WASHINGTON, mayo 12.- El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que establece un plazo de 30 días para que las farmacéuticas reduzcan por voluntad propia el costo de los medicamentos recetados o enfrenten nuevas restricciones sobre lo que el gobierno pagará.
La orden solicita al departamento de salud, liderado por Robert F. Kennedy Jr., negociar nuevos precios para los medicamentos durante el próximo mes. Si no se alcanzan acuerdos, Kennedy tendrá la tarea de desarrollar una nueva norma que vincule el precio que el gobierno paga por los medicamentos a los precios más bajos pagados por otros países.
“Vamos a igualar”, declaró Trump durante una conferencia de prensa el lunes por la mañana. “Todos vamos a pagar lo mismo. Vamos a pagar lo que paga Europa”.
No está claro qué impacto —si es que hay alguno — tendrá la orden ejecutiva en los millones de estadounidenses que tienen seguro de salud privado. El gobierno federal es la entidad que más poder tiene en el precio que paga por los medicamentos cubiertos por los programas de asistencia pública a los ancianos (Medicare) y los pobres (Medicaid).
Trump prometió nuevos —pero inciertos— ahorros en los precios de los medicamentos, apenas unas horas después de que la Cámara de Representantes liderada por los republicanos presentara su nuevo plan para recortar 880.000 millones de dólares de Medicaid.
Los contribuyentes gastan cientos de miles de millones de dólares en medicamentos recetados, inyectables, transfusiones y otros medicamentos cada año a través de Medicare, que cubre a casi 70 millones de estadounidenses mayores. Medicaid, que proporciona atención médica casi gratuita a casi 80 millones de personas pobres y discapacitadas, también gasta decenas de miles de millones de dólares cada año en medicamentos.
El principal grupo de presión farmacéutica del país, que representa a los principales fabricantes de medicamentos de Estados Unidos, se opuso de inmediato a la orden de Trump, calificándola de un “mal negocio” para los pacientes estadounidenses. Los fabricantes de medicamentos han argumentado durante mucho tiempo que cualquier amenaza a sus ganancias podría afectar a la investigación que realizan para desarrollar nuevos medicamentos.