Columbus, Ohio, Estados Unidos, 16 de junio de 2026. El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, se pronunció a favor de abolir la pena de muerte en el estado, argumentando que los datos demuestran que esta medida extrema no disuade el crimen violento. La declaración consolida el cambio de postura del mandatario respecto a la ley de pena capital que él mismo impulsó como legislador en 1981.
El político de 79 años, quien concluye su periodo en 2026 sin posibilidad de reelección, ha mantenido una moratoria no oficial en la entidad al posponer reiteradamente las ejecuciones programadas. Inicialmente, estas suspensiones se justificaron por la negativa de las farmacéuticas a suministrar los medicamentos para la inyección letal; sin embargo, DeWine dejó claro que sus dudas ahora son de carácter moral y de efectividad jurídica.
Pese al llamado del gobernador, es poco probable que la legislatura estatal derogue la ley ante la firme oposición de los líderes republicanos en la Cámara de Representantes. Actualmente, el sistema penitenciario de Ohio tiene 30 ejecuciones programadas para los próximos cuatro años, aunque el estado no ha aplicado la pena capital desde julio de 2018.
La decisión de DeWine refleja una tendencia creciente en Estados Unidos hacia el replanteamiento del castigo máximo. En los últimos años, entidades como Nuevo Hampshire, Colorado y Virginia han abolido la práctica, mientras que los gobernadores de Pensilvania y Oregón han paralizado las ejecuciones y desmantelado sus respectivos corredores de la muerte.