Los reportes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales dan cuenta del incremento de la violencia contra periodistas y medios de comunicación independientes.
Investigaciones, estudios e informes de organizaciones especializadas como Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y la Sociedad Americana de Prensa (SIP) coinciden al evaluar el estado de la libre expresión en nuestro país: la censura y los ataques a los medios de comunicación que vivimos actualmente demuestran que, hoy en México, no hay nada qué celebrar.
Al respecto, representantes de diversos países ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) subrayan la firme convicción de que la libre circulación de las ideas “no puede existir sin la libertad de opinión y de expresión de cada persona, que a su vez estén potenciadas por una prensa libre e independiente y unos medios de comunicación pluralistas para informar al público”.
Estas, afirman los expertos, “son las piedras angulares de la convivencia pacífica, el entendimiento mutuo y la cooperación internacional. Toda visión verosímil de un mundo más pacífico y justo debe preservar y reforzar este compromiso”.
Asimismo, recuerdan que “la libertad de expresión, pilar esencial de la gobernanza democrática, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho se consagra en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se subraya que ‘todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión’; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En este sentido, lamentan que en diversas partes del mundo los periodistas y medios de comunicación independientes se encuentren bajo acoso por parte de gobiernos autoritarios, fundamentalmente de ideología populista y socialista.
Así, en el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en nuestro país, el 7 de junio, diversas organizaciones nacionales y del mundo hacen un llamado a defender la libertad para informar y ser informados, conscientes de que sin estos derechos fundamentales no hay democracia.
Condición para la prosperidad
Las naciones con representación en la UNESCO recién firmaron la Declaración titulada Forjar un Futuro de Paz, cuyo propósito es promover la libertad de prensa para fortalecer los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad.
En dicho documento, la UNESCO expone: “La libertad de expresión se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es fundamental para promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Estos compromisos no son principios abstractos, sino bases prácticas para la estabilidad y la prosperidad común”.
Asimismo, subraya que “los medios de comunicación independientes, pluralistas y diversos son indispensables para construir, salvaguardar y mantener la paz. Al proporcionar información precisa, actualizada y con base en hechos, los periodistas contribuyen a reducir la información errónea y los contenidos perjudiciales que pueden avivar las tensiones, alimentar el odio e incitar a la violencia”.
Además, “al dar voz a todos los sectores de la sociedad, incluidas las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas, los medios de comunicación independientes fomentan la inclusión, la participación y la cohesión social. Y al sacar a la luz las quejas, la corrupción y las injusticias mediante un periodismo responsable, contrastado y con base en hechos comprobados, los periodistas crean un espacio para el diálogo, la rendición de cuentas y la solución pacífica, en lugar de la confrontación y el conflicto”.
De manera enfática, los delegados del mundo condenan “de manera inequívoca los asesinatos de periodistas y profesionales de los medios de comunicación, así como todos los actos de violencia, intimidación y acoso cometidos contra ellos. Estos delitos atentan contra los fundamentos mismos de la democracia y la paz”.
También establecen que “los ataques contra periodistas y profesionales de los medios de comunicación, las detenciones arbitrarias, el acoso, la violencia en línea y fuera de línea, la censura y el uso indebido de las leyes para silenciar las voces críticas minan la confianza y agravan la polarización”.
Y advierten: “Cuando se restringe la libertad de prensa, el descontento aumenta, la desinformación se propaga sin control y las sociedades son más propensas a la división, la inestabilidad y los conflictos”.
Por ello afirman que “es fundamental promover la rendición de cuentas y poner fin a la impunidad en lo que respecta a los crímenes cometidos contra los periodistas, ya que esa impunidad no solo infringe los derechos individuales, sino que también debilita las instituciones y socava los cimientos de la paz y la seguridad”.
La declaración, respaldada por todos los miembros de la asamblea, está firmada por Khondker M. Talha, presidente de la Conferencia General de la UNESCO, y Nasser Bin Hamad Al Hinzab, presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, entre otros altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El caso mexicano
Días antes de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México, la organización Artículo 19 publicó su informe anual, titulado Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia, que por primera vez en los 20 años de historia de su Oficina para México y Centroamérica realiza un análisis integral sobre el estado de la libertad de expresión, acceso a la información y la violencia contra la prensa en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua.
En la presentación, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, afirmó que “si bien cada país construye silencio a su manera, la tendencia regional es clara: una lógica compartida desde el aparato estatal y los poderes fácticos para deslegitimar la crítica y convertir la información en una amenaza que debe eliminarse”.
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad “a no normalizar la censura ni la violencia contra la prensa” y advirtió que, “de hacerlo, se corre el riesgo de que el silencio se convierta en la norma y el periodismo abandone su papel de nombrar, documentar y confrontar”.
En su informe, Artículo 19 apunta que “en 2025 México se consolidó como el principal cliente de Pegasus en el mundo (software que utilizan los gobiernos para espiar ciudadanos), con 456 ataques documentados de un total de mil 400 registrados globalmente”.
