México, 6 de junio. Con el fin de fortalecer la respuesta del Estado frente a conductas discriminatorias o racistas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso modificaciones al Código Penal Federal, para tipificar expresamente el racismo.
Mediante una iniciativa que adiciona un nuevo Capítulo II denominado Racismo, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya, buscan dotar al marco penal de herramientas claras que permitan reconocer, prevenir y sancionar el racismo como una conducta específica, diferenciada de otras formas de discriminación.
Así mismo, establecen los alcances del racismo incorporando como conductas sancionables aquellas expresiones, actos o manifestaciones que, por razón de color de piel, origen étnico o racial, condición social, nacionalidad o lengua, tengan por objeto o resultado menoscabar la dignidad de una persona o grupo.
La iniciativa presentada al Senado de la República propone sancionar a quien cometa actos de racismo con uno a tres años de prisión o trabajo en favor de la comunidad, días multa, reparación integral del daño y medidas de reeducación en derechos humanos.
Y en el caso de que quien realice conductas racistas sea servidor público se le aumentará en una mitad la pena prevista, así como la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por un lapso de 5 años.
En tribuna, la senadora Liz Sánchez señaló que aunque en México se reconoce la discriminación como una conducta sancionable, aún presenta limitaciones para atender de manera específica las distintas formas en que esta se manifiesta en la realidad social.
“En particular, la ausencia de una tipificación clara del racismo dificulta su identificación y sanción, lo que genera un margen de interpretación que puede traducirse en omisiones o respuestas institucionales insuficientes”, señaló.
“La importancia de esta iniciativa radica en su capacidad para fortalecer la respuesta del Estado frente a una problemática que continúa presente en la vida social, cerrando vacíos normativos y enviando un mensaje claro de que el racismo no será tolerado”, mencionó la legisladora.
Y aclaró que más allá de su dimensión sancionadora, la propuesta busca contribuir a la construcción de una cultura de respeto, igualdad y dignidad, donde los derechos humanos se garanticen no solo en el discurso, sino en la práctica cotidiana.
La legisladora por Puebla resaltó que el racismo no es algo que ocurra de forma aislada o rara, sino que es un problema que está presente en la estructura de la sociedad, la economía y la cultura.
No se limita solamente a actos de discriminación evidentes, sino que se muestra en maneras más profundas de violencia simbólica y física, como la exclusión constante, la desvalorización de diferentes identidades y la creación de jerarquías basadas en el color de la piel.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), junto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el 13.1% de las personas de 18 años o más afirmó haber sufrido discriminación durante el año pasado, lo que representa a más de 10.8 millones de personas.
El racismo tiene un componente claramente asociado al tono de piel. En México, el 70.8% de la población se ubica en tonos de piel medios y oscuros, y son precisamente estas personas quienes reportan mayores niveles de discriminación, de acuerdo con la Enadis.
En México, si bien se reconoce la discriminación como una conducta sancionable, aún presenta limitaciones para atender de manera específica las distintas formas en que esta se manifiesta en la realidad social, resaltó Liz Sánchez.
“En el Partido del Trabajo no permitiremos que estas conductas se normalicen ni que queden sin respuesta. Creemos en un país que se hace respetar desde sus valores, donde la igualdad no se negocia y donde nadie puede ser humillado por su origen, su apariencia o su identidad”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictaminación.