San Remo, Italia, 4 de octubre de 2025. Se estima que, en 2024, más de 248 mil hogares se vieron forzados a cambiar de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en México, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024. Organizaciones como el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana estiman entre 26 mil y 28mil las personas desplazadas internas en 2024 debido a eventos masivos por violencia.
Cinco estados de la República Mexicana cuentan con leyes específicas sobre desplazamiento interno: Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y, más recientemente, Oaxaca. La ley de Oaxaca destaca por haber sido elaborada mediante un proceso participativo que incorporó las voces de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de personas desplazadas internas.
Además, existen cuatro espacios de coordinación interinstitucional sobre desplazamiento interno en Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa. En Chihuahua se aprobó un Protocolo de Atención Emergente para Personas Desplazadas Internas, mientras que, el municipio de Apatzingán, Michoacán, cuenta con el primer reglamento específico de respuesta a emergencias de desplazamiento interno. Estos avances reflejan el compromiso de diversas entidades federativas por fortalecer la protección y atención de las personas desplazadas en México.
Los Gobiernos de Oaxaca y Michoacán formaron parte del tercer Foro Interregional sobre aplicación de legislación y políticas públicas relacionadas con el desplazamiento interno, realizado en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo (Italia), del 1 al 3 de octubre. Allí compartieron experiencias con autoridades locales de Colombia, Etiopía, Honduras, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Somalia y Ucrania.
El encuentro, organizado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los desplazados internos y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), analizó las conexiones entre las políticas municipales y nacionales en la atención y protección a las personas desplazadas internas.
“Este foro sirve como mecanismo de intercambio de experiencias acerca de cómo abordar el desplazamiento interno. Las autoridades locales son, a menudo, quienes primero dan una respuesta ante los desplazamientos”, aseguró Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de los desplazados internos. “Las comunidades desplazadas tienen habilidades, creatividad y ganas de aportar. De hecho, ya están contribuyendo a la economía, la cultura y el tejido social de las ciudades que los acogen”, añadió.
Giovanni Lepri, Representante de ACNUR en México, celebró la participación de las autoridades municipales mexicanas: “Los estados de Michoacán y Oaxaca han realizado avances significativos en la protección de las personas desplazadas internas. Su participación en este Foro es sumamente relevante, pues podrán compartir experiencias y aprender de sus pares en otras ciudades del mundo que también hacen frente al desplazamiento interno”, mencionó.
El foro contó con presentaciones magistrales, sesiones de trabajo grupal y plenarias para el diálogo entre los participantes. Las sesiones fueron facilitadas por el Grupo de Expertos en Protección de Desplazados Internos (IPEG, por sus siglas en inglés), representantes de ACNUR y otras instituciones.
“Participar en este foro internacional es una oportunidad invaluable para fortalecer la cooperación global frente al desplazamiento interno. Con voluntad, en Michoacán hemos podido abrir espacios de diálogo, crear puentes de cooperación y avanzar en soluciones que pongan al ser humano en el centro de la respuesta”, afirmó Estefanía Chávez Gutiérrez, Titular de la Unidad para la Atención de los Migrantes y sus Familias.
Para la representación del Gobierno de Oaxaca, el foro es una oportunidad para compartir y aprender de experiencias de otros países, sobre todo de aquellos donde la población en situación de desplazamiento interno es indígena o afrodescendiente.
“La Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, aprobada recientemente en Oaxaca, representa un gran avance, no solo porque reconoce la existencia del desplazamiento, sino por la forma en la que fue construida. Su aplicación representa grandes retos para el gobierno, específicamente cuando hablamos de los procesos de retorno y justicia”, señaló Flor Estela Hernández Morales, Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca.