El presidente de Estados Unidos afirma que el combate al narcotráfico es un asunto de seguridad nacional para su país.
La situación diplomática, política y de estrategia en materia de defensa fronteriza entre los gobiernos de México y Estados Unidos se encuentra en focos rojos luego de la petición de extradición de diez altos funcionarios del gobierno de Sinaloa.
Mientras el Poder Ejecutivo mexicano pide pruebas contundentes sobre los presuntos delitos que cometieron los acusados, la Casa Blanca incluso comenzó a ofrecer una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a la captura del “prófugo” Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, señalado por tener supuestos vínculos con el narcotráfico.
Además, luego de la presentación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 por parte de Washington, se advierte que las peticiones de extradición a México y otros países serán “innegociables”.
En medio de todo, Sinaloa enfrenta una ola de violencia crítica: el arranque de mayo se caracterizó por un repunte en homicidios dolosos y una fuerte inestabilidad política debido a la solicitud de licencia de Rocha Moya.
La violencia se concentra principalmente en Culiacán, Elota y Mazatlán, donde se reportan enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras y hallazgo de cuerpos. Los reportes indican una persistencia en el uso de convoyes armados y tácticas de control territorial por parte de grupos delictivos.
En el estado sucede hasta lo impensable: el 6 de mayo pasado se registró un ataque armado directo contra un cortejo fúnebre en Culiacán, que dejó un saldo preliminar de al menos dos personas muertas y tres heridas.
Situación legal
Hasta el momento Rubén Rocha; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del estado, pidieron licencia temporal para separarse de sus cargos mientras son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) a petición del Departamento de Justicia norteamericano, por presuntos vínculos con la célula de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
Por su lado, Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena por Sinaloa, es el único de los cuatro funcionarios en activo señalados por el Departamento de Justicia que falta por solicitar licencia.
Rocha solicitó licencia temporal el 1 de mayo y el Congreso local aprobó su separación del cargo, lo que implica que perdió su fuero constitucional y puede ser investigado o detenido.
La licencia fue solicitada por más de 30 días, por lo que no equivale a una renuncia definitiva, pero diversos funcionarios del estado, el Poder Ejecutivo federal y medios de comunicación reportan que se desconoce su ubicación física.
El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó formalmente licencia el 1 de mayo. La petición fue aprobada por unanimidad en el cabildo del municipio en sesión extraordinaria. Su licencia es temporal y por un periodo inicial de más de diez días.
Gámez Mendívil declaró que se retira temporalmente para facilitar las investigaciones de la FGR y las autoridades estadunidenses, asegurando que siempre ha actuado con apego a la legalidad.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó el martes 5 de mayo que Dámaso Castro Zaavedra presentó igualmente solicitud de licencia sin goce de sueldo al cargo de vicefiscal general de la entidad.
De acuerdo con la misma fiscalía estatal, el funcionario aseguró que en caso de ser requerido por alguna institución legal acudirá a la cita.
El senador Enrique Inzunza Cázarez, a su vez, confirmó que no solicitará licencia a su cargo, luego de calificar como falsas y dolosas las acusaciones del Departamento de Justicia que lo vinculan con el narcotráfico.
Inzunza afirmó que enfrentará cualquier señalamiento, sin separarse de sus funciones, para defender su nombre y aseguró que acudirá ante las autoridades competentes en México si es requerido.
Pese a las acusaciones y su ausencia de la Comisión Permanente, continuará recibiendo su salario mensual: de acuerdo con la normativa del Congreso de la Unión las sanciones por inasistencias aplican únicamente durante los periodos ordinarios de sesiones, por lo que el legislador mantiene el cobro completo de su dieta.
Otros seis involucrados —Enrique Díaz Vega, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán— se encuentran “prófugos” y se desconoce su paradero, además de que la FGR no ha emitido una conclusión sobre si las personas involucradas cometieron o no delitos ni ha determinado aún si procede la detención provisional solicitada por Estados Unidos.
Estrategia
Frente a esta situación, la Casa Blanca reafirmó que como parte de su nueva estrategia de seguridad que clasifica a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y al fentanilo como un arma de destrucción masiva, el presidente Donald Trump intensifica su decisión de analizar una eventual intervención militar directa para combatir al crimen organizado bajo una consigna decidida: “Si México no hace su trabajo contra las drogas, nosotros lo haremos”.
El endurecimiento del discurso coincide con la reciente aprobación de la nueva táctica de seguridad que Washington presentó el lunes 4 de mayo. De hecho, la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 prioriza textualmente la neutralización de amenazas en el hemisferio occidental, con un enfoque central en desmantelar las operaciones de los cárteles de la droga.
Esta nueva estrategia condiciona el apoyo bilateral a las detenciones, procesos y extradiciones y advierte que utilizará “todas las herramientas diplomáticas, de inteligencia, militares y económicas disponibles contra los cárteles”.
De 195 páginas, el documento redefine la política antidrogas de la Unión Americana con un enfoque de seguridad nacional, en el que México es colocado como un actor principal tanto en la contención como en la propagación de la crisis de opioides sintéticos, particularmente el fentanilo.
La estrategia reconoce explícitamente el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México como un factor que fortalece a los cárteles y señala que interrumpir el tráfico de armas de fuego hacia el sur de ese país es un elemento crítico, ya que estas armas empoderan a las organizaciones criminales en su capacidad operativa y de control territorial.
Uno de los ejes del documento describe a México como el principal corredor de drogas hacia Estados Unidos, a través de una frontera terrestre de más de tres mil kilómetros y como el espacio donde operan con mayor fuerza los cárteles responsables de la producción y tráfico de fentanilo y metanfetamina.
