Roxana Guzmán y Ángel López, víctimas recientes: él fue asesinado y, al cierre de esta edición, ella continúa secuestrada.
México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo independiente según establecen los constantes reportes que presentan organizaciones nacionales e internacionales enfocadas en la defensa de la libertad de expresión y los cuales tienen como fuente de información, principalmente, los datos publicados por las propias autoridades (denuncias y carpetas de investigación).
Hace apenas unas semanas (2 de junio) fue privada de su libertad la periodista Roxana Guzmán Ramírez cuando se encontraba en su domicilio, en el estado de Veracruz; y unos días después (9 de junio) fue asesinado el periodista Ángel López Valdez en esa misma entidad, que en el último cuarto de siglo suma 32 comunicadores ultimados —con posible vínculo a su labor— y al menos seis desaparecidos.
Preocupación
Justo en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) y del Día de la Libertad de Expresión en nuestro país (7 de junio), Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo Sureste, fue sustraída de su domicilio por personas armadas. El hecho, ocurrido el pasado 2 de junio en Nanchital, Veracruz, quedó registrado en un video que circuló en medios de comunicación y redes sociales.
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) fue de las primeras organizaciones en pronunciarse: “Manifestamos profunda preocupación ante la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste en Nanchital, Veracruz. Las autoridades deben actuar con la máxima diligencia y transparencia hasta dar con el paradero de Roxana, señaló.
Además, “solicitamos la intervención inmediata y acompañamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de garantizar una investigación efectiva, coordinada y con perspectiva de género, acciones efectivas para su localización con vida y la protección de su entorno cercano”.
La Alianza de Medios (que agrupa más de mil 300 cadenas de televisión, estaciones de radio y medios impresos del país) se sumó a la denuncia por la desaparición de la periodista y secundó la exigencia a las autoridades para resolver el problema.
La noticia, como es habitual, llegó a medios de comunicación y organizaciones de otros países. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que agrupa cadenas de televisión y estaciones de radio del continente americano, igual realizó un pronunciamiento.
Desde Montevideo, Uruguay, la organización emitió un comunicado y pidió a sus más de 17 mil afiliados en América que replicaran la denuncia: “La Asociación Internacional de Radiodifusión expresa su profunda preocupación y condena el secuestro de la periodista mexicana Roxana Guzmán, ocurrido en Veracruz”.
La AIR “recuerda que toda agresión, amenaza, desaparición o acto de violencia contra periodistas constituye una grave afectación a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a recibir información libre e independiente”.
A su vez, Artur Romeu, director de la organización Reporteros sin Frontera (RSF) en América Latina, expresó: “El secuestro de Guzmán Ramírez por hombres fuertemente armados es un crimen extremadamente grave que exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades mexicanas”.
RSF apuntó que “Veracruz ha sido durante mucho tiempo uno de los estados más peligrosos de México para los periodistas. El secuestro de Roxana ocurre en un contexto de violencia persistente contra la prensa, particularmente contra periodistas locales que cubren temas de seguridad, política municipal y reclamos ciudadanos”.
México, añadió, “ocupa el puesto 122 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF”, que lo sitúa al nivel de dictaduras como Corea del Norte, Nicaragua, Cuba y otras naciones africanas y asiáticas donde no se respetan las libertades individuales.
Luto en el gremio
Tan solo una semana después del secuestro de Guzmán, otra agresión contra el gremio periodístico en México se registró también en Veracruz.
Ángel López, reportero del portal de noticias Vanguardia Veracruz, fue asesinado el pasado 9 de junio en Poza Rica. De acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado, el periodista recibió al menos 18 disparos por parte de sus agresores.
De nuevo la AIR condenó de la manera “más enérgica y categórica” el asesinato del periodista.
“La AIR expresa su profunda preocupación por la persistencia de hechos de violencia contra periodistas y medios de comunicación en México, situación que ha convertido a ese país en uno de los entornos más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo”, puntualizó.
Se volvieron a sumar a la condena las empresas agrupadas en la Alianza de Medios y otras organizaciones como Artículo 19, la cual publicó: “El crimen ocurre a unos días del secuestro de la periodista Roxana Guzmán. Los dos casos encienden nuevas alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de expresión, y la exigencia a las autoridades estatales y federales de redoblar esfuerzos para localizar con vida a Guzmán y para esclarecer el homicidio de López Valdez”.
A su vez, RSF reiteró: “México sigue siendo el país más peligroso de América Latina, e incluso del mundo, para la prensa. Las autoridades deben actuar con la máxima urgencia para poner fin al ciclo de impunidad. Exigimos que el asesinato de Ángel López Valdez sea investigado priorizando la línea relacionada con su actividad periodística, que se refuerce la protección de los periodistas que cubren temas de seguridad en Veracruz y que se garantice la seguridad de sus familiares”.
La Federación Internacional de Periodistas expuso: “El crimen pone a relieve la precariedad institucional, dado que el comunicador contaba con protección” por parte de las autoridades, toda vez que ya había recibido amenazas.
Al cierre de esta edición las autoridades no tenían avance alguno en los casos de Roxana Guzmán y de Ángel López.
Y en este contexto de violencia contra los periodistas, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, desató una fuerte polémica por llamar “perrito” a Jorge García, del medio EMEEQUIS (MX).
La agresión verbal ocurrió después de que el comunicador publicó una investigación que revela presuntas irregularidades en la construcción del auto eléctrico Olinia.
Durante una presentación pública, el mandatario poblano arremetió contra el reportero: “Quisiera ser prudente para no decirle una mala palabra a este señor, pero, este, qué poco amor a Puebla y a México, ¿no? A lo mejor es parte del gremio de los perritos de ya saben”.
El gobernador reafirmó el insulto directo al encasillar al reportero dentro del “gremio de los perritos, el de los mentirositos y de las ratitas”.
Ante la abierta ofensa del mandatario, el reportero Jorge García no se quedó callado y le respondió de inmediato al gobernador poblano, a través de sus redes sociales, publicando documentos que, según él, demuestran las irregularidades denunciadas.
“No puedes articular políticas públicas cuando, desde conferencias o entrevistas, las personas que gobiernan se refieren de forma despectiva a los periodistas. Es una contradicción en sí misma: no puedes decir que haces algo por protegerlas y al mismo tiempo desestimas a esta profesión”, sostuvo Grisel Salazar, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
Obligaciones de los Estados con los periodistas
(según la Organización de Estados Americanos)
Prevenir
El Estado debe adoptar un discurso público que prevenga la violencia contra periodistas, así como reconocer la legitimidad de la labor periodística, aun cuando la información difundida resulte inconveniente para los intereses del gobierno.
Proteger
El Estado está obligado a identificar el riesgo especial y advertir al periodista sobre su existencia; definir y adoptar oportunamente las medidas de protección específicas.
Procurar justicia
El Estado tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores.