Ciudad de México, a 8 de julio. La transformación de la movilidad en México exige que la legislación evolucione al mismo ritmo que las nuevas formas de desplazamiento de millones de personas. Con ese objetivo, la presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte de la Cámara de Diputados, Patricia Mercado, anunció que, durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre, será presentada una iniciativa para actualizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en materia de motocicletas y movilidad personal.
El anuncio se realizó durante una mesa de trabajo sostenida con representantes del sector del transporte urbano, entre ellos directivos de Grupo CISA, de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), organizaciones empresariales y autoridades vinculadas con la movilidad, quienes coincidieron en la necesidad de construir una regulación que responda a la realidad que hoy enfrentan las ciudades mexicanas.
Durante el encuentro se planteó que el crecimiento sostenido de las motocicletas constituye uno de los fenómenos urbanos más relevantes de la última década y que su regulación debe formar parte de una estrategia integral que fortalezca la seguridad vial, ordene la convivencia entre los distintos modos de transporte y, al mismo tiempo, recupere la competitividad del transporte público como eje estructurador de la movilidad, por lo que buscará armonizar los reglamentos de tránsito en las entidades federativas, con reglas homogéneas para todo el país.
Los participantes señalaron que este fenómeno también refleja la necesidad de fortalecer la competitividad del transporte público como eje estructurador de la movilidad en las ciudades y coincidieron en que las futuras reformas deberán incentivar sistemas de transporte más eficientes, seguros y atractivos para los usuarios, al tiempo que establezcan reglas claras para las nuevas formas de movilidad.
Patricia Mercado explicó que la iniciativa parte del reconocimiento de que la motocicleta se ha convertido en un medio de transporte indispensable para millones de mexicanos y que, por ello, el objetivo no es criminalizar a sus usuarios, sino establecer reglas claras, fortalecer la seguridad vial y garantizar una aplicación más efectiva de la ley. Bajo esa lógica, precisó, las sanciones deberán dirigirse a las conductas que ponen en riesgo la vida de las personas y no al vehículo en sí mismo.
Recordó que en México circulan alrededor de 10 millones de motocicletas y que los hechos de tránsito asociados a este medio de transporte han aumentado de manera importante en los últimos años, lo que hace indispensable fortalecer el marco regulatorio para prevenir accidentes y salvar vidas.
Como parte del diálogo, confirmó que la iniciativa sobre motocicletas y movilidad personal abrirá una discusión nacional que se extenderá durante el segundo semestre del año, y adelantó que el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación incorporará, por primera vez, un anexo transversal que permitirá identificar y dar seguimiento a los recursos destinados al derecho a la movilidad.
En ese contexto, Adrián Escamilla, director ejecutivo de Grupo CISA, señaló que la regulación de las motocicletas constituye un paso necesario, aunque el verdadero desafío consiste en recuperar al transporte público como la columna vertebral de la movilidad urbana mediante políticas públicas que lo hagan más eficiente, seguro y atractivo para los usuarios. "Las mejores leyes son aquellas que nacen del conocimiento técnico, del consenso y de la realidad que viven las ciudades", afirmó.
Por su parte, Nicolás Rosales, presidente de la AMTM, indicó que el encuentro confirma el interés compartido entre autoridades y operadores por avanzar hacia un marco normativo capaz de responder a los nuevos desafíos de la movilidad en México, colocando al transporte público como un elemento estratégico para mejorar la calidad de vida, la seguridad vial y el desarrollo sostenible de las ciudades.
Los representantes del transporte público expusieron diversos retos que enfrenta actualmente el sector, entre ellos la necesidad de fortalecer la infraestructura exclusiva para el transporte colectivo, generar mecanismos de financiamiento que permitan acelerar la modernización de las flotas, mejorar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno e incorporar la experiencia de los operadores en la construcción de las políticas públicas.
Además, acordaron establecer un mecanismo permanente de comunicación entre la Comisión de Movilidad y Transporte con las organizaciones representativas del sector, para enriquecer las iniciativas legislativas y fortalecer la participación de quienes operan diariamente los sistemas de transporte público en el país.
A la reunión también asistieron Alejandro Luna, dirigente de Movilidad de Vanguardia (Mova); Mario Hernández, del Consejo Nacional de Transporte Urbano de la República Mexicana (Coturmex); Daniel Villaseñor, de la Federación de Transportistas del estado de Guanajuato, y Francisco Martínez, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del ayuntamiento de Morelia.