La emergencia sanitaria implementada por la pandemia propicia que gobiernos de diversas naciones lleven a cabo una serie de medidas que podrían constituirse como violaciones a las garantías fundamentales: en consecuencia organismos internacionales de derechos humanos demandan a las autoridades no excederse en las medidas que aplican.
En México un considerable número de gobiernos locales también instrumentan acciones tendentes a salvaguardar la salud de la población que igual se consideran como transgresiones a los derechos básicos, situación que alerta a organizaciones ciudadanas y legisladores que a su vez exigen respeto a las garantías establecidas en la Constitución.
Si bien todos reconocen que la pandemia exige una serie de medidas de carácter sanitario es un hecho que continúan vigentes los principales instrumentos internacionales acordados por la gran mayoría de las naciones —México entre ellas— y que establecen, por ejemplo, la libertad de tránsito, así como el derecho al trabajo.
Toque de queda
Como bien sabemos las recomendaciones para disminuir los contagios tienen que ver con evitar el contacto, no salir de casa y prohibir las concentraciones masivas en sitios públicos, incluidos los ámbitos laboral, escolar y de entretenimiento.
Para garantizar que estas disposiciones se cumplan algunos gobiernos establecieron incluso el toque de queda, es decir, la prohibición a que la gente transite por las calles.
El primer país en llevar a cabo dicha disposición fue China; posteriormente la impusieron, entre otros, Ghana, Ruanda, Zimbabue, Madagascar, Senegal, Kenia, Costa de Marfil y Marruecos, naciones que establecieron multas y penas de prisión a quienes violaran la medida.
En América el único país que hasta el momento impuso la cuarentena por la fuerza es Chile.
Por lo que a México respecta el Ejecutivo federal no implementó el confinamiento obligatorio, pero diversos gobiernos estatales sí tomaron medidas extremas que prevén sanciones a quienes transiten por las calles o no usen cubrebocas.
Así, el gobierno de Aguascalientes implementó el uso obligatorio del cubrebocas en lugares como mercados, oficinas públicas, tiendas de autoservicio y transporte público, al advertir que sancionará a quienes no lo usen; en el caso de los comercios si los dependientes no lo usan la pena puede ser un arresto de 36 horas, multas de hasta diez veces la UMA (Unidad de Medida Actualizada) o la clausura.
En Michoacán se promulgó un decreto que declara el “confinamiento obligatorio” y establece que a quienes se localice en las calles sin causa justificada se les aplicarán sanciones administrativas que deberán cubrir con “trabajo comunitario”.
En el Estado de México para limitar la movilidad de la gente se estableció que solo operará 50% del transporte público: Mexibús y Mexicable y transporte concesionado.
Los gobiernos de la Ciudad de México y del Edomex establecieron el Hoy No Circula para todos los vehículos, incluyendo los que poseen hologramas 0 y 00 del programa de verificación.
En Coahuila también se anunciaron multas a quienes transiten por las calles sin una causa justificada.
Tabasco estableció que en los vehículos particulares solo podrán ir dos personas, en tanto que se determinó que el transporte público únicamente operará hasta las 19:00 horas y los supermercados y establecimientos esenciales cerrarán a las 18:00.
En Chihuahua también se estableció que no pueden viajar más de dos personas en un vehículo o de lo contrario los ciudadanos se harán acreedores a una multa con valor de cuatro a seis UMA.
De acuerdo con el estudio El respeto a los derechos humanos ante la emergencia, elaborado por el Senado de la República, en Yucatán se estableció el toque de queda “sin que las autoridades tengan facultad para declarar el estado de excepción”.
También señala que en Hermosillo, Sonora, y otros seis municipios de esa entidad se decretó el toque de queda.
Cabe recordar que en todo el país están cerrados espacios recreativos, escuelas, bibliotecas, teatros, cines, oficinas públicas, buena parte de los centros de trabajo, salones de fiestas y establecimientos comerciales que a juicio de las autoridades tienen “actividades no esenciales”.
En fin, “es clara la tendencia de imponer medidas de distanciamiento más radicales entre las autoridades locales y regionales, a pesar de que esa facultad es exclusiva del Ejecutivo federal”, indica el estudio del Senado.
Llamada de atención
António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sostiene que la pandemia “es una crisis de salud pública que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”.
Al respecto agrega: “En un contexto de etnonacionalismo, populismo y autoritarismo en aumento, al tiempo que se produce un retroceso en los derechos humanos en algunos países la crisis puede servir de pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia. Y esto es inaceptable”.
La titular de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, deploró a su vez las denuncias de que en diversas partes del mundo “las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva, e incluso letal, para obligar a la población a cumplir las reglas de confinamiento y los toques de queda”.
Añadió que “disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable”.
En este sentido sugirió que “las medidas excepcionales o los estados de emergencia se sometan a la supervisión del Parlamento, el Poder Judicial y la opinión pública” y que las penas impuestas por su transgresión no se apliquen de manera arbitraria o discriminatoria.
También la organización Human Rights Watch recomienda a los gobiernos “evitar las restricciones radicales y excesivamente generales sobre el movimiento y la libertad personal, y solo adoptar restricciones obligatorias cuando esté científicamente justificado y sea necesario y cuando puedan garantizarse mecanismos de apoyo para los afectados”.
Finalmente, en México, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los gobiernos locales a respetar el marco constitucional y no excederse en la aplicación de medidas para combatir la pandemia.