Expertos, periodistas, medios, empresarios, organismos internacionales y organizaciones ciudadanas ofrecieron argumentos sólidos para exigir que ninguna autoridad tenga facultades para establecer la censura ni pueda imponer sanciones de manera discrecional.
La consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para definir los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias terminó el 21 de agosto, y en estos próximos días se define el alcance que tendrán. Hasta ahora, lo cierto es que organizaciones ciudadanas, empresarios, periodistas, expertos, asociaciones de abogados y organismos internacionales acudieron a todos los foros convocados y desde sus respectivos campos de acción establecieron su posición en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.
El gobierno sostiene que busca fortalecer los derechos de las audiencias, en tanto que la industria de los medios de comunicación y la sociedad en general advierte que esto es posible sin que ello signifique aceptar mecanismos de censura previa ni de acoso a periodistas; y tampoco se debe permitir que la autoridad, bajo figuras como los defensores de audiencia, definan la línea editorial de los medios de comunicación.
Al mismo tiempo, se presentó un episodio que elevó la tensión. La exposición realizada por la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde Luján, de un supuesto “ecosistema de amplificación digital” en el que fueron identificados periodistas, medios, políticos, organizaciones y cuentas de redes sociales.
Dos discusiones distintas terminaron encontrándose en una misma pregunta: ¿cómo proteger el derecho de las audiencias a recibir información plural y confiable sin otorgar al Estado herramientas que puedan utilizarse para presionar, señalar o limitar a los medios?
Un derecho que ya existe
Los derechos de las audiencias no nacieron con la actual consulta. Forman parte del marco constitucional y legal mexicano desde la Reforma en materia de Telecomunicaciones de 2013 y la legislación que posteriormente desarrolló sus alcances.
El modelo ha cambiado varias veces y la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones modificaron nuevamente el escenario. La actual consulta pretende establecer cómo podrán ejercerse los derechos de las audiencias.
Uno de los principales puntos de tensión está en conceptos como “información falsa” o “información descontextualizada”.
Lo que se debe entender —y así lo manifestaron diversas voces—, es que el periodismo trabaja con información que puede cambiar. Una investigación puede estar en desarrollo, una fuente puede aportar datos posteriormente corregidos o una noticia puede incorporar interpretaciones diferentes de un mismo hecho.
El riesgo no consiste necesariamente en que una autoridad ordene retirar una noticia. También existe la posibilidad de que un medio, ante la amenaza de un procedimiento o una sanción, prefiera no publicar una investigación polémica.
Eso produciría un efecto menos visible, pero potencialmente más grave: la autocensura.
Frente a las críticas, el gobierno federal rechazó que los nuevos lineamientos tengan como propósito controlar a los medios.
El 20 de agosto, un día antes del cierre de la consulta pública, adelantó que la versión definitiva podría presentarse esta última semana de agosto.
Explicó que una de las principales dudas surgidas durante la discusión se relacionaba con las multas y la manera en que serían aplicadas.
La posición oficial es que el gobierno no pretende intervenir en la línea editorial, sino hacer efectivos derechos ya reconocidos.
El problema, sin embargo, afirman especialistas, no está solamente en la intención declarada, sino en las facultades concretas que tendrá la autoridad y en la forma en que se apliquen.
Proteger sin controlar
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) compartió la necesidad de que las audiencias cuenten con mecanismos de protección. Su desacuerdo se concentra en el alcance de determinadas disposiciones.
La industria considera indispensable que cualquier definición sobre contenidos, responsabilidades y sanciones sea clara para evitar interpretaciones que puedan afectar la libertad de expresión.
También puso especial atención en las sanciones. La discusión sobre las multas incluso fue reconocida por el gobierno como uno de los aspectos que requirió reuniones adicionales con la industria y otros sectores.
La clave será que exista una relación proporcional entre la falta y la consecuencia administrativa. No es lo mismo incumplir una obligación administrativa que cometer una supuesta infracción relacionada con un contenido periodístico.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) adoptó una posición similar y respaldó la protección de las audiencias, los códigos de ética, las defensorías independientes, la transparencia, la diferenciación entre información y publicidad y la accesibilidad para personas con discapacidad.
Pero estableció un límite: proteger a las audiencias no puede convertirse en una herramienta de control editorial.
