Al determinar que la disposición del Instituto Nacional Electoral para aplazar la realización de la consulta popular sobre la revocación de mandato puso en riesgo el ejercicio oportuno de los derechos políticos de la ciudadanía a decidir al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el acuerdo interno que el INE adoptó en ese sentido y le ordenó en cambio seguir adelante con el respectivo proceso.
Luego de admitir la controversia constitucional que presentó la Cámara de Diputados contra la decisión del instituto electoral para postergar el proceso de consulta, la SCJN determinó que el INE carece de facultades para ello.
De ahí la decisión de conceder la suspensión del acuerdo que para aplazar de manera indefinida la consulta aprobó el Consejo General del INE con el argumento de que carece de suficiente presupuesto, lo que de alguna manera presupone un fracaso calificado como “chantaje político” del organismo electoral.
De igual manera, la Cámara de Diputados continuó con acciones jurídicas y presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad por parte de algunos funcionarios del instituto electoral.
Al mismo tiempo Morena, el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, y defendiendo los derechos electorales de la organización política, impugnó también ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el aplazamiento decretado por el INE.
Canonjías
Analistas políticos afirman que la posición del INE no se justifica, considerando los sueldos millonarios de los consejeros electorales y el derroche que caracteriza a ciertos funcionarios del instituto.
De hecho, cabe recordar que para el año que termina los consejeros solicitaron recursos para percibir un sueldo anual de 4.3 millones de pesos y que más de 100 funcionarios del organismo obtienen percepciones superiores a las del presidente de la República.
En efecto, en el anteproyecto de presupuesto para 2021 que el INE envió a la Cámara de Diputados se estableció que el presidente del organismo, así como los otros diez consejeros, tendrían una “percepción bruta anual” de 4.3 millones de pesos.
Con ello nuevamente los consejeros electorales mantendrían un salario de casi el doble de lo que gana el presidente de la República quien, de acuerdo al anteproyecto, obtendrá una “percepción bruta anual” de 2.4 millones de pesos.
De hecho son más de 100 funcionarios (directores generales, coordinadores, jefes de unidad, vocales distritales) de diferentes “grupos jerárquicos” del instituto quienes tienen asignados sueldos que superan al que obtiene el primer mandatario.
Esto sin contar los recursos que se gastan en el pago de automóviles, asistentes, celulares y prestaciones como seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo o gratificación de fin de año, prima quincenal, seguro de vida institucional, seguro colectivo de retiro, seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de separación individualizado.
Punto de quiebre
Así las cosas, el 17 de diciembre el Consejo General del INE le echó gasolina al fuego al determinar por seis votos a favor y cinco en contra posponer temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato, que tiene como fecha de realización el 10 abril de 2022, argumentando insuficiencia presupuestal.
De hecho, el instituto presentó diez días antes una controversia constitucional ante el Poder Judicial contra el recorte de cuatro mil 913 millones de pesos en su presupuesto para 2022, que aprobó la Cámara de Diputados.
En este sentido la SCJN dio un revés al INE el 15 de diciembre, cuando el ministro Juan Luis González Alcántara resolvió que el árbitro electoral debe hacer los ajustes necesarios a su presupuesto para realizar la consulta de revocación del mandato. “Es improcedente la suspensión respecto de que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, así como que se exima al INE y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”, resolvió la SCJN.
De acuerdo con el INE, para la realización de la consulta requerirá alrededor de tres mil 830 millones de pesos, recursos que se utilizarían para el despliegue de más de 162 mil casillas, así como para la capacitación electoral de los voluntarios.
Contexto
De acuerdo con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no se trata de una suspensión del proceso o una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales, sino de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana.
El proceso se encuentra en la etapa de validación que aspira a alcanzar los 2.8 millones de firmas que representan 3% de la Lista Nominal de electores distribuidas en al menos 17 estados para la convocatoria legal a dicho proceso.
“A pesar de los esfuerzos que se hicieron en la adecuación presupuestaria, esta autoridad electoral apenas tendrá capacidad para fondear uno de cada tres pesos de lo que costaría ese ejercicio. Con el dinero que actualmente tiene el INE no se puede organizar y en esto hay que ser categóricos: no se puede realizar un ejercicio como la revocación de mandato en los términos establecidos por el legislativo federal en la ley de la materia”, aseveró Córdova.
En general, los consejeros que avalaron la dilación del ejercicio señalaron que realizar la consulta con el presupuesto actual pondría en riesgo la certeza y seguridad jurídica del ejercicio democrático y pondría en duda la veracidad de los resultados.
