Organismos internacionales, asociaciones defensoras de derechos humanos y periodistas exigen a los gobiernos del mundo que respeten el derecho de los ciudadanos a decir y escribir lo que piensan.
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hizo un llamado a la comunidad internacional para que reafirme su compromiso con la defensa de la libertad de expresión porque este derecho ciudadano es pilar de la democracia y sin él “no tendremos ninguna otra libertad”.
Junto con la ONU, organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas alzan la voz para denunciar los constantes ataques a la libertad de expresión, provenientes fundamentalmente de las autoridades, ya sea con leyes para aplicar la censura o incluso con la represión y encarcelamiento de voces críticas al gobierno.
En este marco, no se hicieron esperar duras críticas a la iniciativa que analiza el Congreso de la Unión para impulsar una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo objetivo principal es a decir de sus críticos prohibir la libre expresión de las ideas y que las autoridades controlen los contenidos que se difunden en los medios de comunicación profesionales o plataformas digitales.
La reacción de la sociedad logró que por el momento se suspenda la aprobación de dicha ley, pero el riesgo continúa, así que desde distintos foros se lanzan llamados para defender uno de los derechos ciudadanos más preciados: la libertad para expresarse, porque la gente sabe bien que sin el ejercicio de esa garantía constitucional se acaba la democracia.
Derechos humanos
El 23 de abril el Senado recibió la iniciativa del Ejecutivo federal para expedir la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva informó que el documento se turnaría a las comisiones respectivas y se votaría en el pleno el 28 de ese mismo mes.
Usuarios comunes de redes sociales, asociaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y comentaristas de todos los medios de comunicación, académicos, partidos de oposición e incluso la Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron su rechazo a la que denominaron “ley censura”.
La oficina en México de la organización internacional denominada Artículo 19 se pronunció sobre la Ley de Telecomunicaciones tan pronto se enteró de su presentación y denunció, en ese momento: “Se prevé que el Senado apruebe —con premura, sin discusión, sin Parlamento Abierto, sin argumentos ni criterios— una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo un régimen de control gubernamental sobre la asignación del espectro radioeléctrico, las concesiones y la supervisión, generando riesgos de censura y preferencia hacia actores afines”.
Entre las principales problemáticas en el cuerpo de la ley, señaló, “se vislumbra, por ejemplo, que se administre el espectro radioeléctrico y se otorguen concesiones bajo consideraciones políticas y no de interés público, permitiendo retirar concesiones a aquellos medios de comunicación independientes y críticos, bajo argumentos subjetivos, sin motivación o ambiguos”.
De manera enfática, Artículo 19 advirtió: “Muy gravemente, la ley también propone otorgar facultades para bloquear plataformas digitales. Es inconstitucional bloquear una aplicación o servicio digital, ni temporal, ni permanentemente, bajo ninguna condición. Estándares internacionales de derechos humanos prohíben la instauración de cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, como es el bloqueo de plataformas digitales”.
Frente a esta propuesta “tan riesgosa para los derechos, las libertades y la democracia urgimos a los legisladores a que reconozcan el marco de los derechos humanos que están obligados a cumplir”, puntualizó.
A su vez, la Red en Defensa de los Derechos Digitales aseguró que la referida iniciativa “posibilitaría llevar a cabo una restricción extrema a la libertad de expresión en internet sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción es ilegal y de la gravedad para justificar dicha medida. El bloqueo de plataformas digitales enteras constituye una medida extrema”.
En este sentido, pidió al Senado atender las propuestas de expertos y organizaciones ciudadanas “para corregir y subsanar la redacción de la iniciativa. Los términos de la ley conllevan riesgos graves para los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas, por lo que el Congreso debe actuar con responsabilidad para no aprobar una iniciativa que pueda afectar las libertades y los derechos humanos de los mexicanos”.
En tanto, el 28 de abril un nutrido grupo de la organización Va por Todos MX se plantó en las puertas del Senado de la República para protestar en contra de la Ley de Telecomunicaciones.
Prácticamente todas las organizaciones independientes defensoras de derechos humanos se pronunciaron contra la iniciativa y en defensa de la libertad de expresión como eje fundamental de la democracia y, en general, de todas las demás libertades civiles.
A las organizaciones defensoras de los derechos humanos se sumaron agrupaciones del sector productivo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana reiteró su llamado a diálogo abierto, técnico y con todos los sectores involucrados: “Nos inquieta especialmente la facultad para ordenar el bloqueo de plataformas digitales sin intervención judicial previa. Esta medida vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el debido proceso. La ausencia de salvaguardas claras abre la puerta a censura previa, genera incertidumbre jurídica y podría detonar controversias constitucionales e internacionales”.