Durante el foro legislativo realizado el 17 de agosto en la Cámara de Diputados, la Coparmex advirtió sobre el riesgo de que una autoridad administrativa termine evaluando la veracidad de contenidos periodísticos.
Su preocupación se concentra en conceptos como “veracidad”, “información falsa” e “información descontextualizada” cuando carecen de definiciones objetivas y verificables.
La organización planteó que cualquier procedimiento debe garantizar derecho de audiencia, defensa, certeza jurídica y proporcionalidad, además de defensorías con garantías de independencia.
En esencia, la industria y el sector empresarial coinciden en que los derechos de las audiencias deben fortalecerse, pero el Estado no debe convertirse en árbitro de la verdad periodística.
El Congreso abre el debate
La discusión llegó también al Poder Legislativo. El 17 de agosto, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, realizó en San Lázaro el foro Diálogo Legislativo: Libertad Editorial, Regulación y Derechos de las Audiencias.
El encuentro reunió a especialistas, académicos, concesionarios y representantes de distintos sectores para discutir la frontera entre regulación y libertad editorial.
La controversia rebasa una discusión administrativa, afirmaron expertos. En el fondo están involucrados dos derechos fundamentales: el derecho de las personas a recibir información y la libertad de expresión de quienes generan y difunden esa información.
Una audiencia tiene derecho a conocer si está escuchando información periodística, opinión o publicidad. Pero el periodista también tiene derecho a investigar, cuestionar al poder y presentar una interpretación de los hechos sin que una autoridad determine previamente cuál debe ser su conclusión.
Ese equilibrio será una de las pruebas más importantes para la nueva regulación.
Repercusión internacional
El tema trascendió las fronteras. Organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión reaccionaron de inmediato.
Uno de los ejemplos más significativos es la posición fijada por la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), presidida por Paulo Tonet Camargo, la cual expresó su preocupación por diversos aspectos del proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, sometido a consulta pública en México.
“La AIR reconoce que la protección de los derechos de las audiencias constituye un objetivo legítimo dentro de una sociedad democrática. Sin embargo, recuerda que toda regulación en esta materia debe respetar plenamente la libertad de expresión, la libertad editorial, la independencia de los medios de comunicación y los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
El organismo agregó; “La AIR observa con preocupación que algunas de las disposiciones del proyecto amplían la intervención de la autoridad administrativa sobre ámbitos propios de la actividad editorial de los medios de comunicación, mediante mecanismos de supervisión, revisión y eventual sanción que podrían afectar la independencia editorial y generar un efecto inhibitorio sobre el ejercicio libre del periodismo”.
También subrayó: “Preocupa especialmente a la AIR que los mecanismos de supervisión, revisión y sanción previstos en el proyecto puedan ser utilizados como instrumentos indirectos de presión sobre periodistas y medios de comunicación, particularmente respecto de aquellos que mantienen una línea editorial crítica o ejercen una activa función de vigilancia sobre la gestión pública”.En ese sentido, la AIR hizo “un respetuoso llamado para que el proyecto sea revisado a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a fin de garantizar que la libertad de expresión, la independencia editorial y el pluralismo informativo se fortalezcan, y nunca se debiliten”.
Respeto a la Constitución
Durante el foro Libertad de expresión frente a los derechos de las audiencias: ¿protección o censura?, realizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), los juristas debatieron sobre una serie de puntos de los lineamientos emitidos por la CRT que resultan preocupantes y mismos que fueron sometidos a consulta pública a la ciudadanía.
El especialista en Derecho Constitucional, Javier Martín Reyes, aseguró que los lineamientos impulsados por la CRT amplían el catálogo de conductas que pueden llevar a una sanción para los periodistas o medios de comunicación, lo que definitivamente violenta el principio de legalidad al no estar contemplados en la ley.
Además, subrayó que existe la clara posibilidad de que el Ejecutivo federal asuma un monopolio en el control ejercido a través de la CRT.
“Tenemos a un órgano que ya no tiene la independencia que antes tenía (CRT), que depende del Poder Ejecutivo, que responde en buena medida a los intereses del Ejecutivo, quien va a estar calificando qué información es veraz o no; qué información está contextualizada o no; qué información se está presentando de manera anacrónica o de manera actual y eso me parece que es un incentivo tremendamente perverso”, advirtió.
