 de mayo, cita a la que llegó sin un abogado que lo asistiera, pero custodiado por varias camionetas que seguían la unidad que lo transportaba.
El legislador sinaloense, quien fungiera como secretario de Gobierno de la administración de Rubén Rocha, está acusado de vínculos con el narcotráfico y de entregar información a integrantes del crimen organizado acerca de los operativos que se realizaban en la capital de la entidad y en otras zonas, lo que permitía a los integrantes del Cártel de Sinaloa evadir las acciones en su contra.
Inzunza no se presentó en cambio a las sesiones del periodo extraordinario del Congreso de la Unión, pese a que aseguró que lo haría, y en sus redes sociales informó que durante este tiempo se encontró en un poblado de Badiraguato, del que es originario.
Después de su comparecencia publicó un mensaje en el que informó que respondió al citatorio de la FGR y ratificó su disposición de atender cualquier requerimiento, sin ampararse del fuero del que goza como senador de la República.
Acudieron también el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exvicefiscal Dámaso Castro Saavedra; y Marco Antonio Avilés, exdirector de la Policía de Investigación.
“Persecución política continúa”
A diferencia del trato que la FGR le dispensó a Rocha y demás implicados en la acusación estadunidense, a la gobernadora de Chihuahua se le entregó el citatorio el sábado 23 de manera pública, lo que en un primer momento sorprendió a la mandataria estatal.
Al ser notificada, Maru Campos le dijo al funcionario ministerial que “aquí estoy, por supuesto dando la cara”, y reprochó que tuviera que comparecer en la FGR aun cuando como servidora pública tiene fuero constitucional.
El mismo sábado 23, en un mensaje en video, Campos denunció que “la persecución política en mi contra continúa: protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber. Como siempre lo he hecho, seguiré dando la cara y luchando por tu familia y la libertad. Hasta donde tope, por Chihuahua y por México”.
Y al acudir a la cita en la sede central de la FGR en la Ciudad de México, el miércoles 27 de mayo, a donde la gobernadora fue respaldada por la dirigencia del PAN, informó que no compareció como testigo ni para sujetarse a acto de investigación alguno: dijo que su presencia fue para responder a un oficio que “contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”.
El abogado defensor de la gobernadora, Roberto Gil Zuarth, calificó el citatorio de absurdo, incongruente, inconsistente, ilegal e inconstitucional, ya que se citó a comparecer en calidad de testigo sin aclarar qué hechos se investigan y cuáles eran los delitos.
Y resaltó que el Código Nacional de Procedimientos Penales es claro al establecer que ningún Ministerio Público puede realizar un acto de investigación que implique la comparecencia personal de un servidor público protegido por el fuero constitucional.
Sin ficha roja
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aclaró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con notificación roja emitida por la Interpol. Agregó que “luego de realizar consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”.