Cdmx, 18 de junio de 2026.- Organizaciones ambientalistas, climáticas y de derechos humanos señalaron contradicciones entre declaraciones del Gobierno de Sonora y la información presentada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ante un juzgado federal respecto al estado legal del proyecto AMIGO GNL.
En un pronunciamiento conjunto, los colectivos recordaron que el pasado 8 de junio un juzgado federal concedió una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo promovido por Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19. La medida ordena a la ASEA abstenerse de emitir cualquier autorización en materia de impacto ambiental relacionada con el proyecto hasta que se resuelva el fondo del litigio.
Las organizaciones consideraron que esta resolución judicial impide afirmar que AMIGO GNL cuenta con todos los permisos ambientales necesarios para avanzar, ya que el resolutivo de impacto ambiental continúa pendiente y sujeto al proceso legal en curso.
De acuerdo con el posicionamiento, la propia ASEA informó ante el Poder Judicial que la autorización de impacto ambiental para el proyecto no ha sido emitida, por lo que los colectivos consideran que existen diferencias entre esa información y las declaraciones difundidas recientemente por el Gobierno de Sonora sobre el estado de los permisos.
Las agrupaciones señalaron que esta situación genera incertidumbre respecto a la condición jurídica del proyecto y subrayaron la importancia de que la información pública sobre el tema sea clara y apegada a las resoluciones judiciales vigentes.
Además, reiteraron su rechazo a AMIGO GNL por los posibles impactos ambientales que, afirman, podría generar en el Golfo de California, una de las regiones marinas con mayor biodiversidad del planeta. Entre los riesgos mencionaron el incremento del tránsito de buques metaneros, el ruido submarino, los dragados, el uso de biocidas y las posibles afectaciones a especies residentes y migratorias.
Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para respetar las resoluciones judiciales, garantizar la transparencia en el proceso de evaluación ambiental y asegurar que cualquier decisión futura sobre el proyecto se tome con apego al marco legal y a los mecanismos de participación pública.
El pronunciamiento fue respaldado por más de 20 organizaciones civiles, entre ellas Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana Contra el Fracking, las cuales sostienen que el futuro de AMIGO GNL continúa sujeto a la revisión de los tribunales y a las determinaciones de las autoridades ambientales competentes.