Y planteó: “Porque el órgano por un lado emite los lineamientos, los ejecuta, incluso a nivel de monitoreos y después es el propio Ejecutivo el que termina sancionando”.
Todos los panelistas coincidieron en que los lineamientos que emita la CRT deben ser orientadores sobre cómo proteger a las audiencias, más no convertirse en instrumentos de escrutinio y sanción por parte del poder político sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Bajo presión
El episodio adquiere mayor relevancia por el contexto de violencia que enfrenta la prensa mexicana.
La discusión sobre regulación, censura y libertad editorial no ocurre en un vacío. México continúa siendo un país de alto riesgo para ejercer el periodismo.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documentó recientemente el asesinato del periodista poblano Josué Martínez Contreras, ocurrido en San Martín Texmelucan, y señaló que se trataba del cuarto periodista mexicano asesinado en poco más de un mes.
De acuerdo con la información proporcionada, la base de datos del CPJ registró 165 periodistas y trabajadores de medios asesinados en México entre 1992 y 2026, aunque la organización distingue entre los casos en los que existe evidencia suficiente para establecer una relación con la actividad periodística y aquellos cuyo motivo permanece sin confirmar.
En este contexto, la libertad de expresión tiene dos frentes: la violencia física contra periodistas y las condiciones institucionales para ejercer el periodismo sin intimidación, censura o presiones.
Por eso, una discusión sobre derechos de las audiencias no puede separarse completamente de la discusión sobre libertad editorial.
Los analistas indican que el verdadero problema de los nuevos lineamientos no está en determinar si las audiencias tienen derechos. Eso está reconocido.
La pregunta es quién interpreta esos derechos y hasta dónde puede llegar la autoridad.
Si una persona reclama que una noticia fue presentada sin suficiente contexto, ¿quién determina si existe una vulneración?
Si un defensor recomienda una rectificación y el medio no la acepta, ¿qué facultades tendrá la autoridad?
Si una investigación periodística contiene un error, ¿es un problema editorial o una infracción administrativa?
Si un reportaje presenta información que el gobierno considera falsa, ¿puede la autoridad sancionarlo?
Y si una autoridad administrativa tiene capacidad para imponer consecuencias, ¿qué garantías existen para que esa facultad no sea utilizada contra medios críticos?
Son preguntas que deberán resolverse en la redacción definitiva, afirman expertos.
El gobierno sostuvo que las sanciones corresponderán al incumplimiento de obligaciones y no a la ideología de un contenido. La industria pide que esa frontera quede escrita con absoluta claridad.
Coparmex reclama certeza jurídica. Los periodistas y organizaciones de libertad de expresión exigen que el Estado no se convierta en juez de la actividad periodística.
Las audiencias, por su parte, quieren algo aparentemente sencillo: recibir información plural, accesible, diferenciada de la publicidad y contar con mecanismos para reclamar cuando consideren vulnerados sus derechos.
Equilibrio a prueba
La consulta pública terminó el 21 de agosto. El gobierno asegura que hubo reuniones con la CIRT, radios comunitarias y otros sectores para resolver las principales dudas, especialmente las relacionadas con las multas. El documento final podría incorporar cambios respecto del anteproyecto sometido a consulta.
La prueba, señalan los críticos, no estará únicamente en el texto. Estará en su aplicación.
Una regulación puede establecer en el papel que no existe censura y, al mismo tiempo, generar prácticas de autocensura si sus conceptos son ambiguos o sus sanciones desproporcionadas.
Del mismo modo, proteger a las audiencias sin mecanismos efectivos convertiría los derechos reconocidos en simples declaraciones.
La democracia necesita ambas cosas: ciudadanos capaces de reclamar ante los medios cuando consideren vulnerados sus derechos y periodistas capaces de investigar al poder sin temor a que una autoridad determine qué información es aceptable.
La libertad de expresión no significa que los medios estén exentos de responsabilidad ni que cualquier información sea necesariamente correcta. Pero la solución a los errores periodísticos debe encontrarse mediante procedimientos transparentes, derecho de réplica, rectificación, códigos de ética, defensorías independientes y mecanismos jurídicos proporcionales, no mediante el control político de los contenidos.
