Con más de 80 mil cámaras instaladas por el C5, miles de ciudadanos siguen denunciando delitos sin una sola imagen disponible, sin evidencia útil, y sin acceso a justicia. “Estamos en una ciudad que presume tecnología, pero que invisibiliza a sus víctimas. Una ciudad donde puedes ser asaltado frente a una cámara… y no queda ningún registro”, señaló.
Durante su intervención, el legislador expuso los principales vacíos operativos y financieros del sistema, destacando que no existe ningún diagnóstico público ni verificable sobre cuántas cámaras funcionan, en qué colonias están instaladas o qué efectividad han tenido para prevenir el delito y apoyar investigaciones judiciales.
Entre los datos más alarmantes citados:
En 2022, solo el 47% de los videos solicitados por las autoridades fueron útiles.
Vecinos de Alcaldías como Benito Juárez, Iztapalapa, Azcapotzalco y Coyoacán han denunciado que, tras ser víctimas de delitos, las cámaras más cercanas no servían o no se les entregaron grabaciones.
Mientras tanto, en 23 estados del país, se ha documentado la instalación de cámaras ilegales por parte del crimen organizado. En la Ciudad de México no hay información oficial al respecto.
Frente a esta situación, Federico Chávez presentó un exhorto de urgente y obvia resolución para:
1. Solicitar al Coordinador General del C5 un diagnóstico técnico actualizado y público sobre el funcionamiento de las cámaras.
2. Exigir una auditoría integral que evalúe el desempeño técnico, financiero y operativo del sistema.
3. Llamar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a iniciar un programa de detección y retiro de cámaras clandestinas vinculadas a grupos delictivos.
“Cada peso invertido en vigilancia debería significar más seguridad, no más simulación. Es momento de transformar la tecnología en una aliada real de las personas, no en un adorno de poder”, concluyó.
El panista reiteró que este tema no es una bandera política, sino una exigencia ciudadana: “Que esta ciudad deje de ser un escenario donde todo se graba, excepto lo importante”.