AVANZA EN CONGRESO LA REFORMA DE PENSIONES

Esaú Sánchez
Nacional
PENSIONES

La iniciativa obligaría a las Afores a transferir recursos no reclamados a un fondo solidario de compensación, con el que se busca garantizar la jubilación y la vejez digna para todos los trabajadores.

Con el objetivo de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, en la Cámara de Diputados se discutió la iniciativa presentada por el morenista Ignacio Mier, misma que plantea que el dinero de las cuentas inactivas de los mayores de 70 años se transfiera de las Afores a un nuevo fondo administrado por el gobierno federal.

Aunque la propuesta pasó sin ningún problema en la Comisión de Seguridad de San Lázaro, al llegar al pleno causó inquietudes y tuvo que posponerse la discusión, pues el dictamen aprobado en un inicio no fue el mismo que se presentó durante la sesión ordinaria.

Criticada por la oposición y por algunos especialistas financieros, la iniciativa cuenta con todo el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insiste en que no se trata de una expropiación de las Afores, y por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien señala que las reformas buscan “reivindicar el derecho que tienen todos los que han trabajado durante toda su vida a que esa última etapa la puedan vivir con dignidad, con pensiones justas”.

Más aún, el dictamen aprobado en comisiones cuenta con el apoyo de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), pues afirma que “los principios de propiedad individual de las cuentas de ahorro y la administración eficiente de los fondos se mantienen vigentes” con la iniciativa.

La propuesta parece ser un complemento a la iniciativa presentada en febrero por el Ejecutivo federal, con la que se garantizaría una pensión de 100% según el último salario del trabajador, siempre y cuando no superase los 16 mil 777 pesos.

En aquella iniciativa se estipulaba que los fondos vendrían del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y de los ingresos que generaran el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Ahora, con la propuesta de Mier, se garantizaría una pensión de 16 mil 400 pesos con los recursos de las Afores.

¿Error humano?

La iniciativa causó revuelo no solo por su contenido, sino porque tuvo que ser discutida en dos ocasiones por la Comisión de Seguridad Social. El dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria el 17 de abril y que sería discutido por el pleno de la cámara baja establecía cambios importantes a los aprobados en un primer momento.

De hecho, durante la sesión ordinaria la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Marcela Guerra, tuvo que ordenar un receso para analizar los cambios y la estrategia a seguir “para clarificar y llegar a la conclusión necesaria”. Naturalmente, la pregunta que predominó era: ¿cuál es el verdadero dictamen a discutir, el modificado o el aprobado?

Según Mier todo se trató de un simple “error humano”: un acto en el que “no hubo dolo ni premeditación”. Agregó que la Gaceta publicó el proyecto de dictamen, pero no lo aprobado en comisiones.

El desbarajuste no impidió que se volviera a aprobar en la Comisión de Seguridad Social de San Lázaro, pero la falta de claridad sí provocó que diputados opositores pidieran los nombres y apellidos de los culpables.

AMLO PENSIONES

Por mencionar uno de los “cambios”: el proyecto que iba a discutirse en el pleno no solo incluía a las cuentas inactivas de los trabajadores retirados, sino que le agregaba la de aquellos que a sus más de 70 seguían manteniendo una relación laboral activa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a los 75 años.

Ahora bien, la iniciativa aprobada establece que el Fondo de Pensiones para el Bienestar ofrecerá a los dichos institutos los recursos necesarios para que los trabajadores de 65 años puedan tener un complemento a la pensión que reciban según su salario promedio registrado ante el IMSS. Dado que el fondo estará constituido como un fideicomiso público por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el complemento a la pensión dependerá de las reglas que esta establezca y a la suficiencia del propio fondo.

Los recursos de trabajadores y servidores públicos deberán transferir las Afores —así como las subcuentas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)— sin ningún tipo de resolución judicial. Simplemente deberán notificar al IMSS cada ocasión que se realicé un movimiento hacia el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Considerando que muchos trabajadores formales desconocen que tienen una cuenta inactiva en algún Afore, la diputada Ivonne Cisneros, de Morena, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, destacó que se garantizará el derecho a que puedan reclamar esos fondos incluso si el trabajador hubiera fallecido y solamente quedaran las personas beneficiarias.

Además, Mier destacó que su reforma busca subsanar las distorsiones creadas por el esquema de 1997 y que afectan a más de 45 millones de trabajadores, de modo que el Fondo de Pensiones para el Bienestar funge como fondo solidario de compensación: “Hay que dar justicia social y garantizar a los trabajadores de México una pensión digna”.

Beneficio

En total, de poco más de dos millones 200 mil cuentas de trabajadores inactivos saldrían los 40 millones de pesos que se transferirán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Según datos de la Consar, cerca de 11% de las cuentas administradas por las Afores pertenecen a trabajadores de 66 años o más, esto es, siete millones 400 mil cuentas pertenecen a personas que rebasan la edad de jubilación.

Cabe recordar que la reforma aprobada en 2020 establecía que las cuentas no reclamadas después de diez años automáticamente pasarían al IMSS, de modo que este sería el custodio de los fondos hasta que los titulares o beneficiarios reclamaran el dinero.

De este modo, tanto la secretaria de Gobernación, como el secretario de Salud, Zoé Robledo, denuncian que las Afores no han cumplido con dicha ley.

“Hoy la ley establece que las Afores tienen la obligación de transferir los recursos de las cuentas no reclamadas al IMSS. Lo cierto es que no lo hacen y han interpretado esta norma como han querido para beneficiarse de los rendimientos. Para darnos una idea: de un monto cercano a 40 mil millones, únicamente han transferido cerca de mil 500. Y para colmo, cobran comisiones”, señaló Alcalde.

En su conferencia matutina del 19 de abril, el presidente de la Consar, Julio César Cervantes, destacó que tan solo en 2023 se detectaron alrededor de 259 mil 945 cuentas no reclamadas con más de 41 mil 500 millones de pesos. No obstante, reveló que las diez Afores que existen en nuestro país solo transfirieron al IMSS 946 millones de pesos.

Para el presidente López Obrador esto es preocupante en la medida en que no cumplen con su obligación y a manera de respuesta a las acusaciones de “expropiación” declaró que no “se roban” las pensiones de nadie, sino que cambian de administración: “No se tocan las afores de nadie; al contrario, se protegen mientras estemos nosotros; y creo que así va a ser a futuro, no hay nada qué temer sobre los fondos de pensiones, lo que es de los trabajadores. Al contrario, lo que estamos haciendo es fortalecer esos fondos”.

Más aún, el Ejecutivo federal insistió en que la iniciativa es un beneficio claro y categórico para los trabajadores a tal grado, que pretende presentar el Fondo de Pensiones para el Bienestar el 1 de mayo, Día del Trabajo, “como una reivindicación para los trabajadores de México”.

La iniciativa vuelve a votarse en el pleno de la cámara baja el lunes 22 de abril, para luego pasar al Senado.

Con los días del periodo ordinario de sesiones contados, esta es una de las prioridades legislativas junto con las reformas a la Ley de Amparo, a la Ley de Amnistía y las iniciativas presentadas por López Obrador el 5 de febrero.

Suficiencia de pensiones y seguridad social

Para los diputados que presentaron la iniciativa resulta fundamental garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a una pensión digna, sobre todo con el envejecimiento acelerado de la población y el aumento en la expectativa de vida. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) solamente 30% de la población mayor de 65 años recibe una pensión, por lo que es urgente resolver la vulnerabilidad económica de esas personas.