Ciudad de México, a 20 de agosto. Todos Somos Anfitriones sostuvo que ampliar hasta diciembre el plazo para inscribirse al padrón confirma problemas en la aplicación de la norma y pidió revisar también el límite de 183 noches de ocupación al año.
La ampliación hasta diciembre de 2026 del plazo para registrarse en el Padrón de Plataformas y Anfitriones de Estancias Turísticas Eventuales reabrió el debate sobre la regulación de las rentas de corta estancia en la Ciudad de México, particularmente por la restricción que impide a un inmueble superar el 50% de ocupación anual.
Esta limitación fue aprobada desde octubre de 2024 como parte de una reforma a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, que establece que no podrá renovarse el registro de aquellos inmuebles que hayan sido ocupados más de la mitad de las noches del año, es decir, alrededor de 183 noches.
La aplicación de este esquema avanzó en mayo pasado, cuando el Gobierno capitalino puso en operación el registro digital obligatorio para plataformas y anfitriones y estableció inicialmente un periodo de 30 días para realizar el trámite.
Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México determinó ahora extender el plazo hasta diciembre de 2026. La autoridad atribuyó la decisión a la afluencia de solicitudes y a la diversidad de situaciones particulares relacionadas con los inmuebles.
Para el colectivo Todos Somos Anfitriones (TSA), la ampliación confirma los problemas que desde un inicio advirtió sobre la implementación de la regulación.
“La imposibilidad del Gobierno de la Ciudad de sostener el padrón demuestra lo que hemos señalado desde el primer día: implementar una regulación que impacta a miles de familias requiere planeación, diálogo y una aplicación gradual y proporcional”, sostuvo la organización.
TSA consideró positiva la ampliación del plazo, pero advirtió que la decisión también debe llevar a revisar el resto de las disposiciones que afectan a quienes ofrecen alojamiento temporal mediante plataformas digitales.
El principal cuestionamiento se mantiene sobre el límite de ocupación anual. “Si el Gobierno de la Ciudad reconoce que esta parte de la regulación no estaba lista, la pregunta es obligada: ¿por qué el límite del 50% de ocupación anual sí lo estaría? Es la misma ley, mal diseñada por las mismas manos”, planteó el colectivo.
La organización sostiene que hasta ahora no se ha explicado con elementos económicos, jurídicos o metodológicos de qué manera restringir a 183 noches la operación de estos inmuebles contribuirá a incrementar la oferta de vivienda de largo plazo o garantizará que las propiedades regresen al mercado de renta tradicional.
También ha rechazado que la actividad esté integrada únicamente por grandes operadores. De acuerdo con TSA, detrás de una parte importante de las estancias turísticas eventuales existen familias de clase media, mujeres, personas adultas mayores y propietarios que adaptaron habitaciones de sus viviendas o utilizan algún inmueble para complementar sus ingresos.
El colectivo señala además que quienes participan en este esquema ya forman parte de la recaudación tributaria de la ciudad. Las estancias contratadas mediante plataformas están sujetas a una tasa de Impuesto sobre Hospedaje del 5%, frente al 3.5% aplicable al hospedaje tradicional, además de las retenciones fiscales correspondientes.
Ángel Torres, fundador de Todos Somos Anfitriones, ha sostenido que la oposición al esquema actual no implica un rechazo a la regulación de las estancias temporales, sino a disposiciones que, considera, fueron establecidas sin tomar en cuenta las características de quienes participan en esta actividad.
TSA insistió en que la prórroga debe aprovecharse para retomar el diálogo con el sector y revisar integralmente la regulación, incluido el límite de 183 noches, con reglas que permitan ordenar las estancias turísticas sin afectar de manera desproporcionada los ingresos de las familias que dependen de ellas.