Los mexicanos demandan defender el derecho a pensar y difundir ideas e información.
Una serie de acontecimientos enmarcan la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México el 7 de junio y para representantes de diferentes sectores de la sociedad el panorama es preocupante: consideran que si se pierde el derecho a expresarse e informarse, al final se perderán el resto de las libertades ciudadanas, pues la libertad de expresión es el pilar de la democracia.
En este sentido, los especialistas destacan los riesgos que conllevan la eventual aprobación de la llamada “ley censura”, así como recientes acontecimientos como el hostigamiento contra Héctor de Mauleón por su trabajo periodístico y la agresión a reporteros a las afueras de Palacio Nacional cuando realizaban su trabajo informativo.
Así, rumbo a la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión organizaciones defensoras de derechos humanos, expertos en materia de comunicación, periodistas y grupos empresariales advierten que la actitud intimidatoria de algunas autoridades, la impunidad en que operan grupos delictivos e iniciativas de reformas legislativas se conjugan para poner en peligro la libertad de expresión.
“Simulatorios”
El 23 de abril el Senado recibió la iniciativa para expedir una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Aquel mismo día la presidencia de la Mesa Directiva de la cámara alta informó que el documento sería turnado a las comisiones respectivas y se votaría en el pleno el día 28 del mismo mes; es decir, en un lapso de apenas cinco días.
Sin embargo, usuarios de redes sociales, asociaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y comentaristas de todos los medios de comunicación, académicos, partidos de oposición y la Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron su rechazo a la que denominaron “ley censura”.
La oficina en México de la organización internacional denominada Artículo 19, por ejemplo, se pronunció sobre la Ley de Telecomunicaciones tan pronto se enteró de su presentación y denunció, en ese momento: “Se prevé que el Senado apruebe —con premura, sin discusión, sin Parlamento Abierto, sin argumentos ni criterios— una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo un régimen de control gubernamental del (Poder) Ejecutivo sobre la asignación del espectro radioeléctrico, las concesiones y la supervisión, generando riesgos de censura y preferencia hacia actores afines”.
De manera tajante, Artículo 19 advirtió: “Muy gravemente, la ley también propone otorgar facultades al Ejecutivo para bloquear plataformas digitales. Es inconstitucional bloquear una aplicación o servicio digital, ni temporal ni permanentemente, bajo ninguna condición. Estándares internacionales de derechos humanos prohíben la instauración de cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Puntualizó que “ante esta propuesta tan riesgosa para los derechos, las libertades y la democracia, urgimos a los legisladores a que reconozcan el marco de los derechos humanos que están obligados a cumplir”.
A su vez, la Red en Defensa de los Derechos Digitales aseguró que la referida iniciativa “posibilitaría llevar a cabo una restricción extrema a la libertad de expresión sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción es ilegal y de la gravedad para justificar dicha medida”.
Incluso la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un exhorto a la cámara alta a través de sus redes sociales: “Hacemos respetuoso llamado al Senado mexicano para garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas”.
Frente al rechazo que generó la iniciativa, la Presidencia de la República informó que se suspendería la aprobación de dicha ley e incluso ofreció eliminar algunos artículos.
Luego del anuncio hecho por el Ejecutivo federal, la Junta de Coordinación Política del Senado convocó a los actores interesados a participar en lo que denominó Conversatorios para el análisis y propuesta del dictamen por el que se expide la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Expertos en la materia, organizaciones ciudadanas y partidos de oposición aceptaron la invitación, pero al mismo tiempo expresaron su desconfianza en que sus sugerencias y críticas fueran atendidas por los legisladores oficialistas en el Congreso.
De hecho, advirtieron que se trataba de “simulatorios”, toda vez que los partidos mayoritarios generalmente aprueban iniciativas sin aceptar modificaciones.
Sobrerregulados y exprimidos
Una de las participaciones que más llamaron la atención en los conversatorios del Senado fue la de José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), quien cuenta con más de 30 años de experiencia en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y medios impresos.
Él participó en la mesa para analizar la regulación y las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión. Y entre sus primeras opiniones expresó que “el mayor problema de la política regulatoria es la sobrerregulación para la radio y la televisión mexicana”.
Al respecto, abundó: “Se ha venido sobrerregulando a la radio y la televisión por muchos años. Tenemos una carga financiera excesiva, partiendo de una contraprestación que se tiene que pagar por el uso del espectro radioeléctrico, que es la más cara del mundo”.