Estas organizaciones —señala el documento— actúan con altos niveles de impunidad en partes del territorio mexicano, desafiando la autoridad del Estado y utilizando violencia extrema para controlar rutas de contrabando.
Dice que las investigaciones sobre el narcotráfico “constituyen la principal vía para mapear estas complejas redes criminales”, por lo que con esto se obtiene “la inteligencia y el acceso necesarios para atacar todas las demás facetas de estas organizaciones criminales, incluyendo sus altos mandos, redes financieras, brazos de transporte y logística, y los funcionarios corruptos que permiten sus operaciones”.
La estrategia establece obligaciones concretas para México en distintos frentes. “Esta asistencia estará condicionada a resultados tangibles, lo que incluye tomar las medidas adecuadas para arrestar, procesar y extraditar a los líderes criminales y para desmantelar los laboratorios de drogas sintéticas”.
Y se toca un punto central: “Las extradiciones son planteadas como un elemento principal e innegociable. La inteligencia compartida por parte de las agencias estadunidenses tendrá como objetivo directo ubicar, detener, extraditar y procesar a líderes criminales para desmantelar su operación global”.
Declaraciones
En este escenario se dio el reciente intercambio de declaraciones entre Washington y México por la petición de extradición de los diez altos funcionarios de Sinaloa el pasado 28 de abril.
Durante un discurso en la Casa Blanca, el 6 de mayo Trump estableció una serie de planteamientos sobre cómo su administración ha reducido en 97% la entrada de drogas por vía marítima y adelantó una escalada en las operaciones terrestres en países como México y Colombia.
“El ingreso de drogas por vía marítima ha disminuido y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, lo cual es mucho más sencillo. Oirán algunas quejas de gente en México y otros lugares, pero si no van a hacer su trabajo contra las drogas, nosotros lo haremos”, afirmó.
Con estas declaraciones Trump reveló que analiza lanzar acciones directas contra las organizaciones criminales mexicanas dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Por su lado, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, adelantó nuevas acusaciones contra políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado.
Luego de su participación en la Border Security Expo, que se lleva a cabo en Phoenix, Arizona, Blanche recordó las imputaciones que hizo públicas la Fiscalía del Distrito Sur en Nueva York contra los diez funcionarios sinaloenses.
“La semana pasada anunciamos que se han presentado cargos contra un exgobernador. Los casos surgen aquí, en Nueva York. Es algo que hemos hecho en el pasado y ciertamente continuaremos haciéndolo”, declaró.
Añadió: “Creo que ellos reconocen la importancia de su relación con nosotros y también que dicha relación no depende únicamente de la cooperación y el apoyo en el ámbito migratorio, sino también en el combate al narcotráfico y en cuestiones similares”.
Sobre si habrá más acusaciones formales, dijo: “Por supuesto que sí. De hecho, ya hemos acusado formalmente a múltiples funcionarios gubernamentales de México, incluyendo a un juez recientemente”.
Y comentó: “Así que es algo que continuará. Una de las consecuencias de haber traído a juicio aquí a muchos de los líderes de estos cárteles (mexicanos) es que muy probablemente algunos de ellos deseen cooperar, y esa cooperación podría derivar en cargos adicionales”.
Sebastian Gorka, asistente adjunto del presidente de EU y director sénior de contraterrorismo de la Casa Blanca, justificó la medida bajo un “cálculo simple”: el número de estadunidenses fallecidos por el tráfico de drogas ilícitas supera al de los militares caídos en conflictos globales desde la Segunda Guerra Mundial.
Este argumento fue utilizado por Gorka para dar prioridad a la neutralización de los cárteles de la droga, elevándolos al nivel de amenaza terrorista para la seguridad nacional.
Bajo esta lógica, Gorka detalló que la administración Trump buscará desarticular las capacidades de los cárteles hasta que no puedan introducir drogas o víctimas de trata en Estados Unidos. Además, justificó así eventuales acciones directas, incluyendo ataques por tierra.
Escenarios
La lectura que diversos especialistas hacen de las advertencias de Trump es que Estados Unidos tiene una lista muy larga sobre funcionarios, gobernadores, congresistas y expresidentes mexicanos, donde Sinaloa apenas es el principio de una serie de procesos de investigación y solicitudes de captura con fines de extradición.
Incluso, el viernes 8 de mayo Trump aseguró que Estados Unidos tiene un problema debido al hecho de que los cárteles del narcotráfico son quienes gobiernan en México, lo que ha permitido que a través de la frontera mexicana ingrese la mayor parte de las drogas ilegales a su país.
Para los especialistas, esta situación ha llevado a que la relación bilateral se encuentre en un punto crítico, donde la exigencia de pruebas por parte de México en contra de los diez funcionarios que se pide extraditar choca contra la ofensiva anticorrupción y antidrogas de la administración Trump.
A esto se suma que —según la cadena de televisión CBS News— el Departamento de Estado norteamericano iniciará una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en Estados Unidos, medida que podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar la posibilidad de ordenar el cierre de algunas oficinas diplomáticas.
Para estos conocedores de las relaciones bilaterales ya era predecible esta revisión, en un momento de crecientes tensiones bilaterales por la cooperación en materia de seguridad y la violencia de los cárteles, además de que forma parte de un esfuerzo más amplio para alinear la política exterior estadunidense con las prioridades de la Casa Blanca.
Y ante la advertencia de Trump de que su gobierno atacará al narcotráfico si México no lo hace, el gobierno mexicano afirmó que en México se está actuando y señaló que estas declaraciones del líder estadunidense no son nuevas, pues ya las ha manifestado en varias ocasiones.
Sobre la posibilidad de una llamada telefónica con Trump, dijo que se está en constante comunicación, pero insistió en que “no se va a permitir injerencia ni intervención; y menos en asuntos políticos”.