Los seis votos a favor del acuerdo de aplazamiento, en sesión extraordinaria del Consejo General, provinieron de los consejeros Ciro Murayama, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz, Beatriz Zavala Pérez y el consejero presidente, mientras que los cinco votos en contra fueron de Norma Irene de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Adriana Margarita Favela, José Martín Fernando Faz Mora y Carla Humphrey.
El INE señaló que tras los ajustes presupuestales cuenta con un presupuesto de mil 503 millones de pesos para la consulta, por lo que aún faltarían dos mil 554 millones de pesos para contar con las casillas necesarias en todo el país.
La pregunta avalada para la consulta es: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”
Por su lado, la consejera Claudia Zavala aseguró que el órgano electoral acatará cualquier instrucción que señale la Suprema Corte. “El acuerdo del Consejo General del INE es susceptible de ser impugnado. La SCJN tiene que hacer una revisión amplia del marco constitucional o el TEPJF. El INE hará lo que los tribunales determinen: estamos sometidos a sus determinaciones porque ese es el Estado de Derecho”, declaró.
La funcionaria indicó que el instituto hace y hará el ejercicio de participación ciudadana, por lo que únicamente se debe definir si el modelo bajo el cual se realiza puede o no apartarse de lo previsto por la Constitución y la ley.
Revire
En respuesta, la Cámara de Diputados presentó de manera formal una demanda de controversia constitucional contra la determinación del INE de posponer por falta de recursos el ejercicio de revocación de mandato.
Firmó el recurso legal el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y lo interpuso el representante jurídico de San Lázaro, Genaro Vázquez.
“Con las facultades que me confiere la ley como presidente de la Cámara de Diputados he presentado una controversia constitucional ante la SCJN contra el acuerdo emitido por el INE, en el que suspendió el ejercicio democrático de revocación de mandato”, explicó el legislador de Morena.
Al respecto, la Comisión de Receso de la SCJN, que integran las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, admitió a trámite la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados contra el acuerdo del INE y concedió la suspensión que solicitaron diputados de Morena, PT y PVEM para que dicho acuerdo no surta efecto.
Por lo tanto, el INE debe cumplir con el proceso estipulado en la Constitución y los tiempos establecidos en la Ley Federal de Revocación de Mandato para organizar la consulta popular.
El comunicado de la SCJN del 22 de diciembre señala: “La Comisión de Receso de la Suprema Corte, correspondiente al segundo periodo de sesiones de 2021, acordó admitir a trámite la controversia constitucional 224/2021 promovida por la Cámara de Diputados contra el acuerdo aprobado por el INE en el que determinó posponer la realización del proceso de revocación de mandato 2021-2022.
“Con la admisión se determinó conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República y, en consecuencia, continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos, el cual constituye un indicador de viabilidad financiera.
“Con la concesión de la suspensión se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano. Además, el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato.
“Finalmente, cabe señalar que la Comisión de Receso advirtió lo determinado en el incidente de suspensión derivado de la diversa controversia constitucional 209/2021, en la cual el ministro instructor sostuvo que resultaba improcedente conceder al INE la suspensión para el efecto de que no realizara ajustes a su presupuesto como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, de manera que sería un contrasentido que lo que no obtuvo el INE en dicha controversia 209/2021, este organismo lo decrete por su cuenta”.
Ante la FGR y el TEPJF
La Cámara de Diputados presentó también una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad por parte de algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, entregó una queja ante el Órgano Interno de Control del INE por probables irregularidades y faltas administrativas en las que pudieron haber incurrido algunos servidores públicos del organismo nacional autónomo.
De esta forma y por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, la Cámara de Diputados continuó con el despliegue de acciones jurídicas en defensa de sus facultades y del marco legal.
Morena, por su parte, en su carácter de partido político impugnó el aplazamiento de la consulta de revocación de mandato ante el Tribunal Electoral para que detenga “esta ostensible violación constitucional y a la legislación en la materia”.
El diputado Mario Rafael Llergo, y representante de Morena ante el Consejo General del INE, puntualizó que su partido “no permitirá el atropello a la Constitución. Estamos combatiendo de manera pacífica y legal hasta sus últimas consecuencias los intentos de los consejeros por evitar la realización de este histórico ejercicio democrático de participación ciudadana”.
Llergo aseveró que la presunta insuficiencia presupuestal del INE radica en que no ha realizado todos los esfuerzos de austeridad que debería y agregó que el instituto recibió 500 millones de pesos de forma extraordinaria por concepto de los convenios realizados con los órganos electorales locales; tienen 530 millones de pesos de una bolsa destinada a su retiro; hay 830 millones de pesos por concepto del fondo de infraestructura inmobiliaria; además, 306 millones de pesos para el seguro de separación, entre otros recursos.
