Ciudad de México, a 7 de septiembre. Organizaciones de anfitriones de la Ciudad de México se pronunciaron a favor de una regulación clara para las estancias turísticas, pero rechazaron que ésta implique limitar a la mitad del año una actividad lícita que genera empleos, derrama económica y cumple con obligaciones fiscales.
Durante una conferencia de prensa, el Frente Unidos por la Hospitalidad planteó la necesidad de construir una relación equilibrada entre autoridades, comunidades, anfitriones y demás actores del sector turístico, sin afectar a miles de familias que dependen de esta actividad como fuente principal o complementaria de ingresos.
Juan Pablo González, representante en la Ciudad de México de la Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional (APAR), sostuvo que el sector no se opone a ser regulado, sino a que se impongan porcentajes que determinen cuántos días al año puede trabajar un anfitrión.
“No estamos de acuerdo con ningún límite de ocupación”, afirmó.
González señaló que es posible establecer reglas que permitan ordenar y profesionalizar la actividad sin destruir una fuente legítima de empleo e ingresos que, además, contribuye fiscalmente.
“Se trata de construir una relación equilibrada sin destruir una actividad legítima que paga impuestos”, expuso.
El Frente recordó que la habilitación del Padrón de Anfitriones, el pasado 22 de mayo, activó disposiciones aprobadas desde octubre de 2024, entre ellas el límite del 50 por ciento de ocupación anual, así como restricciones al número de habitaciones y propiedades que pueden administrarse.
De acuerdo con las organizaciones, estas medidas impactan a más de 68 mil 800 familias vinculadas con esta actividad.
Ángel Jesús Torres, fundador de Todos Somos Anfitriones (TSA) y cofundador del Frente, advirtió que responsabilizar a las estancias turísticas de los problemas de vivienda parte de un diagnóstico equivocado y aseguró que limitar su operación no resolverá la gentrificación.
“Los anfitriones no son el problema de la vivienda. Esta medida no va a resolver la gentrificación”, afirmó.
Torres calificó además las reformas a la Ley de Turismo de la Ciudad de México como una legislación que “nació muerta” y que, en sus actuales términos, “no tiene futuro”, al considerar que fue diseñada sin suficiente evidencia sobre sus efectos reales.
Señaló que la ampliación hasta diciembre de 2026 del plazo para realizar el registro en el padrón demuestra que existen aspectos de la regulación que no fueron contemplados adecuadamente desde su origen y que requieren una revisión de fondo.
También advirtió que restringir la oferta de estancias turísticas podría terminar beneficiando principalmente al sector hotelero y concentrando nuevamente la actividad turística en grandes operadores.
Torres sostuvo que los hoteles han registrado incrementos de hasta 45 % y cuestionó quiénes resultarían favorecidos si se reduce la competencia de miles de anfitriones.
Expuso además que ciudades como Edimburgo y París han aplicado medidas restrictivas a las estancias de corta duración, por lo que pidió analizar sus resultados antes de importar modelos regulatorios a la Ciudad de México sin considerar las particularidades del mercado local.
El impacto de las restricciones también fue abordado desde la perspectiva de género por Magdalena García Hernández, fundadora de la Red de Mujeres Anfitrionas (REMA), quien destacó que para muchas mujeres esta actividad representa una alternativa de ingresos compatible con las responsabilidades de cuidado.
Aclaró que las anfitrionas no buscan un trato especial, pero sí que la regulación considere que una parte importante de las labores domésticas y de cuidado continúa recayendo sobre las mujeres, lo que limita sus posibilidades de incorporarse a empleos con jornadas rígidas.
La flexibilidad de la anfitrionía, explicó, permite a muchas mujeres obtener ingresos propios mientras atienden a hijas, hijos, personas adultas mayores u otros integrantes de sus familias.
García Hernández destacó además que alrededor de esta actividad existen cadenas de valor que incluyen servicios de limpieza, lavandería, mantenimiento, comercio local y otros proveedores.
“Es una actividad lícita. Demandamos el cumplimiento de la Constitución y una regulación sustentada en evidencia. No aceptamos ningún porcentaje de regulación”, expresó.
El Frente Unidos por la Hospitalidad está integrado por Todos Somos Anfitriones (TSA), la Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional (APAR), la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) y la Red de Mujeres Anfitrionas (REMA).
Las organizaciones señalaron que durante cerca de 24 meses han participado en reuniones y procesos de diálogo con las autoridades, sin que sus principales observaciones se hayan traducido en modificaciones de fondo.
También destacaron que los anfitriones pagan un Impuesto sobre Hospedaje de 5 % , frente al 3.5 % aplicado a los hoteles, además de retenciones de IVA e ISR.
Ante este escenario, exigieron al Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso capitalino la apertura de nuevas mesas de trabajo que permitan revisar la legislación y construir una regulación sustentada en evidencia, que ordene la actividad sin impedir que quienes dependen de ella puedan seguir trabajando.