Quito, Mayo 17.-El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso disolvió el miércoles a la
Asamblea Nacional y puso fin así al juicio político que buscaba destituirlo, una decisión que recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas y cuestionamientos de la oposición, que de todos modos advirtió que la acatará.
Lasso ahora gobernará hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional y deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas. Los ganadores de esos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.
En una cadena de radio y televisión el mandatario aseguró que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno” y sostuvo que le disolución del Parlamento “es la mejor decisión posible”.
El artículo 148 de la constitución confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
Poco después Lasso anunció que firmó el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos y fortalecer la economía de 460.000 familias.
Hace casi una semana Lasso había enviado a la Asamblea el proyecto para reducir los impuestos a más del 99% de los contribuyentes, especialmente de clase media, los negocios populares y los discapacitados, con la cual el Estado dejará de recibir 195 millones de dólares que quedarán en manos de los ciudadanos.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, expresó en una conferencia su apoyo a la decisión del mandatario al sostener que se fundamenta en la constitución y, por tanto, “debe ser respetada”.
Proaño sostuvo que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen su posición de respeto a la constitución y las leyes pero advirtió que en caso de un intento de alteración del orden constitucional a través de la violencia ”actuaremos con firmeza en cumplimiento de nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos”.
La ahora ex asambleísta del partido opositor Unión por la Esperanza (UNES), Paola Cabezas, dijo a la red de televisión Ecuavisa que “acataremos el decreto, nos iremos a nuestras casas... ésta es una oportunidad para que salgamos de esta crisis y es la oportunidad para salir de este gobierno”. UNES fue el principal gestor del juicio político a Lasso.
El partido Social Cristiano, también protagonista del juicio a Lasso, expresó en un boletín que no hay causales para la disolución de la Asamblea y advirtió que hasta la elección del nuevo Legislativo, Lasso actuará sin respaldo popular, sin capacidad de maniobra y sin facultades íntegras de gobernar.
El abogado y constitucionalista Esteban Ron aseguró a The Associated Press que la medida, conocida como “muerte cruzada”, no es un escenario ideal para el presidente porque aunque no tendrá un contrapoder en la Asamblea “se activa el poder social” de diversos sectores opuestos a su gobierno.
La disolución se produjo en momentos en que la Asamblea, dominada por una coalición integrada por UNES del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachakutik llevaba adelante un juicio político para destituir a Lasso por supuesta malversación de fondos.