Además, dijo, “se tienen que pagar 20 años por anticipado, lo que ocasiona que algunos concesionarios dejen de dar el servicio por la inviabilidad económica. También tenemos, por supuesto, las cargas de los tiempos oficiales, los denominados tiempos fiscales; recordemos que el tiempo fiscal se estableció en 1968 como una especie de reprimenda por parte del gobierno contra los medios de comunicación por la cobertura de los problemas que pasaron en esa época”.
Mencionó además los problemas generados al sector por la reforma electoral de hace 18 años: “Tenemos ahora las cargas de los tiempos electorales. En 2007 se modificó la ley y llegó esa contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico, pero desafortunadamente en ese tiempo no se tomó en consideración el suprimir alguna de las cargas y sobrerregulación que ya tenían y tienen la radio y la televisión. Y hoy, desafortunadamente, estamos en problemas para seguir dando este servicio público tan importante para el pueblo mexicano”.
Sobre la iniciativa de reforma legislativa el presidente de la CIRT expuso: “En este proyecto que se envió al Senado, consideramos que a la Agencia de Transformación Digital se le otorgan facultades prácticamente ilimitadas. En nuestra opinión debería haber mecanismos de supervisión autónomos para evitar decisiones discrecionales; estamos hablando de garantizar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de información”.
Para José Antonio García no hay duda de que “se trata de un tema muy delicado para todos, no nada más para los medios de comunicación; es decir, tenemos que privilegiar las libertades de audiencia, opinión e información de todos los mexicanos”.
Consideró que las facultades que se le otorguen a la agencia para desarrollar las sanciones y revocación a medios de comunicación deben estar más reguladas: “Por ejemplo, si tenemos un procedimiento administrativo la sanción o revocación debe aplicarse hasta que se agote el procedimiento completo, inclusive el procedimiento judicial, y no que se le otorgue a una agencia liderada por una sola persona la facultad de una suspensión de transmisiones discrecional, pues eso sería atentatorio de las libertades”.
Los problemas que vienen
Uno a uno la mayoría de los participantes en los conversatorios expusieron sus críticas a la denominada “ley censura”, así como advertencias sobre los problemas que generará de ser aprobada en los términos inicialmente propuestos.
El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Bravo Torres Coto, destacó que la iniciativa “no solo representa un retroceso normativo, sino que amenaza directamente a todo el ecosistema digital del país”.
Agregó: “Necesitamos una ley que tenga por primera vez en el sector una visión de Estado capaz de garantizar certidumbre jurídica para invertir, para desplegar redes, conectar a todos los mexicanos, innovar, transformar y entregar los beneficios de las tecnologías a la sociedad. No debe ser una ley de control y censura”.
También criticó que la agencia tendrá una “concentración de poder y atribuciones exorbitantes”.
Y en este sentido, señaló: “No podemos permitir que un solo ente, sin garantías técnicas verificables ni autonomía, decida sobre el futuro de nuestras telecomunicaciones y derechos digitales”.
Dijo que de otorgarle a la agencia las facultades que se proponen se “vulnera la libertad de expresión y se abre la puerta a la censura arbitraria y al silenciamiento de voces críticas e incómodas al poder”.
A su vez, la presidenta de la asociación Conectadas, Adriana Labardini Inzunza, mencionó que la ley debe ser una apuesta para crear puentes y no muros digitales: “Si nos equivocamos, esto puede revertirse contra la transformación digital del gobierno y de los usuarios, lo que impediría el desarrollo sostenible de nuestro país por varias décadas”.
En representación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar indicó que para atraer inversiones sostenibles en materia de telecomunicaciones a México es necesario impulsar esfuerzos públicos y privados.
“Hay que generar condiciones de certidumbre para lograr dichas inversiones”, indicó.
En este sentido, criticó que el proyecto de ley establece que las concesiones de espectro radioeléctrico pueden entregarse de forma directa al gobierno. “Eso viola de manera flagrante a nuestra Constitución y además coloca un gran desincentivo para invertir en el sector”.