El legislador morenista dijo que el acuerdo de suspensión forma parte de una sistemática determinación de consejeros del INE por obstaculizar la realización de ese ejercicio, como ya ocurrió en un primer momento cuando se rehusaron a abrir la recepción de apoyos en papel para promover la consulta, decisión que revocó el TEPJF.
Respecto de la posibilidad de que se pudiera ordenar realizar el ejercicio con un menor número de casillas que las establecidas en la ley (alrededor de 161 mil, que equivalen a las que se instalaron en la elección presidencial de 2018), dijo que Morena acatará en sus términos las determinaciones de los magistrados.
Etapa del proceso
Tras el levantamiento de firmas cuyo plazo era el 25 de diciembre se procederá a su verificación, ejercicio que inicia el 26 de diciembre y concluirá a más tardar el 3 de febrero de 2022.
Al cierre de esta edición la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores había validado más de un millón 44 mil 630 firmas recabadas a través de la App, de las dos millones 758 mil requeridas para la consulta de revocación de mandato. La convocatoria para la consulta debe ser emitida a más tardar el 4 de febrero.
La consejera Carla Humphrey expresó que en su opinión el acuerdo del INE pone en incertidumbre ese ejercicio democrático, toda vez que no existe certeza legal ni jurídica de cuándo estará la SCJN en condiciones de resolver la controversia constitucional. En cambio, dijo, de lo que sí hay certeza es de que la Constitución y por ende la legislación secundaria respectiva obligan al INE a realizar el ejercicio de revocación de mandato.
En tanto, varios gobernadores en su mayoría emanados de Morena y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusaron que la decisión del INE atenta contra lo dispuesto por la Suprema Corte y los derechos políticos consagrados en la Constitución y pidieron a los consejeros del organismo electoral reconsiderar su fallo.
“Rechazamos los argumentos que buscan impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de los mexicanos. La decisión del Consejo General del INE no solo va en contra de lo dispuesto por la SCJN, sino que atenta contra derechos políticos consagrados en la Constitución”, sentenciaron.
“La lucha por la democracia participativa tiene muchos años y tiene implicaciones que van más allá de quienes ostentamos un cargo público. Lo que está en juego no es el resultado de una consulta en específico: lo que está en juego es si los mexicanos tenemos derecho a ser tomados en cuenta para las decisiones trascendentales de nuestra patria”, agregaron.
El documento al respecto lo firman Sheinbaum y los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Morelos y San Luis Potosí.
Sheinbaum calificó como pretexto el argumento del INE para suspender el ejercicio y propuso como solución “implementar una política de austeridad republicana” para obtener recursos para la consulta.
En su oportunidad, el canciller Marcelo Ebrard externó que “posponer la revocación de mandato busca evitar que en esa consulta se confirme la alta aprobación al presidente López Obrador. Prevalece un cálculo político. El discurso desde el INE de defender la democracia se desmorona. Ojalá recapaciten”.
A su vez, el senador Ricardo Monreal advirtió que el INE no puede alegar falta de recursos para incumplir con sus obligaciones constitucionales y menos cambiar las fechas que la ley señala para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, porque incurre así en una falta grave al usurpar funciones del Poder Legislativo.
El coordinador de Morena en el Senado añadió que el INE tiene recursos de sobra y puede reducir su presupuesto y generar ahorros con la disminución de salarios, la eliminación de viajes al extranjero y al interior de la República, evitar los excesos y la contratación en demasía de asesores.
Monreal Ávila insistió en que el INE se extralimitó en sus facultades y violó el principio de legalidad porque no hay un solo artículo de la ley que le permita aplazar este ejercicio de participación ciudadana.
Además, calificó como muy arriesgada y cerrada la decisión del Consejo General del INE para no dialogar con el Ejecutivo federal, con el secretario de Gobernación o el titular de la Secretaría de Hacienda antes de haber tomado la decisión de aplazar el ejercicio.
Pese a ello, afirmó que hay que buscar el diálogo e intentar conciliar para que uno y otro cedan porque “estoy seguro de que el instituto sí tiene recursos y personal de sobra, dado que no hay elecciones y los consejeros pueden ahorrar con la eliminación de sus excesos, prebendas y privilegios, para que este dinero pueda utilizarse en la organización de la consulta”.
El legislador sostuvo que también se requiere de un esfuerzo de la Secretaría de Hacienda, pero no con cambios al presupuesto porque no se puede hacer dado que es un acto consumado, un ejercicio de plena autonomía de la Cámara de Diputados, y tampoco se podría convocar a un periodo extraordinario como lo solicita la oposición solo para ese propósito. “No lo prevé la ley y no hay forma de que se altere el presupuesto como se aprobó”.
Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo que la determinación del órgano autónomo es un fraude a la ley y un atentado a la democracia, “cometido por una camarilla de consejeros que una vez más demuestran sumisión a intereses ajenos al mandato constitucional”.
