Ciudad de México, México, 7 de septiembre. El presidente Donald Trump ha prometido expulsar a millones de personas de Estados Unidos mediante el mayor programa de deportación de la historia estadounidense. No obstante, su agenda migratoria enfrenta diversas pruebas en los tribunales del país.
Por ejemplo, una corte federal de apelaciones dictaminó la semana pasada que el gobierno de Trump no puede usar una ley de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos, lo que probablemente llevará a un enfrentamiento en la Corte Suprema.
Varias de las políticas del presidente afectan a cientos de miles —si no es que a millones— de personas. Estos son algunos de los esfuerzos del gobierno de Trump que han sido objeto de escrutinio judicial:
Ley de Enemigos Extranjeros
El gobierno de Trump ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a personas acusadas de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, con el argumento de que se trata de una fuerza invasora.
El gobierno deportó a personas que designó como miembros a una prisión de mala reputación en El Salvador, y argumentó que los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación. La Ley de Enemigos Extranjeros solo se había utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas: la guerra anglo-estadounidense de 1812 y las dos guerras mundiales.
Más de 250 de los hombres deportados por Estados Unidos a El Salvador fueron devueltos a Venezuela a principios de este verano en un complejo acuerdo negociado entre los tres países. Sin embargo, el litigio sobre el asunto continúa.
En el fallo del martes de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, dos jueces de un panel de tres jueces coincidieron con los abogados defensores de los derechos de los inmigrantes y los jueces de tribunales inferiores que argumentaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no estaba destinada a ser utilizada contra pandillas como el Tren de Aragua.
Lee Gelernt, quien defendió el caso en nombre de la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, o ACLU), dijo que el fallo frenó “la opinión del gobierno de que puede simplemente declarar un estado de emergencia sin ninguna supervisión de los tribunales”.
Pero Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró que el presidente tiene la autoridad para “llevar a cabo operaciones de seguridad nacional en defensa de Estados Unidos y expulsar a terroristas”.
“Esperamos ser reivindicados en cuanto al fondo de este caso”, agregó.
Ciudadanía por nacimiento
El presidente Trump emitió una orden ejecutiva que intenta redefinir la ciudadanía por nacimiento bajo la 14ta Enmienda.
La Cláusula de Ciudadanía de la enmienda dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción estadounidense son ciudadanas. El gobierno de Trump afirma que un niño nacido en Estados Unidos no es ciudadano si la madre no tiene estatus migratorio legal o si se encuentra en el país con autorización, pero de manera temporal, y el padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.
Los estados que han demandado a causa de esta orden —Washington, Arizona, Illinois y Oregon— argumentan que ignora la redacción simple de la Cláusula de Ciudadanía, así como un caso histórico de ciudadanía por derecho de nacimiento de 1898. La Corte Suprema dictaminó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano por el hecho de haber nacido en suelo estadounidense.
Una corte federal de apelaciones de San Francisco falló a finales de julio que la orden de Trump es inconstitucional, y confirmó la decisión de un tribunal inferior en Nueva Hampshire que bloqueó su aplicación a nivel nacional.
Deportaciones a terceros países
El gobierno de Trump expulsa y envía a personas a países con los que no tienen vínculos, incluidos El Salvador, en Centroamérica, y Sudán del Sur, en África.
Funcionarios de Trump han afirmado que estos inmigrantes a menudo fueron condenados por delitos violentos o provienen de países que no los reciben de regreso. Grupos de defensa presentaron una demanda este año en la que argumentan que se violan los derechos de las personas al debido proceso, y que se envía a inmigrantes a países con un largo historial de violaciones de derechos humanos.
A finales de marzo, un juez federal bloqueó temporalmente las deportaciones de personas a terceros países sin antes concederles el argumentar que ello pondrá en peligro su seguridad. Sin embargo, en junio, una Corte Suprema dividida detuvo esa orden, lo que permitió la rápida expulsión de inmigrantes a naciones que no son sus países de origen.
Los abogados de cinco hombres que fueron deportados al país africano de Esuatini, en julio, informaron el martes que han permanecido en prisión durante siete semanas sin cargos ni acceso a asistencia legal.
Los abogados de uno de ellos, el jamaiquino Orville Etoria, dijeron que su país de origen estaba dispuesto a aceptarlo de regreso.