Avala Suprema Corte presencia de fuerzas armadas en labores de seguridad

La mayoría de ministros ratificó la validez del acuerdo emitido por el Ejecutivo federal

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Redacción
Nacional
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Ciudad de México, Noviembre 29.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que las fuerzas armadas permanezcan en las calles en labores de seguridad hasta 2024.

Con el voto mayoritario de ocho ministros, el pleno del máximo tribunal de justicia del país ratificó la validez de la disposición del Ejecutivo federal que fue impugnado mediante una controversia constitucional por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.

El proyecto fue elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso declarar infundada la controversia constitucional pues argumentó que el acuerdo no normaliza la militarización ni constituye una medida que evidencia una renuncia a la formación de una Guardia Nacional, al ser únicamente un reflejo de lo que el constituyente dispuso en la propia Constitución.

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, consideró que el acuerdo del Ejecutivo federal no violó las atribuciones de la Cámara de Diputados, y que éste no debería entenderse como una hoja de ruta para la salida de las fuerzas armadas de las calles.

Precisó que no se estaba discutiendo la permanencia de las fuerzas armadas en albores civiles, sino al camino para su salida, por lo que no se estaba ante un caso de “sobre militarización, estamos frente a un caso que exige revisar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio constituyente ha trazado, a fin de terminar con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública o ciudadana”.

La ministra Jasmin Esquivel Mossa expuso que el acuerdo se limitó a dar cumplimiento al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional publicada en marzo de 2019, por lo que no encontró que rebase el mandato del constituyente ni que su contenido, apreciado en su conjunto, produzca una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente.

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