Ciudad de México, a 30 de junio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de sanciones y una nueva alerta bancaria dirigidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) considerada la empresa criminal más poderosa de México.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso sanciones a dos mexicanos y a nueve empresas dedicadas al transporte, los servicios financieros y el sector inmobiliario, acusados de estar vinculados a una red de robo de combustible asociada al cártel y destinada a evadir impuestos en México mientras genera decenas de millones de dólares al año para la organización criminal.
Además, la unidad de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro emitió una alerta a instituciones financieras en la que señala focos rojos de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México en esquemas que implican evasión fiscal en México.
"La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando drogas mortales que matan a estadunidenses", dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en 21 de los 32 estados de México, superando al poderoso Cártel de Sinaloa, que, según estimaciones, opera en 19 estados.
El año pasado, el presidente Donald Trump designó al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
En México
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó —también en un comunicado— que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 11 sujetos (dos personas físicas y nueve personas morales) presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el CJNG.
De acuerdo con la información analizada, la red habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.
Asimismo, se identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
Como resultado de dichos análisis y en el ámbito de sus atribuciones legales, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos designados por OFAC, así como a nueve personas adicionales, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.
La Secretaría de Hacienda dijo que a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cabe señalar que las autoridades mexicanas han incautado en los últimos años millones de litros (galones) de diésel, gasolina y destilados de petróleo robados en estados que colindan con Texas.
El crimen organizado perfora ductos y desvía combustible hacia estaciones de servicio que están obligadas a comprar a los cárteles o lo vende directamente en las calles.