Buenos Aires, enero 2.- Acostumbrados a gobiernos populistas durante los cuales el Estado subsidió desde el boleto de autobús a la electricidad en sus hogares, los argentinos no podrán evitar las consecuencias del plan de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei que, entre otras cosas, supone una drástica reducción de las subvenciones y el consecuente aumento de las tarifas.
El gobierno del economista ultraliberal que asumió el 10 de diciembre comenzó a aplicar una batería de medidas que buscan recortar el gasto para terminar con el déficit fiscal y contener una inflación de casi 161% anual que ha disparado la pobreza a más del 40%.
En este escenario adverso, la mayoría de los argentinos apostó por el líder de La Libertad Avanza en el balotaje presidencial de noviembre pese a su inexperiencia en la política, a la que llegó hace apenas dos años, y a sus propuestas de ajuste que había adelantado durante la campaña.
Sin embargo, ¿hasta dónde estarán dispuestos a ajustarse el cinturón y aceptar este cambio de paradigma tras dos décadas de populismo?
El plan ortodoxo de Milei supone, entre otras cosas, una devaluación del peso de más de 50%, el despido de empleados públicos, la suspensión de la obra pública y la reducción de los subsidios al transporte y a la energía.
En paralelo Milei firmó un decreto que desregula de forma radical la economía —fuertemente intervenida por el Estado— que ya ha generado las primeras reacciones en contra.
“Una cosa es hablar de la muerte y otra cosa morirse. Es probable que el discurso público diga ‘tenemos que ajustarnos, esto es insostenible’, pero después viene el ajuste y hay que ver si se tolera. Uno nunca puede proyectar cuánto dolor va a tolerar”, dijo a The Associated Press el analista Lucas Romero, director de la consultora Synopsis.
Producto del cóctel de políticas populistas de las dos últimas décadas tras el fracaso del modelo neoliberal de los años noventa, los argentinos se acostumbraron a que el Estado mantuviera la gratuidad en la salud y la educación y suministrara millones de dólares en subsidios para diversos sectores pisando las tarifas de los servicios de luz y gas, los precios de los medicamentos y el valor de la gasolina.
Pero el brazo protector del Estado tocó un límite cuando los gastos superaron ampliamente los ingresos y la emisión monetaria se convirtió en la herramienta para financiar esa política benefactora disparando la inflación, —la mayor preocupación de la ciudadanía según sondeos— y con ello la pobreza.
El cuadro se agravó con la contracción de la economía, en parte debido a la sequía que afecta al país desde 2021. En los últimos cinco años la moneda ha perdido cerca de 90% de su valor frente al dólar estadounidense y las reservas de divisas han menguado de forma preocupante. El país tiene una deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y la deuda externa del sector privado se situó en junio en algo más de 93.400 millones de dólares.
Conscientes de la magnitud de los problemas económicos, muchos argentinos apostaron por el líder de La Libertad Avanza con 56% de los votos, un respaldo que, sin embargo, podría diluirse fácilmente si el ajuste termina postrando a un país donde sectores de la clase media cayeron en la pobreza y los pobres en la indigencia y en el que la aceleración de los precios llevaría a fin de año la tasa de inflación a 200%, la más alta desde 1990.
Julia González, de 35 años, dijo confiar en Milei porque lo ve capaz de sacar adelante a Argentina, pero admitió que está preocupada por el impacto que tendrán en sus ingresos y los de su marido las medidas de recorte, particularmente la inminente suba del boleto del transporte. La pareja, que tiene una hija adolescente, alcanza a reunir unos 300.000 pesos al mes (362 dólares).
En Argentina el salario mínimo es de 156.000 pesos (unos 188 dólares) en un contexto de constante recalentamiento de los precios. Según las últimas cifras oficiales, en la inflación de 12,8% de noviembre una de las divisiones que más repercutió en el alza de los precios fue alimentos y bebidas no alcohólicas con 15,7%. En los últimos días los valores de esos productos se han disparado a raíz de la devaluación aplicada por el gobierno de Milei.