Ciudad de México, Mayo 6.- El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que con la implementación de las reformas en materia de justicia laboral la sociedad tendrá acceso a ésta de manera pronta, completa, imparcial e inclusiva desde el órgano judicial capitalino.
Al pronunciar un discurso en la inauguración del simposio virtual El nuevo sistema de justicia laboral en la Ciudad de México, que contó con la participación de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, enfatizó que la reforma servirá para lograr una sociedad más justa, y cuyo eje fundamental serán los derechos de las personas.
La funcionaria federal, en su oportunidad, recordó que la Ciudad de México forma parte del grupo de 11 entidades federativas cuyos poderes judiciales deberán asumir la impartición de justicia laboral en 2022.
Guerra Álvarez advirtió que la justicia laboral en la capital del país representa una responsabilidad jurídica, administrativa y académica de alta prioridad, pues recordó que se trata de la entidad que registra el mayor número de conflictos ante las autoridades de la materia, que, de acuerdo con Alcalde Luján, ascienden a 36 mil demandas individuales anuales, en promedio y 2 mil de carácter colectivo.
El también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, quien confió en que la operación y consolidación del nuevo sistema de justicia laboral tendrá un pronto fin, subrayó que el nuevo modelo debe ser dinámico como la sociedad a la que sirve, no sólo por la virtud de la justicia misma, sino por su gran prisma de efectos económicos, políticos y sociales.
Recordó que la justicia laboral actualmente atraviesa por una importante evolución desde hace algunos años, particularmente por lo que hace a las reformas constitucionales de 2017 y las relativas a la Ley Federal del Trabajo de 2019.
El magistrado informó que en su gestión al frente del PJCDMX, a través del Instituto de Estudios Judiciales, se han impartido más de 150 horas efectivas de actividades académicas presenciales y virtuales destinadas a desarrollar competencias esenciales para los impartidores de justicia