Poder Ejecutivo
El presidente López Obrador también se pronunció sobre el tema y expresó que se deben celebrar las noticias que se consideran buenas. “Me gustó la resolución de la Suprema Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato. Aunque tampoco concluye el litigio, pero fue muy importante que las dos ministras hayan ordenado o hayan exhortado al instituto electoral que continúe con el proceso”.
Añadió que fue una muy buena decisión porque no se debe obstaculizar la democracia y no se debe violar la Constitución.
“Uno tiene que hacer valer los derechos democráticos: el derecho a elegir libremente a elecciones limpias, elecciones libres, sufragio efectivo, voto efectivo; que efectivamente sea el pueblo el que elija al gobernante. Eso con relación a la democracia participativa y seguir no solo con la democracia representativa, no solo elegir”, indicó el mandatario.
Remarcó, como en múltiples ocasiones lo ha hecho, que el pueblo es el soberano en la democracia: “El pueblo manda; y así como el pueblo pone el pueblo quita; y por eso es importante la revocación de mandato”.
Previamente el jefe del Ejecutivo federal, tras lamentar la decisión del INE, afirmó que “vivíamos en un sistema político caracterizado por la simulación; se hablaba de democracia en el discurso, pero en los hechos predominaban las actitudes antidemocráticas y esto es lo que se está exhibiendo”.
López Obrador subrayó que “afortunadamente” existen otras instancias para dirimir las diferencias, que son el TEPJF y la SCJN. “No importa que se demore el proceso. Lo interesante, lo trascendente es que se lleve a cabo para que se pueda establecer el precedente, para que podamos hablar de democracia participativa y sea el pueblo el que en todo momento, como establece la Constitución, tenga el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es un principio democrático básico”.
El presidente señaló que la revocación de mandato, la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, son parte esencial de la democracia y reiteró que es penoso que el órgano electoral en nuestro país en vez de dar facilidades se oponga.
Recordó que el INE tiene un presupuesto de 13 mil millones de pesos y debe tener recursos, porque el presupuesto prevé fondos para elecciones y consulta. “Todos los consejeros y el presidente del INE ganan el doble de lo que yo gano y tienen muchísimas prestaciones, aguinaldos y muchas prebendas, porque se ampararon cuando se aprobó la ley de que nadie ganara más que el presidente de la República; ellos se ampararon y siguen ganando mucho dinero”.
Dijo que lo de menos es si tienen o no dinero, si van a poner suficientes o pocas casillas: el tema de fondo es que se debe establecer el precedente histórico. “Lo quieran o no, el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación del mandato. Y ojalá y esto se aplique en todos los niveles para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que siempre el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos. La democracia no puede estar secuestrada, no puede estar supeditada a ningún aparato burocrático, a ningún grupo”.
López Obrador insistió en que si así lo considera la ciudadanía con su voto, él permanecerá en el cargo hasta septiembre del 2024. “En mi caso hasta ahí voy a llegar; me voy a jubilar. Ya he dicho que no vuelvo a participar en actividades políticas, ni en conferencias, ni en ningún acto público, ni en ningún homenaje”.
Costo de la consulta
Según el Instituto Nacional Electoral se requieren tres mil 800 millones de pesos para realizar el ejercicio.
Mil 471 millones de pesos para la instalación de 161 mil 490 mesas receptoras, la impresión de materiales y la adquisición de tinta indeleble y crayones, entre otros insumos.
Mil 212 millones 300 mil pesos para la contratación de 32 mil 451 capacitadores electorales, cinco mil 450 supervisores electorales, así como personal técnico para visitar a doce millones de personas sorteadas y capacitar a 807 mil 450 funcionarios de casilla.
Para la operación de campo, para convocar y capacitar a la ciudadanía, se requieren 573 millones de pesos (incluye servicios de telefonía, materiales de capacitación, uniformes, combustible y materiales de higiene y desinfección).
Otros 502.4 millones de pesos se canalizarán a apoyos administrativos, arrendamiento de plantas de emergencia, contratación de apoyos administrativos y compensaciones.
Para la impresión de la lista nominal de electores, sistema de conteo rápido y participación de mexicanos en el extranjero se necesitan 31.8 millones de pesos.
Otros 4.1 millones de pesos para el desarrollo de más de 20 sistemas para capacitación y organización, seguimiento a la jornada electoral y resultados electorales
Para el monitoreo de propaganda y encuestas en medios impresos en las 32 entidades del país se requieren 3.3 millones de pesos.
La verificación de firmas de apoyo al ejercicio de revocación de mandato costará tres millones 100 mil pesos.
Se requieren 1.7 millones de pesos para la atención a visitantes extranjeros que participarán en la observación electoral.
Fuente: INE