El cuestionado desempeño de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como el alto costo operativo de ambos organismos, abonan a la exigencia social de aprobar una nueva reforma electoral.
A la demanda de los ciudadanos se suman ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador y legisladores de diversas fuerzas políticas que ven agotado el sistema actual, causante de dispendios económicos, ataques a la libertad de expresión y el derecho a la información, así como de graves conflictos en los procesos electorales.
La actual crisis que se presenta en el Tribunal Electoral como producto de la destitución de José Luis Vargas Valdez de su cargo como presidente del organismo ofrece otra razón para transformar al INE y el TEPJF a fin de dotarlos de autonomía plena y evitar dispendios financieros en su gasto.
Llamado presidencial
Luego de la sesión de la Sala Superior del TEPJF en la que cinco magistrados votaron por destituir de la presidencia de ese órgano jurisdiccional a José Luis Vargas, el presidente de la República reiteró su llamado a reformar no solo al Tribunal Electoral sino también al INE.
Señaló el mandatario: “Hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición; de ahí la necesidad de reformar tanto al INE como al propio tribunal”.
Comentó que se enteró de la destitución del magistrado Vargas y lamentó que en su lugar designaron a una persona que a él no le inspira confianza: “Supe que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó. Y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes, el nivel moral de los jueces, de magistrados electorales, del organismo que es la última instancia cuyas resoluciones son definitivas, es un organismo clave para la democracia en México”.
El jefe del Ejecutivo aclaró que él no intervendrá en esta situación que se presenta en el Tribunal Electoral y que, de hecho, su gobierno se distingue por no interferir en los asuntos internos de los otros poderes o los organismos autónomos: “No, no. No me meto a eso porque es politiquería. Yo no estoy para eso, nada más que esto ayuda a comprender el nivel de descomposición que existe en este organismo, en esta institución y de por qué es necesaria una reforma. Esto es un corolario de una serie de decisiones que se han tomado en contra de la democracia”.
Aseveró el mandatario que el Instituto Nacional Electoral también presenta signos negativos y debe ser transformado en bien de la democracia: “El INE es otro caso que agrava la situación. Creo que le incluye dolo a sus resoluciones”.
Entonces, dijo, “sí es una situación grave que amerita una reforma constitucional para limpiar los dos organismos, el INE y el TEPJF. ¡Además lo que cuestan! Los consejeros y magistrados electorales ganan como dos, tres veces más que yo y están colmados de atenciones, de privilegios. Esto es un pendiente del antiguo régimen autoritario, corrupto. Es lo que se heredó, pero ya es tiempo de que las cosas cambien”.
A juicio de López Obrador los magistrados y consejeros electorales deberían separarse de su cargo por decisión propia: “Ellos mismos deberían renunciar, todos, por dignidad, por respeto a los ciudadanos. No pueden mantener esa conducta completamente inmoral. Una autoridad electoral así, ¡imagínense!”
Cabe recordar que apenas un día después de la Consulta Popular el presidente de la República criticó lo que a su juicio fue una deficiente actuación del INE en este ejercicio democrático: “Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócratas”.
Abundó al respecto: “Se pudo haber extendido el número de casillas por todo el país. No es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, del pueblo. Pero no, ni se hablaba del tema. No querían nada”.
Puntualizó: “Y los medios, silencio por completo. Solo unos medios excepcionales le dieron difusión: ‘Tengan para que aprendan’, les dijeron a los otros medios”.
El jefe del Ejecutivo reiteró que es necesario reducir los costos de los procesos electorales: “Tenemos un aparato electoral que es el más costoso del mundo, pero eso no significa que tengamos una democracia consolidada. Entonces, hay que seguir adelante y yo espero que heredemos a las nuevas generaciones un auténtico sistema político democrático”.
Finalmente, reiteró que la actual “crisis en el tribunal debe ser solucionada por los mismos magistrados”.
En la mira
También el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se pronunció sobre la situación en el tribunal. Aseveró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la propia cámara alta deben intervenir para proporcionar legitimidad a dicho órgano jurisdiccional: “El Senado es el otro poder que interviene en la designación de los magistrados electorales. Junto con la Suprema Corte debemos actuar de inmediato para atender y dar cauce a lo que hoy ocurrió. Evitemos una crisis constitucional, es nuestro deber”.