Grave amenaza
Al mismo tiempo, el informe advierte respecto de México “sobre las políticas de seguridad pública promovidas por el gobierno federal, que propuso una serie de legislaciones que legalizan la vigilancia disfrazada de un ‘bien necesario’ para que la ciudadanía supuestamente esté protegida”.
Como ejemplo, señala, “está la Ley de la Guardia Nacional, que estipula que los militares tendrán acceso a los datos personales de la población, sin controles, un hecho sumamente preocupante que refuerza la creciente militarización del país y normaliza el uso de la tecnología como aparato de control en la región”.
Otras organizaciones civiles internacionales dan cuenta de la difícil situación que enfrentan los periodistas en nuestro país. Por ejemplo, Reporteros Sin Frontera (RSF) señala: “El crimen organizado es responsable de un alarmante recrudecimiento de los asesinatos de periodistas en 2025, el año más mortífero de los últimos tres para este país, que se afianza como el segundo más peligroso del mundo para los periodistas, con nueve asesinatos. Y este fenómeno tiende a extenderse con una ‘mexicanización’ de América Latina: la región concentra 24% de todos los periodistas asesinados en el mundo”.
También sobre México, la organización agrega: “La connivencia entre autoridades y crimen organizado constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros son secuestrados y no aparecen nunca más, u optan, para salvar la vida, por desplazarse fuera de sus zonas de origen o bien por huir al extranjero. Desde 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido en México”.
Días de furia
El caso más reciente: la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de su libertad la mañana del pasado martes 2 de junio en su domicilio, ubicado en el municipio de Nanchital, Veracruz.
La Fiscalía General del estado informó que “desplegó elementos de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, recabar evidencias y fortalecer las líneas de investigación que permitan esclarecer lo sucedido”. Hasta el cierre de esta edición la periodista continuaba desaparecida.
La Alianza de Medios Mx (integrada por periódicos, estaciones de radio, cadenas de televisión y portales informativos profesionales), la organización Comunicación e Información de la Mujer, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP, que agrupa medios informativos de Norte, Centro y Sur América) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) se sumaron a la condena de lo sucedido a Roxana Guzmán y exigieron que las autoridades atiendan con urgencia esta situación.
“La AIR recuerda que toda agresión, amenaza, desaparición o acto de violencia contra periodistas constituye una grave afectación a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a recibir información libre e independiente”, indica.
La AIR “exhorta a las autoridades competentes de México a desplegar con la máxima urgencia todos los recursos necesarios para esclarecer este caso, localizar a la periodista Roxana Guzmán y garantizar su liberación inmediata y su integridad personal, así como identificar y sancionar a los responsables”.
Recordemos que apenas la semana pasada este conjunto de organizaciones, distintos medios de comunicación, periodistas independientes y políticos de oposición, condenaron de manera unánime el “intento de censura” por parte del gobierno federal, cuando este llamó a “no ver Televisión Azteca” (TVA).
Advertencia
En las naciones con dictaduras militares o gobiernos totalitarios tienen, desde hace algunos años, un sistema para evitar que se denuncie en los medios de comunicación la corrupción gubernamental, la ineficiencia o la represión contra la sociedad: leyes para aplicar la censura.
El informe Leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México, publicado por Artículo 19, da cuenta de cómo en México existen “marcos normativos que están siendo utilizados como herramientas de censura”.
En este sentido, la organización “exige a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas”.
En el reporte correspondiente a 2025, Artículo 19 documenta “un preocupante aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas”.
Apunta que solo entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos: “En total, 39 periodistas y doce medios de comunicación fueron notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano, que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”.
La organización hace la advertencia de esta tendencia desde 2016: “La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales”.
Preocupa “especialmente el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPRG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México. Esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”.
De acuerdo con el reporte de Artículo 19, mientras en 2005 apenas se registró un caso de “acoso judicial” contra periodistas, en 2019 la cifra llegó a 21, creció a 40 en 2021 y para 2025 (primer semestre) ya eran 51 casos: “En México, en esta última década, la utilización de procesos judiciales contra la prensa ya se ha convertido en una tendencia común”.
Por todo ello, especialistas, académicos, organizaciones sociales e instituciones del sector coinciden: en el Día de la Libertad de Expresión en México no hay en estos días nada qué celebrar.
Numeralia
Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del gobierno federal
• Entre 2012 y 2026 un total de mil 97 personas periodistas solicitaron incorporación al mecanismo.
• Actualmente el gobierno federal atiende 690 personas periodistas con riesgo de sufrir alguna agresión.
• Entre 2012 y 2026 el gobierno contabiliza 912 probables agresores de periodistas. De ellos, 374 son servidores públicos, 292 particulares y 246 no son identificados.
• De 2012 a 2026 el gobierno señala que el tipo de agresión más frecuente contra periodistas y defensores de derechos humanos es el secuestro o privación ilegal de la libertad, con 78 casos; le sigue la agresión física con 399; y la amenaza con mil 119 casos.