Un estudio del INEGI señala que la experiencia diaria de los ciudadanos con el Estado es cada vez peor en México.
Aunque muchos funcionarios públicos lo olvidan, resulta una obviedad que quien posee la última palabra sobre el éxito o fracaso de cualquier gobierno es el ciudadano común. Y en un país como México, donde la rendición de cuentas se ha convertido en mera ilusión, hay estudios que le devuelven algo de dignidad al ciudadano de a pie —ese que no tiene cargos en el poder, ningún tipo de privilegio y vive enfrentando las preocupaciones cotidianas de la mayoría— al poner por escrito sus necesidades: la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI revela hoy un retraso en el nivel de satisfacción de la población con el gobierno de México respecto de los datos recabados en 2023.
La encuesta bianual, que funciona como una radiografía del vínculo entre el Estado y los ciudadanos, recoge experiencias directas de personas mayores de 18 años en zonas urbanas de más de 100 mil habitantes sobre trámites, servicios públicos, corrupción y confianza institucional.
“No es normal, no había sucedido antes en todas las ediciones de la ENCIG (…): bajaron todos los niveles respecto de la confianza que se emite a diferentes actores públicos y sociales”, subrayó Adrián Franco, vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, al presentar los resultados.
La confianza en autoridades, por mencionar un caso, pasó de 59.1% en 2023, a 46.5% en 2025.
Percepción
El hallazgo quizá más contundente del documento es la percepción que se tiene sobre la corrupción: ocho de cada diez ciudadanos consideraron frecuentes estos actos. Esto es, 84.1% de los encuestados cree que la corrupción es nuestro pan de cada día.
Las entidades con mayor percepción de frecuencia de corrupción fueron Michoacán y Baja California, con 89.4 y 89.3%, respectivamente.
Las entidades con cifras más bajas fueron Yucatán, con 73.2%, y Querétaro, con 67%, donde la palabra “bajas” debe ser tomada con tiento, pues las cifras distan de serlo.
Además, solo 40% de los ciudadanos afirmó tener confianza en los gobiernos estatales. Entre los más confiables están Nuevo León, con 59.8% de aprobación, y Coahuila, con 59.3%. Mientras que los menos confiables son Zacatecas, con solo 22.4% de aprobación, y Sinaloa, con 27 por ciento.
La información recabada por el INEGI coincidió con lo que Transparencia Internacional concluyó en 2025, tras colocar a México en el peor puesto de su historia del Índice de Percepción de Corrupción —en el número 140 (seis niveles menos que en 2023) de los 180 países evaluados—, posicionándolo a la altura de Irak, Uganda o Nigeria.
“Los resultados confirman el mandato de la sociedad mexicana: el gobierno debe enfrentar con mayor eficacia la corrupción en México”, señaló en su comunicado.
Sobornos
Pese a que ha habido intentos y un marcado discurso gubernamental a favor del combate a la corrupción, la experiencia cotidiana de los ciudadanos indica que el problema está presente no solo en los altos órdenes del gobierno, sino además en uno de los escalones más bajos: en ventanillas, trámites administrativos y pagos de servicios.
Según el INEGI, durante 2025, 15 mil 642 personas por cada 100 mil habitantes fueron víctimas de algún acto de corrupción al realizar trámites gubernamentales, un aumento considerable en comparación con 2023, que reportó una cifra de 13 mil 966 víctimas.
En términos regionales la encuesta muestra diferencias importantes. Las mayores tasas fueron en Hidalgo, con 21 mil 452; seguido de Oaxaca, con 20 mil 330; y Sinaloa, con 19 mil 836 por cada 100 mil habitantes.
En contraste, Colima, Nayarit y Zacatecas registraron menos incidencias, con seis mil 992, ocho mil 915 y nueve mil 366 por cada 100 mil habitantes.
Los estados que con respecto al ejercicio previo presentaron incrementos en sus cifras fueron Coahuila, de once mil 464 a 14 mil 619; Ciudad de México, de 15 mil 739 a 17 mil 905; Hidalgo, de 13 mil 107 a 21 mil 452; Estado de México, de doce mil 031 a 17 mil 899; y Yucatán, con un ascenso de once mil 419 a 15 mil 570.
Los datos no deben leerse como cifras abstractas: visibilizan que en ventanillas, uno de los primeros rostros del Estado frente al ciudadano, miles de mexicanos han enfrentado solicitudes de sobornos, pagos indebidos o irregularidades al intentar acceder a servicios públicos.
El costo total de estos sobornos que las autoridades exigían a los ciudadanos para “agilizar” sus trámites fue de casi 18 millones de pesos, un promedio de tres mil 865 pesos por persona afectada.
En la cima
La encuesta evidencia también que a mayor percepción de corrupción, menor confianza en las instituciones: 86.5% de los encuestados considera que la policía es el órgano con mayor percepción de corrupción frecuente y pese a que la mitad aseguró que siempre “está dispuesta a ayudar”, solo 35.3% cree que contribuye a generar una sensación de seguridad.
En este sentido, especialistas advierten que cuando los ciudadanos desconfían de las instituciones encargadas de protegerlos la legitimidad del Estado se erosiona, impactando no solo en la vida cotidiana, sino también en la manera en que la población interpreta la capacidad del gobierno para resolver conflictos.
Esto, apuntan, se vio reflejado en la calificación emitida a las instituciones encargadas de brindar seguridad, como los policías. Según los encuestados, en el segundo sitio con mayor percepción de corrupción están los partidos políticos con 83.9%, un aumento considerable comparado con la encuesta de 2023, donde 23.9% lo pensaba.
El tercer lugar de los peor calificados en corrupción lo ocupan los Ministerios Públicos, con 73% de desaprobación.
La cereza del pastel
El último eje evaluado fueron los servicios públicos. De acuerdo con la encuesta la calidad de estos registró un retroceso, pues solo 47.2% de la población urbana de 18 años y más se dijo satisfecha con los servicios públicos básicos y bajo demanda, una cifra menor respecto de 50% reportado en 2023.
Los servicios que sufrieron mayores caídas de satisfacción fueron las autopistas con casetas de cuota, de 70.4 a 62%, casi ocho puntos; la educación pública universitaria, de 81.6 a 74.2%; y todos los correspondientes a servicios de salud, donde se reportó saturación, personal médico insuficiente, falta de atención inmediata y poca disponibilidad de medicamentos.
Otro elemento que salió deficiente en la evaluación fue el estado de las calles y avenidas, el alumbrado y el transporte. En contraste, la recolección de basura y el suministro de agua potable mantuvieron niveles de aceptación relativamente más altos; de los pocos resultados que fueron un poco más favorables.
El estudio pone en evidencia no solo el malestar general que permea en la sociedad, sino una segunda obviedad que quizá los funcionarios públicos no habrían de perder de vista: hay cosas que deben cambiar.