Para el analista José Casar, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el desempleo que hoy vive el país es apenas el inicio de la pesadilla que le espera a México.
Colaborador del libro Cambiar el rumbo: el desarrollo tras la pandemia, volumen coordinado por Rolando Cordera y Enrique Provencio, publicado para descarga gratuita por la UNAM, Casar detalla que el gobierno apuesta a que esta es una crisis temporal y que rebotará muy rápido.
“No veo una modificación en la orientación de la política macroeconómica; en cambio, se reafirma la estrategia de no incrementar la deuda y el gasto público”, puntualiza el académico.
Contexto
Los resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son poco alentadores: la Tasa de Participación en la fuerza de trabajo en abril de 2020 fue de 47.5% respecto de la población de 15 años y más, cifra inferior en 12.3 puntos porcentuales a la de marzo del mismo año.
Esta disminución representa una variación a la baja de doce millones de personas económicamente activas, principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena.
La ETOE apunta que la población subocupada, es decir, aquella que tiene necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo, pasó de 5.1 millones de personas en marzo de 2020 a once millones en abril del mismo año, equivalente a una tasa de subocupación de 25.45%, esto es, 16.3 puntos porcentuales más respecto de marzo.
En tanto, la cifra de quienes carecen de empleo y realizaron acciones para buscarlo en abril de 2020 se estimó en 2.1 millones de personas, lo que supone 4.7% de la Población Económicamente Activa, tasa superior en 1.8 puntos porcentuales respecto de marzo de este año.
Asimismo las personas fuera de la Población Económicamente Activa que reportan disponibilidad laboral, pero sin buscar activamente un empleo, más que se triplicaron al pasar de 5.9 millones a 20 millones de personas en el mismo periodo.
Por último, el estudio del INEGI detalla que la Tasa de Informalidad Laboral se situó́ en 47.7%, cifra menor en 8.0 puntos porcentuales comparada con la del mes previo. La población informal salió́ del mercado de trabajo siendo ahora población no económicamente activa con disponibilidad para trabajar.
En respuesta a las cifras del INEGI el gobierno federal, vía el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, advierten que será́ en junio cuando la crisis tocará fondo. No obstante esperan que la economía nacional salga pronto del bache.
Herrera prevé́ que la recuperación sea “probablemente rápida, pero asimétrica; es decir, va a ser importante pero no a la misma velocidad a la que cayó”.
El titular de la SHCP ha declarado que se llevan a cabo cuatro acciones para acelerar la recuperación económica. Primero, indicó que se acelera el gasto público que se tenía programado para octubre y noviembre de este año, “a fin de que tenga un impacto directo en la economía y lo estamos acelerando en proyectos que se traduzcan en mayor empleo e inversión, como el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas”.
También, expuso, se apoya a las autoridades financieras para que puedan dar préstamos a las empresas que enfrenten una situación complicada por la crisis del Covid-19.
Como tercer y cuarto punto señaló́ que la dependencia se enfoca en los sectores de la construcción y el comercio exterior debido a que implican industrias ligadas a Estados Unidos.
Daño a los pobres
Pero José́ Casar no ve ningún elemento que dé razón a las autoridades: “Creo que terminaremos con más deuda como porcentaje del PIB por la reducción del PIB y sin haber paliado la caída de la actividad económica”.
Explica el académico que la crisis “nos agarró mal parados y con fuertes caídas en la inversión desde la segunda mitad de 2018. El año pasado las exportaciones y el ligero aumento del consumo privado producto del crecimiento de los salarios mínimos nos mantuvieron a flote”.
Además, comenta, hay una contención del gasto público, “lo que en consecuencia nos ha llevado a tener cuatro trimestres seguidos con decrecimiento”.
El economista asevera que después de las cifras del primer trimestre del año “estamos claramente en una recesión y todo apunta a que la caída del segundo trimestre será dramática”.
