Ciudad de México, México, 27 de junio. La Fiscalía del estado de Jalisco, en México, informó que fueron identificados los restos de 17 personas que fueron encontrados en una fosa clandestina cuando una empresa constructora realizaba excavaciones.
Los restos, de 34 cuerpos en total, fueron hallados en febrero en bolsas plásticas en el municipio occidental de Zapopan.
Aunque las excavaciones en la fosa clandestina ya culminaron, los peritos forenses continúan las investigaciones para identificar los otros 17 cuerpos, precisó la fiscalía estatal.
El hallazgo ha volteado la mirada una vez más hacia Jalisco, donde en marzo un colectivo que busca personas desaparecidas denunció la localización de numerosos restos óseos y centenares de prendas de vestir en un predio que era utilizado por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el reclutamiento y entrenamientos de sus miembros.
Las investigaciones del “Rancho Izaguirre”, del municipio Teuchitlán, aún están en proceso. Por el caso han sido detenidas unas 15 personas, entre ellas el alcalde de esa localidad, José Murguía Santiago, quien fue apresado en mayo.
La detención de Murguía Santiago se dio pocos días después de que el fiscal federal Alejandro Gertz Manero informó que desde 2021 la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco había reportado a las autoridades del municipio de Teuchitlán la existencia de la finca que era manejada por el CJNG, designado en febrero por Estados Unidos como una “organización terrorista” junto con otros cinco cárteles mexicanos.
Pese a la denuncia de la comisión y la intervención del predio por parte de la Guardia Nacional y la fiscalía estatal en septiembre, las investigación no avanzó durante varios meses.
El hallazgo del “Rancho Izaguirre” desató una controversia debido a que dejó al descubierto las fallas y omisiones en las que suelen incurrir las autoridades mexicanas para investigar.
Por décadas México ha enfrentado una grave problemática de desapariciones, que según cifras oficiales ya alcanzan las 129 mil 669.
Ante los hallazgos de Jalisco, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas abrió en abril un proceso con carácter de urgente sobre la situación de desapariciones forzadas en México, que de prosperar podría llevar los casos a consideración de la Asamblea General del organismo. El proceso ha sido objetado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.