PV propone catalogar el robo de agua como delito federal

Urge frenar el “huachicoleo” de este recurso, que afecta a miles de familias en zonas con estrés hídrico.

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Redacción
Nacional
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México, 19 de mayo. Para frenar el robo de agua y garantizar el acceso equitativo a este recurso vital, senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para tipificar el “huachicoleo de agua” como delito federal, incorporándolo en el Código Penal Federal como una agravante contra el medio ambiente y la gestión de los recursos hídricos.

La iniciativa propone adicionar un nuevo capítulo denominado “Del Agua” al Título Vigésimo Quinto del Código Penal, estableciendo penas de seis meses a nueve años de prisión y sanciones económicas de hasta tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quienes extraigan, desvíen, manipulen o comercialicen agua de manera ilícita.

“Las sanciones aumentarán si el delito se comete en zonas de atención prioritaria, donde la escasez de agua pone en riesgo la vida de miles de personas”, destacaron.

Los legisladores señalaron que el robo de agua, también conocido como “aguachicoleo”, ha proliferado en todo el país y se ha vuelto una práctica lucrativa. Datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y solicitudes de información revelan que entre 2019 y 2022 se detectaron más de 131 mil 600 tomas clandestinas en 239 municipios del país.

En el caso de la Ciudad de México, en 2023, se comprobó la ilegalidad de 32 tomas clandestinas con apenas 209 denuncias. Además, en el Estado de México se ha reportado el robo de hasta dos mil litros de agua por segundo del sistema Cutzamala.

Subrayaron que la falta de sanciones penales específicas ha permitido el crecimiento de esta actividad ilícita, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.

En ese sentido, los legisladores indicaron que actualmente el robo de agua sigue sin ser castigado como un delito, debido a que la Ley de Aguas Nacionales solo contempla multas económicas, pero no sanciones penales, lo que deja impune esta práctica que agrava la crisis hídrica y afecta a miles de familias

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