Santa Fe, Nuevo México, 26 de junio. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está ampliando una zona militarizada a lo largo de la frontera sur de su país, donde los soldados están autorizados a detener a personas que ingresen para su posible enjuiciamiento federal por cargos de invasión de un área de defensa nacional.
La Fuerza Aérea anunció el lunes la anexión de un tramo serpenteante de 400 kilómetros (250 millas) de la frontera en Texas, en medio de un aumento de la presencia de las fuerzas militares bajo la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump en la frontera.
El área de defensa nacional recién designada a lo largo del río Bravo (o Grande) abarca dos condados de Texas y se extiende junto a ciudades, incluidas Brownsville y McAllen. Será tratada como una extensión de la Base Conjunta San Antonio. La Fuerza Aérea dijo que está preparada para instalar inmediatamente señales de advertencia contra la entrada al área.
La estrategia militar inició en abril a lo largo de un tramo de 275 kilómetros (170 millas) de la frontera en Nuevo México y se expandió a una franja del oeste de Texas en mayo. Cazadores, excursionistas y grupos de ayuda humanitaria temen que ya no tendrán acceso.
En el área de defensa nacional más reciente, las responsabilidades militares incluyen “detección y monitoreo mejorados” y “detención temporal de intrusos hasta que sean transferidos a las autoridades policiales correspondientes”, indicó la Fuerza Aérea en un comunicado de prensa.
Al menos tres personas han sido detenidas directamente por soldados en Nuevo México para ser procesadas por la Patrulla Fronteriza. Más de mil 400 inmigrantes han sido acusados de invasión de las áreas de defensa nacional, un delito menor que se castiga con hasta 18 meses en prisión.
Las impugnaciones judiciales a los cargos han tenido resultados mixtos.
La zona fronteriza militarizada es un contrapunto al despliegue de aproximadamente cuatro mil soldados de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles tras las protestas por la intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración por parte del gobierno de Trump.
Los despliegues de soldados están poniendo a prueba los límites de la Ley Posse Comitatus, que prohíbe al ejército realizar tareas de aplicación de la ley civil en suelo estadunidense.
Las detenciones en la frontera por entrada ilegal han disminuido drásticamente este año.