Al respecto añadió: “El diálogo siempre es la salida a cualquier diferencia o desencuentro, sería lamentable que se presentara una crisis institucional en el Tribunal Electoral. El país necesita instituciones sólidas y autónomas”.
Recientemente el senador Morenal informó que ya prepara “el proyecto para una reforma electoral profunda que establezca una racionalidad en el uso de los recursos públicos para organizar los comicios y someter a los órganos electorales al principio de legalidad”.
Aseguró que “un gran porcentaje de ciudadanos cree que el INE y el TEPJF no son árbitros ni actúan con imparcialidad, certeza y objetividad” y en consecuencia es necesario transformarlos.
Para el senador “es inevitable una reforma que someta al principio de legalidad a los órganos electorales”.
Agregó: “Estoy preparando la iniciativa que pronto presentaré para poder establecer, entre otras cosas, una racionalidad en el uso de recursos públicos, porque para este proceso se erogaron más de 40 mil millones de pesos”.
También en el contexto de la crisis en el Tribunal Electoral, diputados federales de Morena se sumaron a la exigencia de modificar tanto al TEPJF como al INE.
El coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que “la situación que vive el tribunal pone en evidencia la descomposición en dicho órgano, por lo que es necesario realizar las reformas en materia político-electoral”.
Dijo que la situación por la que pasa el TEPJF “habla de una implosión que fue producto de ese régimen de cuotas y de cuates que llevó a la integración de los organismos constitucionalmente autónomos”.
Aclaró que no se trata de proceder contra las instituciones sino de fortalecerlas a fin de que garanticen la vida democrática en el país.
En tanto, el diputado morenista Humberto Pérez Bernabé refirió: “Debemos hacer una revisión amplia y que tiene que ver con el funcionamiento del INE y su representatividad. Quienes deben ser garantes de la democracia y de la expresión máxima del pueblo están viendo otros intereses”.
A su vez, Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), también formuló un comentario sobre los cuestionamientos a la gestión de José Luis Vargas al frente del TEPJF: “El CJF no tiene facultades constitucionales ni legales de disciplina y vigilancia sobre el TEPJF. Es una anomalía en el diseño institucional que debe corregirse si se quiere un combate serio contra los abusos, la corrupción y la impunidad”, publicó el ministro Zaldívar en sus redes sociales.
La crisis
En la sesión de la Sala Superior del TEPJF del pasado miércoles 4 el magistrado Felipe Fuentes Barrera hizo un recuento de una serie de agravios y abusos que a su juicio, y el de otros de sus compañeros, José Luis Vargas emprendió como presidente y que pusieron en “entredicho la transparencia e imparcialidad” del órgano jurisdiccional.
En este sentido, Janine Otálora expuso: “Cuando un juzgador actúa en contra de dar certeza y sus actos ponen en riesgo el desarrollo de la contienda electoral y la seguridad de sus resultados, entonces sus pares tienen la responsabilidad de hacer que prevalezcan la Constitución y la democracia”.
Y recordó, por ejemplo, que el pasado 14 de diciembre ocurrió un hecho inédito en la historia de la justicia mexicana: “Un intento por modificar una decisión del pleno de la Sala Superior a través de un comunicado de prensa”, acción de la cual responsabilizó a José Luis Vargas.
Así, luego de exponer una serie de argumentos, los magistrados Janine Otálora, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes e Indalfer Infante resolvieron destituir como presidente del TEPJF a Vargas, quien para ese momento ya se había ausentado de la sesión junto con la magistrada Mónica Soto.
Asimismo, el grupo de cinco magistrados resolvió que el nuevo presidente del TEPJF es Reyes Rodríguez Mondragón.
Minutos más tarde Vargas Valdez emitió un mensaje en el que aseguró que el procedimiento por medio del cual se le destituyó es ilegal y adelantó que presentaría una controversia “para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea quien se pronuncie sobre la legalidad de los actos” de ese miércoles 4 de agosto.
Al día siguiente, el jueves 5, el grupo de cinco magistrados que destituyeron a Vargas Valdez acudió a la sede de la SCJN, donde se reunieron con el ministro Zaldívar.