Destaca que entre abril y mayo hubo doce millones de personas que dejaron de trabajar y buscar empleo. “Se cayó la participación de la población en la fuerza de trabajo de manera brutal, lo que no sucedió en la crisis de 2008 – 2009. Solo en abril, 10.3 millones de empleados y trabajadores por cuenta propia informales dejaron de trabajar y se quedaron sin ingresos. A ello sumemos que la encuesta reporta la pérdida de 2.1 millones de empleos formales, y agreguemos 5.9 millones de personas que, si bien continúan trabajando, pasaron a la condición de subocupados con la consecuente pérdida de ingresos. El costo de esta recesión en términos de vulnerabilidad y sufrimiento es enorme. Hablamos de 18.3 millones de personas en una Población Económicamente Activa que, en marzo, era de 57.4 millones. Es algo dramático: casi una de cada tres personas perdieron el empleo o lo vieron reducido sustancialmente”. Respecto de las medidas implementadas por el gobierno federal, José Casar cuestiona que sus tres grandes proyectos (Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles) sean “suficientes para afrontar el problema que tenemos enfrente. La inversión pública del año pasado y este son las más bajas en términos históricos. Hay una depresión de la inversión, pública y privada, que no tiene paralelo desde la década de los ochenta”.
Si bien sostiene que el Banco de México ha tomado medidas importantes, la política monetaria no alcanza para afrontar la crisis y difícilmente sustituirá́ el impacto que podría tener la expansión fiscal. “Ha instrumentado acciones novedosas para mantener la liquidez de los mercados financieros, lo cual es correcto y oportuno. Además abrió́ la posibilidad de fondear préstamos de la banca privada a pequeñas y medianas empresas por una cantidad de dinero importante, pero cuando tienes tasas de 5.5% esos fondos difícilmente se demandarán en su totalidad”.
Casar sostiene que el esquema promovido por las autoridades no favorece a los pobres: “Son ellos precisamente quienes se han quedado sin ingreso; de mantener el mismo presupuesto del año pasado no veo cómo se paliará una crisis que no estaba prevista cuando se diseñó dicho presupuesto”.
Autor del artículo Contumacia en la política macroeconómica, el especialista repara en la falta de reflejos del gobierno federal ante la crisis generada por la pandemia. “Se tendría que buscar una manera de expandir el gasto y apoyar a quienes se quedan sin ingreso.
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Poner a los pobres por delante implica crear un programa de transferencias directas y temporales. Desde luego que eso implica deuda pública y en el largo plazo habrá que ver cómo se refinancia esa deuda por medio de la recaudación y una reforma fiscal. No obstante en el corto plazo lo urgente es sacar adelante a los millones de familias que están en una situación angustiante”.
En relación a los pronósticos del gobierno federal, Casar se cuestiona: “¿Cómo va a rebotar la economía? Algo podemos esperar de las exportaciones y eso en caso de que tenga un rebote rápido la economía de Estados Unidos pero, ¿y el resto?, ¿qué nos hace pensar que así será? ¿Quién va invertir si hay una economía en picada? ¿De dónde vendrá́ el estímulo sin cambiar el esquema de la política económica?”
Reconoce que el confinamiento y el paro económico son medidas adecuadas para detener la pandemia; no obstante tienen costos, como son la pérdida de empleo e ingresos para mucha gente. Los afectados por el quiebre de las empresas y los integrantes del sector informal son quienes están pagando un beneficio que es de todos. “¿Por qué la salud de todos la tienen que pagar unos cuantos? Por eso es justificable que repartamos el costo entre todos. Y eso implica conseguir créditos para apoyar a quienes perdieron sus ingresos y después pagarlos entre todos vía impuestos”.
Concluye que no tiene sentido mantener el esquema cuando las circunstancias cambian de manera tan violenta. “Mientras más se tarde en cambiar, más grande será el daño y más difícil será echar a andar las cosas”.