Ciudad de México, a 29 de junio. El Sistema de Registro Digital de Anfitriones y Plataformas de Alojamiento Temporal, impuesto por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 21 de mayo, muestra señales claras de fracaso operativo.
A pesar de que la comunidad anfitriona participó durante meses en mesas de trabajo y presentó propuestas de regulación y registro, el gobierno optó por un modelo unilateral.
Con el plazo para inscribirse a punto de vencerse, el número de anfitriones registrados es mínimo frente a los 27 mil inmuebles que el propio gobierno reconoce como activos en plataformas digitales, mientras que los juzgados federales acumulan una oleada creciente de amparos.
La inmensa mayoría de los anfitriones ha optado por no registrarse, ya sea en espera de una resolución judicial favorable o por considerar que la restricción de 183 noches (equivalente al 50% de ocupación anual) vulnera sus derechos y su fuente de ingresos.
“Esto es lo que pasa cuando se imponen regulaciones desde el escritorio, dejándose llevar por narrativas e intereses particulares y sin permitirse conocer el sector”, señaló Aurora Acosta, anfitriona de Coyoacán que renta un departamento en plataformas desde hace 10 años.
“Yo pago mis impuestos, mantengo mi propiedad en orden, recibo turistas mexicanos que no pueden pagar un hotel de 4 mil pesos la noche. Y de un día para otro me dicen que solo puedo trabajar la mitad del año. ¿A qué trabajador en México le dirían eso?”
El propio historial del padrón evidencia los problemas de fondo. Aprobada en 2024, la reforma a la Ley de Turismo resultó tan inaplicable que el gobierno fue incapaz de ponerla en operación durante más de un año y medio.
La regulación fue diseñada sin participación real del sector y sin un marco técnico viable.
Cuando finalmente se habilitó, se activó una carga adicional que el Gobierno de la Ciudad de México había dicho que no impondría: el límite de 183 noches al año.
Según el colectivo Todos Somos Anfitriones (TSA), esa restricción fue impuesta de manera unilateral tras 22 meses de mesas de trabajo en las que el sector había presentado propuestas para una regulación eficaz y progresiva.
La respuesta ha sido contundente en los tribunales. En 2024 se presentaron aproximadamente 600 amparos. Para 2026, abogados del sector estiman que la cifra será mayor, dado que ahora la restricción ya tiene un mecanismo de aplicación concreto.
De acuerdo con el asesor legal del sector, Héctor Rivera, varios de esos recursos ya obtuvieron suspensiones definitivas por unanimidad en tribunales colegiados, pues el tope de 183 noches viola varios derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Explicó que la medida solo afecta a anfitriones que operan mediante plataformas digitales, sin tocar a hoteles, moteles ni casas de huéspedes que se anuncian por otros canales, además de impedir el derecho a la libre profesión.