De esta manera, la confederación exhortó al Congreso a “revisar con responsabilidad esta iniciativa, preservar la autonomía del regulador, eliminar disposiciones que amenacen derechos fundamentales y garantizar una transición ordenada”.
Rectoría
Al presentar el dictamen de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el senador de Morena José Antonio Cruz Álvarez Lima destacó que con esta ley “la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) será la encargada de asumir la rectoría de las telecomunicaciones y la radiodifusión”.
Puntualizó que “otro tema relevante en la ley es la prohibición de propaganda política de otros países, es decir, no se podrán difundir mensajes propagandísticos provenientes de gobiernos o entidades extranjeras”.
Entre lo contenido en el documento se establecen las facultades de la ATDT, que será la autoridad encargada de formular y conducir las políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y tendrá “las facultades para regular, promover y supervisar el uso y explotación del espectro radioeléctrico, así como el acceso a redes e infraestructura”.
Además, a la agencia le corresponderá “emitir criterios técnicos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como el programa nacional de espectro radioeléctrico”.
Precisó que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.
De igual forma, “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.
Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, aseveró que “la propuesta de Ley de Telecomunicaciones representa un intento de censura y concentración de poder” y exigió “un replanteamiento integral de la iniciativa, con participación de la sociedad civil y expertos, para garantizar la protección de las libertades fundamentales”.
Agregó: “Ya controlan medios públicos, ahora van por las redes sociales; eso no es regulación, es censura. Quieren un país donde solo se escuche su voz; eso no es democracia. El mayor peligro: dejar en manos de ‘autoridades competentes’ la decisión de bloquear plataformas”.
También reprochó que de acuerdo con la estructura de la iniciativa “se otorga un poder excesivo a la ATDT, permitiendo al gobierno ser juez y parte en la regulación de contenidos digitales”.
Romero Herrera reiteró que su partido sostiene “la idea de que los medios de comunicación privados, comerciales, sociales, indígenas y públicos deben ser apoyados para que cumplan su función social bajo los principios de libertad de expresión, respeto y derecho de las audiencias”.
A su vez, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, advirtió que “la nueva Ley de Telecomunicaciones promovida por Morena representa el intento más grave y directo para censurar contenidos, controlar plataformas digitales y restringir la libertad de expresión en México”.
Para explicar la gravedad de la reforma, el coordinador panista expuso que el nuevo marco legal permitiría a las autoridades “decidir qué redes sociales, plataformas o medios digitales pueden operar en México, generando un grave precedente de censura: si no les conviene, pueden desaparecer cualquier medio digital que no les sea cómodo”.
A su vez, el PRI afirmó que “la ATDT que se pretende crear con la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión estaría facultada para censurar y, por lo tanto, acabaría con la libertad de expresión”, por lo que adelantó que la bancada del tricolor votará en contra.
Agregó: “Con el pretexto de la soberanía se impulsa una ley para silenciar a medios, plataformas digitales y voces incómodas y así poder decidir qué medios pueden hablar y qué mexicanos pueden opinar”.
El senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que “el gobierno tiene una obsesión de control y con esta ley la ATDT concentrará todas las facultades para decidir que sí y que no puede transmitirse en radio, TV, internet y redes sociales”.
A su vez, la senadora Alejandra Barrales, de MC, señaló que “con el pretexto de regular la propaganda extranjera se propina un duro golpe al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Se trata de una ley que pretende regular la forma en la que los mexicanos acceden a lo que ven, escuchan o comparten. Habla de bloqueo de redes sociales, lo que es muy peligroso”.
La senadora Barrales alertó que dicha ley “podría tener consecuencias negativas sobre el sector de telecomunicaciones, que contribuyó con 475 mil millones de pesos, lo que representa 1.6% del Producto Interno Bruto nacional”. En un contexto de incertidumbre económica y posible recesión, “la aprobación de esta ley podría empeorar la situación”.
Finalmente, la senadora comparó dicha ley con situaciones similares que han ocurrido en Venezuela y Brasil, donde se ha restringido el acceso a plataformas digitales “bajo un marco legal controvertido”.
Compromiso mundial
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el secretario general de la ONU aseguró que la libertad de expresión “es el cimiento sobre el que se sustentan la democracia y la justicia. Gracias a ella disponemos de todos los datos que necesitamos para formar una opinión e interpelar al poder con la verdad”.