Rechazo
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció a su vez que en esta primera quincena de junio se celebrará un periodo extraordinario y otro más en la primera quincena de agosto a fin de aprobar, entre otras leyes, la de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Los partidos de oposición ya anunciaron que rechazarán la ley. Por ejemplo, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, aseguró que en la “ley censura” impulsada por Morena “aún hay cosas delicadísimas” que atentan contra la libertad de expresión, institucionalizan la censura y ponen en manos del gobierno datos personales de los ciudadanos —incluyendo los biométricos—, entre otras afectaciones: “Eso es propio de un régimen de corte autoritario”.
Del mismo modo, el grupo parlamentario del PRI en el Senado publicó: “Esta no es una reforma: es una embestida directa contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la privacidad de millones de personas”.
En alusión a la reforma propuesta el articulista Alejo Sánchez Cano publicó: “Ahí está el tema del registro de telefonía móvil. Con la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el retiro de una orden judicial se permitirá la intervención telefónica por parte del gobierno y la eventual usurpación de los datos personales de los usuarios (…) El contenido de la ley es toda una joya de la represión que le da vida a una dictadura y no a un régimen democrático”.
Nada que celebrar
Además de la amenaza de la aprobación de la “ley censura”, algunas autoridades incurrieron en otra significativa acción que, a juzgar por periodistas, partidos de oposición e incluso organizaciones internacionales representa un grave atentado a la libertad de expresión y de prensa.
El 1 de mayo Héctor de Mauleón, conductor en adn 40, escribió su columna en el periódico El Universal en la cual ofreció una serie de datos sobre políticos presuntamente relacionados con el tráfico de combustible (huachicol).
Uno de los personajes aludidos (Tania Contreras) decidió presentar una queja ante el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Tribunal Electoral del mismo estado, logrando que las autoridades emitieran “medidas cautelares” e iniciaran un “procedimiento sancionador” contra el comunicador.
Periodistas de prácticamente todos los medios informativos del país y de otras naciones expresaron su solidaridad con De Mauleón y su columna se reprodujo en miles de publicaciones de X y Facebook; quienes la compartieron expresaron su rechazo a la censura.
La SIP condenó la “acción judicial contra el periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal, que busca censurar, restringir y criminalizar el trabajo periodístico”. La organización consideró que “esta acción, en aparente represalia por la labor informativa, amenaza las libertades de expresión y de prensa”.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó que “además de poner un freno a las opiniones que pueden resultar incómodas a quienes aspiran a cargos públicos, se restringe y criminaliza la actividad periodística. La resolución sienta un antecedente negativo para las libertades de expresión y de prensa en México”.
Otro lamentable episodio contra la libertad de expresión se presentó cuando integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, organización disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) golpearon a un grupo de reporteros que intentaban ingresar a la conferencia de prensa que cada mañana ofrece la presidenta de la República.
El 21 de mayo los accesos al Palacio Nacional fueron bloqueados por la gente de la CNTE e impidieron —con agresiones— que los reporteros ingresaran, obligando a la presidenta de la República a ofrecer su conferencia de manera virtual.
Hasta el cierre de esta edición, ningún agresor de periodistas ha sido detenido por las autoridades.
Entre leyes censoras, amedrentamiento contra periodistas y agresiones físicas a los reporteros, México conmemora este 7 de junio el Día de la Libertad de Expresión.
Venezuela: vivir sin libertades
El Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) sostuvo un encuentro hace un par de semanas en San José, Costa Rica.
Luego de analizar la situación que guarda la libertad de expresión en diversas naciones, los radiodifusores resolvieron:
“1. Exhortar a la comunidad internacional a condenar enérgicamente la persistente violación de derechos humanos y las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela.
“2. Solicitar a los organismos internacionales competentes que intensifiquen sus esfuerzos para promover el restablecimiento de la democracia y el respeto a las libertades fundamentales en ese país.
“3. Expresar la solidaridad de la AIR con los periodistas y medios de comunicación venezolanos que, a pesar de la adversidad, continúan comprometidos con la verdad y la información libre e independiente”.
Caso Nicaragua
Durante su reciente reunión en Costa Rica, el Consejo Directivo de la AIR resolvió:
“1. Condenar enérgicamente la persecución y hostigamiento contra periodistas, medios de comunicación independientes y ciudadanos en Nicaragua, perpetrados por el régimen Ortega-Murillo.
“2. Denunciar ante la comunidad internacional las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y el colapso del Estado de Derecho en Nicaragua.
“3. Exhortar a los organismos internacionales a tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos y promover el retorno de la democracia en Nicaragua”.