El mismo jueves 5 el presidente de la Suprema Corte publicó en sus redes sociales: “El diálogo siempre será la vía para la construcción de acuerdos y la salvaguarda de la institucionalidad. Ante la situación del TEPJF privilegiemos el bien de México sobre las ambiciones personales”.
Al día siguiente, el viernes 6, el ministro Zaldívar declaró: “La permanencia en la presidencia del tribunal del magistrado Vargas ya no es viable, ya no hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice sigue ostentando”.
Lo cierto es que desde el año pasado se han publicado una serie de notas periodísticas que dan cuenta de presuntos actos de corrupción cometidos por José Luis Vargas, entre ellos el de presunto enriquecimiento ilícito.
De hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) admitió que presentó una denuncia contra el magistrado al considerar que los recursos de este funcionario “provienen de actividades fuera de licitud”.
A su vez, Vargas Valdez ha dicho una y otra vez que el origen de su patrimonio es “lícito y comprobable”.
Cabe señalar que en días pasados se difundió la información de que la Fiscalía General de la República (FGR) cerró la carpeta de investigación contra Vargas Valdez, en tanto que la Unidad de Inteligencia Financiera informó que “ya presentó un recurso de inconformidad, mismo que fue admitido”.
¡Transformación ya!
En un análisis formulado por Hugo Alejandro Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se apunta que el TEPJF “se planteó como garantía de nuestra democracia”; sin embargo, “la tendencia a la politización del tribunal es alarmante”.
La crisis en el TEPJF ofreció nuevos argumentos que apoyan la urgencia de tener un nuevo ordenamiento jurídico en la materia que dote a los organismos electorales de autonomía plena y con ello evitar confrontaciones de personajes que atienden a intereses particulares, como lo afirma el presidente de la República.
Asimismo, conforme a lo que exponen especialistas y lo exige la sociedad, es necesaria una reforma que también disminuya el costo del sistema electoral y sobre todo garantice el ejercicio de garantías fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.
RECUADROS
Metas incumplidas de la reforma electoral de 2007
| Expectativa (2007) | Realidad (2021) |
| Sistema electoral menos costoso. | Incremento de 110% del costo del sistema. |
| Mayor participación ciudadana y reducción del costo del voto. | Mismo nivel de participación ciudadana y aumento de 307% del costo del voto. |
| Acabar con la spotización de la política por tantos spots que se transmiten. | Aumento de 8,475% en el número de spots transmitidos. |
| Erradicar los conflictos poselectorales y las quejas. | Incremento de 1,335% del número de quejas e impugnaciones interpuestas ante el Tribunal Electoral. |
| Elevar el nivel del debate de las contiendas. | Ataques personales, denostaciones y acusaciones sin sustento todos los días. Además, escasas propuestas. |
| Apertura a la participación de los ciudadanos sin partido para contender por un cargo de elección. | Implementación de requisitos casi incumplibles y desventajosos con respecto de los partidos, para que los ciudadanos accedan al registro como candidatos independientes. |
| Dar certeza a las elecciones. | Desconfianza y descrédito de las autoridades electorales, con el consecuente desconocimiento de los resultados en las votaciones. |
| Empoderar al ciudadano. | Eliminación de la libertad de expresión y el derecho a la información. |
| Ampliar los derechos. | Prohibir debates en determinados periodos; prohibir la contratación de espacios en radio y televisión para emitir opiniones o críticas en temas político-electorales. |
| Fortalecer a la democracia. | Desencanto ciudadano con la democracia. |
| Profesionalizar a los órganos electorales (TEPJF e INE) para que estos a su vez den certeza en las elecciones. | Conflictos internos que generan crisis institucional y eliminan la certeza y credibilidad de sus respectivas resoluciones. |
Rechazó la extensión de mandato
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció que no aceptará extender su mandato al frente del máximo tribunal del país como lo planteó el Congreso de la Unión mediante un artículo transitorio en la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación.
“Concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el que fui electo. Seguiremos trabajando de manera incansable, queremos una justicia que sirva al pueblo de México y no a los intereses económicos o de poder”, puntualizó Zaldívar.
Asimismo, el ministro presidente defendió la referida reforma y dijo que esta requiere de una etapa larga para su plena consolidación.