Ciudad de México, a 14 de marzo. Sandra Cuevas alcaldesa de Cuauhtémoc, obtuvo una suspensión temporal a su cargo acusada de privación ilegal de la libertad por presuntamente haber retenido a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Con esta ordenanza judicial, un juez de control pidió la suspensión temporal como titular de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Luego de una audiencia celebrada en el Reclusorio Norte, Cuevas informó que fue citada para el próximo jueves para comparecer de nuevo, mientras tanto le fueron suspendidos sus actividades como alcaldesa.
El impartidor de justicia, ordenó que la alcaldesa se presente periódicamente, así como la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
La defensa de Cuevas Nieves solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que la audiencia se reanudará este jueves.
“La jueza, todavía, sin tener mi declaración, sin tener una sola prueba fehaciente hoy me ordena tres cosas: no puedo salir del país sin autorización, tengo que venir a firmar cada bimestre hasta que se acabe el proceso y me suspende de mis actividades como alcaldesa hasta el jueves, que se lleve la audiencia definitiva; estoy tranquila”, dijo Cuevas al enterarse de la determinación del juez.
Cabe señalar que hace unos días, la FGJCDMX inició una investigación en contra de la alcaldesa por su presunta participación en el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad y robo en contra dos elementos de la SSC.
Postura FGJCDMX
La FJGDMX “reitera que desde el momento en que recibió la denuncia se ha conducido en apego a la Ley, además de que ha cumplido con todos los procedimientos legales, lo cual quedó de manifiesto al solicitar audiencia inicial sin detenido y sin órdenes de aprehensión, a efecto de no violentar ninguna de las garantías de las personas investigadas”, dijo Ulises Lara López vocero de la dependencia.
Como hemos señalado --dijo-- la en anteriores comunicaciones emitidas por esta Fiscalía, el Ministerio Público recibe la denuncia como la presenta el afectado pero es responsabilidad de la representación social generar la imputación de los delitos con base en pruebas e indicios, siendo en este caso, los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, por lo que el Ministerio Público no se ha retractado de ninguna acusación.
“La Fiscalía ha cumplido y respetado todos los procesos y derechos de cada una de las partes, como ha sido el hecho de que en dos ocasiones se difiriera la audiencia, a petición de la titular de la demarcación, por motivos de salud y por el cambio de defensa”, explicó Lara.
Mencionó que el jueves 24 de febrero, “la Fiscalía corrió traslado, es decir, hizo de conocimiento, la carpeta de investigación a todas las partes, particularmente a las defensas y asesorías jurídicas, tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que: El imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de investigación cuando sea citado para comparecer”.
Y aseguró: “Queremos ser enfáticos: La Fiscalía no lleva a cabo ninguna persecución política, simplemente cumple con la Ley, tal y como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo hemos dicho y lo reiteramos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo”.
Expuso que las personas imputadas gozan de las garantías de defensa y tienen el derecho a un juicio justo por parte del Poder Judicial, que es quien determina las medidas cautelares, fundado y motivado en datos de pruebas que la Fiscalía presentó.
“La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputen. Son las pruebas y solamente las pruebas. Es la evidencia la que soporta la acusación”, argumentó el vocero.