Asimismo, afirmó que “esa libertad también es la esencia de los derechos humanos”.
En este 2025 el Día Mundial de la Libertad de Prensa organizado por la ONU sirvió de plataforma para “reafirmar el compromiso con la libertad de expresión y la libertad de prensa como derechos humanos consagrados en diversos instrumentos internacionales, reconociendo su importancia para el fortalecimiento de sociedades democráticas, pluralistas e inclusivas”.
Para la organización Reporteros sin Frontera es un hecho que “a escala mundial se impone una constatación: la libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes: las autoridades políticas”.
Añadió: “Un número creciente de gobiernos y autoridades políticas fallan en su papel de garantizar un marco ejemplar para el ejercicio del periodismo y para el derecho de la ciudadanía a una información fiable, independiente y plural”.
Por su lado, Paulo Tonet Camargo, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR), afirmó que la organización que preside mantiene firme su tarea de defender la libertad de expresión: “Es uno de los pilares de la democracia y uno de los valores más importantes de la civilización”.
Guillermo Tenorio Cueto, académico de la Universidad Panamericana, estableció que “la libertad de expresión es la piedra angular de todo sistema democrático” y que “sin libertad de expresión no hay democracia”.
Expuso también que la libertad de expresión se encuentra en riesgo: “Las amenazas aparecen de la mano de los sistemas populistas, en los que la libertad de expresión se transforma en un obstáculo de actuación. Para estos sistemas la oposición, la disidencia o el pensamiento contrario a sus intereses se percibe como hostil, antagónico y adverso, por lo que amenazan constantemente con acallar sus voces, sin darse cuenta de que justo ahí es donde pervive la fuerza de toda sociedad democrática”.
Por lo pronto, la ONU demostró que su compromiso con la libertad de expresión es firme. Cuando hace unos días se conoció el contenido de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al Senado a través de sus redes sociales para “garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas”.
De acuerdo con un estudio realizado por Dinamic Company, 85% de la población en redes sociales ve la nueva Ley de Telecomunicaciones como un riesgo de censura.
Otros importantes porcentajes de usuarios de redes sociales indican que la iniciativa representa una amenaza a derechos como la libertad de expresión y privacidad digital; también es vista como muestra de un modelo político autoritario; e incluso muchos temen por el futuro democrático del país.
A dos semanas de que se dio a conocer la Ley de Telecomunicaciones los usuarios en redes sociales mantienen como “tendencia” la palabra “censura”.
Toda esta reacción de la sociedad —defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios, partidos de oposición, organismos internacionales— logró que, por lo pronto, la llamada ley censura no se aprobara en la fecha prevista, pero el “riesgo continúa”, advierten.
Observaciones de Artículo 19
La discrecionalidad en cuanto a la asignación de concesiones y la ampliación de facultades hacia la ATDT para administrar el espectro radioeléctrico podría facilitar la exclusión de medios críticos o comunitarios.
El artículo 65 de la iniciativa permite a la ATDT “rescatar” bandas de frecuencias o recursos orbitales por motivos de “seguridad nacional” o de “interés público” sin ser precisos en sus definiciones.
La falta de transparencia en cuanto se da en un contexto donde no se cuenta con autoridades autónomas que garanticen y protejan este derecho. Esto deja que se continúe con decisiones opacas que afecten a medios críticos.
Establecimiento de facultades para ejercer la censura: la iniciativa dota de poder a la ATDT para supervisar contenidos dirigidos a infancias y adolescencias, sin contar con criterios claros sobre lo que constituiría una “violación a los valores y principios”.
La ley establece mecanismos y una propuesta adultocentrista sin considerar las voces de las infancias y adolescencias, la situación de estos y el contexto de conectividad digital en la que también son sujetos de derecho.
Otros aspectos observados por expertos
Asignación de espectro a entes públicos para uso comercial sin subastas. Esta excepción podría entrar en conflicto con el TMEC.
Suspende la autorregulación de los medios de comunicación.
Comercializa las concesiones de uso social con fines comerciales.
Elimina las condiciones para cancelar concesiones, autorizando la revocación inmediata, lo que genera incertidumbre jurídica y un estado de indefensión.
Conmemoración
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO, proclamó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos —que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en Namibia— elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa.
El 3 de mayo sirve para recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y es también un día de reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones de libertad de prensa y ética profesional.
Se trata de un día de apoyo a los medios de comunicación que son blanco de la restricción o abolición de la libertad de prensa.
También es un día de recuerdo para los periodistas que perdieron la vida en la persecución de una noticia.