Los partidos inician sus procesos internos de selección de candidatos, aunque desde el año pasado —dos años antes de la elección— ya desarrollan actividades proselitistas prohibidas en la ley.
El 20 de noviembre inicia de manera oficial el periodo de precampañas para la Presidencia de la República y hace unos días iniciaron las precampañas para las gubernaturas en nueve entidades, pero los partidos y aspirantes desarrollan desde hace meses sus eventos proselitistas aun cuando la ley los prohíbe.
Junto con las precampañas comienzan también la etapa de los conflictos internos al interior de los partidos, las quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la presentación de impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Quejas e impugnaciones que son producto de las leyes que los partidos aprobaron en las últimas dos reformas electorales y que ellos mismos desconocen e incluso violan impunemente, además de que cuando se les multa no les importa, puesto que cubren las sanciones con recursos públicos.
Llega también la época de la censura, la etapa en la que el INE está atento a supervisar lo que se difunde en radio y televisión abierta para multar a conductores y noticiarios.
Y, por supuesto, llega la etapa de la spotiza, la de los aproximadamente 60 millones de spots que son producto del “robo” que los partidos perpetraron a los concesionarios de medios electrónicos desde hace 16 años.
Fraude a la ley
Prácticamente desde 2022 y hasta el pasado fin de semana, en el país se observó un inusual movimiento de docenas de personajes que buscaron ser postulados a la Presidencia de la República y las nueve gubernaturas que estarán en juego en 2024.
Durante 2022, es decir, con dos años de anticipación a la elección del 2 de junio de 2024, docenas de aspirantes y los partidos políticos llevaron a cabo actos proselitistas, ya fueran “asambleas informativas”, “encuentros con la militancia”, “foros regionales” o “recorridos” para que dichos personajes llevaran a cabo lo que la ley denomina como “promoción personalizada”.
Lo anterior puso en evidencia que dichos aspirantes incurrieron en delitos al realizar actos proselitistas (aunque no fueran precandidatos y no llamaran al voto) y en varias ocasiones las autoridades electorales lo señalaron, pero solo a nivel de pronunciamiento, nunca con algún castigo que lograra inhibir dichas prácticas.
Algunos consejeros y magistrados electorales calificaron dichos eventos proselitistas como “inconstitucionales” y como un “fraude a la ley”, toda vez que ni la Constitución ni las leyes prevén las figuras de “pre-precampañas”; pero sus acuerdos, señalamientos y resoluciones fueron y son ignoradas por los aspirantes y partidos políticos, a los que se les permite todo.
Y si bien a partir del 20 de noviembre ya reciben el nombre formal de precandidatos, desde hace dos años actúan como si ya lo fueran.
Quejas e impugnaciones
Los partidos políticos fijan las reglas para la competencia, pero son los primeros en desconocerlas, violarlas e impugnarlas: los partidos del régimen y los opositores se acusan unos a otros de que sus aspirantes a algún cargo de representación incurren en actos anticipados de campaña, pero unos y otros los llevan a cabo.
Por otro lado, los partidos aprobaron la denominada “paridad de género”, que los obliga a postular el mismo número de hombres y mujeres para los cargos de representación popular, pero en cada proceso electoral impugnan dicha ley —esta vez no fue la excepción— porque generalmente no aceptan sus propias reglas.
Cabe señalar que algunos expertos consideran que no está bien obligar a los partidos a postular a una persona con determinado género, aunque no sea su candidato o candidata más competitivo; sin embargo, esa fue la ley que las fuerzas políticas aprobaron en el Congreso.
Por otro lado, los partidos exigen que haya procesos electorales transparentes, objetivos y equitativos, pero esto no lo respetan en sus respectivos procesos internos y constantemente, cuando seleccionan a sus candidatos, se presentan acusaciones de “procesos amañados”, “dados cargados”, “uso ilegal de recursos públicos”, “acarreo de militantes”, “coacción”, “falta de transparencia” y un sinfín de irregularidades.
Spotiza
A partir del 20 de noviembre y hasta el 2 de junio de 2024 las dos mil 314 estaciones de radio y mil 402 canales de televisión (con señal abierta) del país estarán obligados a transmitir aproximadamente 60 millones de spots gratuitos para los partidos políticos y sus candidatos.
Los programas que disfruta el auditorio de televisión y radio, noticieros, entretenimiento, deportes, películas, telenovelas, y reality shows se verán invadidos por los cientos de miles de mensajes de los partidos políticos y sus candidatos.
Se trata, a decir de los expertos, de un modelo de comunicación política que nada aporta al debate y no sirve para que los electores obtengan información para tomar la mejor decisión a la hora de votar.
Desde hace años los expertos, concesionarios e incluso algunos legisladores proponen otras fórmulas más útiles, dinámicas y menos molestas para los auditorios, pero los políticos no aceptan nada que afecte sus intereses.
Cabe señalar que además de apropiarse de los tiempos de radio y televisión los partidos se adueñaron de la información y cancelaron la libertad de expresión, porque igual está prohibido que los particulares contraten espacios en los medios de comunicación electrónicos para expresar sus puntos de vista en materia política o electoral.
Precampañeando
A nivel federal se votará por la Presidencia de la República, hoy en manos de Morena. Ya hay dos precandidatas: Xóchitl Gálvez, que será candidata del Frente Amplio por México (FAM), que conforman PAN, PRI y PRD; y Claudia Sheinbaum, que se convertirá en la candidata de Morena, PT y PVEM.
En cuanto a los ejecutivos locales, se votará por nueve de ellos: la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco son gobernadas por Morena; Guanajuato y Yucatán son encabezadas por el PAN; y Jalisco por Movimiento Ciudadano.
En la segunda semana de noviembre comenzaron las precampañas en las referidas entidades para designar a los futuros candidatos a gobernador o bien para jefe de Gobierno en el caso de la CDMX.
Morena ya tiene a sus precandidatos y futuros candidatos para cada una de las gubernaturas: Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena; Veracruz, Rocío Nahle; Tabasco, Javier May; Puebla, Alejandro Armenta; Morelos, Margarita González; Jalisco, Claudia Delgadillo; Guanajuato, Alma Alcaraz; CDMX, Clara Brugada; y Chiapas, Eduardo Ramírez.
Los partidos del FAM no han definido a sus precandidatos en la mayoría de las entidades. Solo en el caso de la CDMX ya hay tres precandidatos: Santiago Taboada, del PAN; Adrián Rubalcava, del PRI; y Luis Espinosa Cházaro, del PRD.
Hartazgo
Comienzan las precampañas; los spots de “guerra sucia”, las impugnaciones de los partidos contra las leyes que ellos mismos aprobaron; los conflictos internos en las fuerzas políticas; las acusaciones de todos contra todos; la simulación de las autoridades electorales; la spotiza y la censura.
“En México tres de cada cuatro habitantes consideran que a los partidos políticos, a los diputados federales y a los senadores les interesa poco o nada lo que piensa la gente; además, un porcentaje significativo de ciudadanos se siente mínimamente identificado con sus representantes de elección popular”, revela una encuesta elaborada por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
Añade que “los partidos políticos son la institución que menos representación tienen con la población (22%)”, en tanto que “aproximadamente tres de cada cinco ciudadanos confían poco o nada en el proceso electoral”.
¿Qué son las precampañas?
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 226:
“Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta ley, en los estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político.
“Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.
“Durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo federal y las dos cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de 60 días”.