La controversia alrededor de la exposición de periodistas y opositores desde Palacio Nacional vuelve todavía más sensible esta discusión.
Mientras el gobierno afirmó que no busca censurar y que la crítica forma parte de la democracia, periodistas y opositores cuestionaron que desde el propio aparato gubernamental se les identifique y clasifique públicamente.
La línea entre derecho de réplica y señalamiento, entre regulación y control, entre protección de las audiencias y presión sobre los medios, puede ser muy delgada.
Por eso, la verdadera batalla no consiste en elegir entre derechos de las audiencias y libertad de expresión.
Ambos deben existir.
Los ciudadanos tienen derecho a recibir información plural, crítica, diversa y accesible.
Los medios tienen derecho a investigar, informar y opinar.
Y el Estado tiene la obligación de garantizar ambos derechos, no de convertirse en el propietario de la verdad.
Los nuevos lineamientos son una prueba para saber si el nuevo modelo regulatorio puede proteger a las audiencias sin convertir la regulación en una herramienta de presión sobre quienes ejercen el periodismo.
Esta es la verdadera batalla por la libertad de expresión.
La “lista” de Alcalde
Mientras se discutían los lineamientos, otro episodio puso bajo los reflectores la relación entre el gobierno y los medios.
Durante una emisión de Derecho de Réplica, espacio conducido por Alcalde, se presentó un supuesto “ecosistema de amplificación digital” integrado por medios, periodistas, políticos, cuentas y narrativas.
La presentación incluyó nombres de periodistas, medios y organizaciones.
Entre los periodistas mencionados estuvieron Carlos Loret de Mola, Sergio Sarmiento, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza, Javier Alatorre, Héctor de Mauleón, Carmen Aristegui, Jorge Orozco y Nayeli Roldán.
También fueron mencionados El Universal, ADN40, Latinus, Aristegui Noticias y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En el ámbito político aparecieron nombres como Alejandro Moreno, Jorge Romero, Alessandra Rojo de la Vega, Lilly Téllez, Vicente Fox y Felipe Calderón, entre otros.
La presentación hizo referencia además a un universo de 560 mil 520 cuentas, presentado como parte del ecosistema digital analizado.
El gobierno sostuvo que la exposición no constituye una “lista negra”, sino una explicación de cómo se articulan determinadas narrativas y cómo se produce su amplificación en redes sociales.
La controversia surgió por la decisión de identificar públicamente a personas y organizaciones desde una plataforma gubernamental.
¿Análisis o señalamiento?
Los periodistas incluidos cuestionaron de distintas maneras la presentación.
Carmen Aristegui criticó la utilización de listas con nombres de personas desde espacios gubernamentales. Jorge Orozco, incluido dentro de una categoría denominada Bloque Anónimo, rechazó la caracterización de su trabajo y planteó ejercer su derecho de réplica.
También hubo críticas de Héctor de Mauleón, Denise Dresser mientras que Chumel Torres respondió con humor a su inclusión.
La reacción política fue igualmente inmediata. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, acusó al gobierno de enviar un mensaje de intimidación a quienes cuestionan al poder. Alessandra Rojo de la Vega señaló que quienes antes denunciaban el autoritarismo terminaron elaborando listas de sus críticos; y Rubén Moreira, comparó la práctica con experiencias históricas de regímenes autoritarios.
Más allá de las posiciones partidistas, la discusión plantea una cuestión institucional: ¿qué facultades tiene una dependencia del gobierno para recopilar, sistematizar y exhibir información sobre ciudadanos, periodistas y organizaciones?
El especialista en derecho y comunicación, Ernesto Villanueva, planteó una crítica particularmente relevante.
A su juicio, no resulta determinante si la presentación es llamada “lista negra” o “ecosistema digital”. El problema estaría en las facultades legales de la Consejería Jurídica.
Villanueva explicó que las autoridades solo pueden realizar aquellas funciones que la ley les permite expresamente. Por ello cuestionó que la Consejería Jurídica investigara, organizara y sistematizara información sobre particulares sin una atribución legal específica.
En espera de la definición que asuma el pleno de la CRT, los actores involucrados manifiestan su confianza en que se atenderá el debate central de este tema: defender la libertad de expresión, el derecho a la información y evitar cualquier mecanismo de censura, como garantías fundamentales de la democracia.