Bogotá, Colombia, 13 de marzo. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso continuará en una cárcel de Bogotá luego de que un magistrado colombiano le negó la libertad extraordinaria como había solicitado el presidente Gustavo Petro para que cumpla como gestor de paz en diálogos con estructuras armadas.
La decisión del magistrado era clave dado que recientemente otra jueza le concedió a Mancuso la libertad condicional por cuatro años al considerar que cumplió con tres sentencias. Sin embargo, esto no significó su excarcelación inmediata porque dos jueces más debían resolver 47 solicitudes de detención por miles de crímenes.
El magistrado Carlos Andrés Pérez negó este día levantar 33 medidas de detención por más de 34 mil delitos como homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y agresiones sexuales. La defensa de Mancuso anunció que apelará la decisión.
Mancuso, quien llegó en febrero a Colombia deportado de Estados Unidos, fue uno de los más temidos y poderosos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia que se dedicaron a combatir las guerrillas de izquierda, afectando a la sociedad civil. Dejó las armas en 2004 como parte de un acuerdo de paz con el Estado y comparece desde entonces ante un tribunal especial para exparamilitares.
En Estados Unidos se declaró culpable y fue sentenciado a más de 15 años de prisión por haber dirigido la fabricación y el envío de más de 100 mil kilogramos de cocaína. En 2020 cumplió su pena en ese país, pero permaneció a la espera de resolver su situación migratoria.
A su llegada a Colombia, Mancuso fue detenido para continuar respondiendo ante la justicia al tiempo que se definía su papel dentro de la política “paz total” del gobierno de Petro que busca diálogos con todos los grupos ilegales.
El año pasado Petro solicitó la suspensión de las medidas judiciales contra Mancuso para que se desempeñe como gestor de paz, una figura especial que pretende que contribuya con el diseño de procesos de desarme colectivo de grupos criminales.
Sin embargo, el magistrado Pérez consideró en la audiencia pública que la solicitud del gobierno para dar libertad al exparamilitar vulnera la Constitución colombiana porque “pretende generar el efecto práctico de un indulto sobre crímenes de guerra y lesa humanidad”.
El magistrado indicó que sobre Mancuso pesan 33 medidas de aseguramiento por imputaciones por 12 mil 600 casos de homicidio, 13 mil 900 de desplazamiento forzado, cinco mil 200 crímenes de guerra, dos mil 159 desapariciones forzadas y 813 agresiones sexuales.