México, 31 de octubre. El Partido del Trabajo en el Senado de la República llaman los Congresos estatales de Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Chihuahua a armonizar sus respectivos Códigos Penales, a fin de tipificar la violencia vicaria como delito.
A fin de garantizar una protección integral a las víctimas, establecer sanciones proporcionales a la gravedad del daño y asegurar el acceso efectivo a la justicia para mujeres, niñas y niños afectados.
Mediante un punto de acuerdo, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Ana Karen Hernández y Yeidckol Polevnsky, encabezadas por el senador Alberto Anaya piden además a las fiscalías de justicia de las 32 entidades federativas, así como a los tribunales de lo familiar, fortalecer la capacitación del personal ministerial, judicial y pericial en materia de violencia vicaria para erradicar la impunidad, prevenir la revictimización institucional y garantizar procesos judiciales ágiles, sensibles y con perspectiva de género
Asimismo, solicitan a la Secretaría de las Mujeres y sus homólogas en las 32 entidades federativas, establecer e implementar protocolos especializados de atención a casos de violencia vicaria, que incluyan asesoría jurídica integral, atención psicológica especializada y medidas de acompañamiento para las hijas e hijos afectados, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y consideración del interés superior de la niñez.
En el documento que fue inscrito en la Gaceta Parlamentaria, señalan que la violencia vicaria es una de las expresiones más crueles y complejas de la violencia de género.
“Se trata de aquella en la que el agresor daña a una mujer a través de sus hijas e hijos, con el fin de castigarla o mantener el control sobre ella. Y no es una forma de violencia que atenta sólo contra la integridad de las mujeres, sino también contra los derechos fundamentales de la niñez”, detallan.
De acuerdo con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y la Secretaría de Gobernación, en el 86 % de los casos el agresor amenaza con causar daño a los hijos como mecanismo de coerción y castigo.
Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacan que, a pesar de su gravedad, la violencia vicaria enfrenta una respuesta institucional desigual. Actualmente 29 estados la reconocen dentro de sus leyes de acceso a una vida libre de violencia, pero sólo 22 entidades federativas la han tipificado formalmente como delito en sus códigos penales.
“Esta disparidad normativa genera vacíos legales que impiden sancionar a los agresores y garantizan su impunidad. En los estados donde aún no está tipificada, como Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Chihuahua, las víctimas carecen de un marco legal que reconozca su condición y las proteja eficazmente”, especifican.
Además, reconocen que la falta de información confiable sobre este tema limita la creación de políticas públicas efectivas y aseguran que contar con indicadores claros permitiría medir avances, detectar rezagos y, sobre todo, visibilizar a las víctimas que actualmente permanecen fuera de los registros oficiales.
Por ello, las senadoras y el coordinador del GPPT urgen a construir un sistema nacional de datos sobre violencia vicaria, que recopile información de las fiscalías, tribunales, refugios y organizaciones civiles. “No basta con castigar al agresor; es necesario transformar las estructuras que permiten que la violencia se perpetúe”.
“La violencia vicaria no es un hecho aislado, es el reflejo extremo de un sistema que permite que el dolor de las mujeres y la infancia sea utilizado como herramienta de control. Combatirla exige sensibilidad, compromiso y una justicia con rostro humano”, concluyeron.