Ciudad de México, a 3 de febrero. Con la participación de especialistas y funcionarios, este jueves se llevó a cabo el Foro 13: “Aspectos constitucionales y legales de la propuesta de reforma eléctrica”, del parlamento abierto sobre la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo Federal.
Georgina Velasco Zanella, consejera jurídica y de servicios legales de la CFE, dijo estar a favor de la reforma porque el Estado será responsable de preservar la seguridad y la autosuficiencia energética y garantizar la seguridad nacional y los derechos humanos.
El Estado conducirá el sistema eléctrico nacional y planificará su manejo, porque la CFE sí garantiza la disponibilidad ininterrumpida del suministro eléctrico de calidad y la flexibilidad operativa y capacidad de reacción inmediata ante las condiciones de demanda, contingencias por fenómenos naturales y respaldo de energías intermitentes.
La iniciativa, continuó, establece que la CFE participe con el 54 % de la energía requerida en el país y que el sector privado lo haga con el 46 %, lo que es acorde con el sistema de economía mixta que mandata la Constitución. Sostuvo que la reforma de 2013 destruyó el sistema de planeación del sistema eléctrico nacional y provocó un peligro real de la balcanización de las redes porque permite que los generadores privados se conecten en cualquier lugar del territorio nacional.
En contra, Carlos Rodríguez Sámano, abogado especialista en derecho energético, señaló que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la energía más barata que la CFE tiene es aquella que proviene de los productores independientes, siendo que estos producen electricidad a un costo mucho menor y que la iniciativa de reforma propone la cancelación de todos sus contratos y permisos; “las consecuencias serían graves para los hogares y negocios que necesitan una energía confiable, a menores costos y menos contaminantes”.
Enfatizó que la iniciativa pone en entredicho principios legales que dan certeza y seguridad jurídica al presente y futuro de México; las afectaciones tocan áreas esenciales para el país.
Precisó que se trastocan garantías y principios constitucionales de legalidad, debido proceso, seguridad, salud y derecho a un medio ambiente sano y certeza jurídica, así como el principio de irretroactividad de la ley. Afirmó que la iniciativa no sólo afecta los generadores privados, sino que crea incertidumbre en cualquier inversión extranjera o nacional para mejorar la infraestructura o instalación de plantas productivas.
Estado asuma la rectoría del sector
A favor, Eduardo Andrade Sánchez, director general de Profesiones de la SEP, estimó que el Estado mexicano es quien debe regir los aspectos estratégicos y funciones básicas como el abastecimiento de electricidad, el cual no debe estar en manos de privados. “Es fundamental retomar el modelo orientado al beneficio social y no a la ganancia particular”.
Explicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pierde dinero por las transferencias que realiza a las empresas privadas desde que se aprobó la reforma de 2013. Tiene que pagar, de manera injustificada, más de 400 mil millones de pesos al sector privado. Por estos motivos, dijo, es necesario que el Estado asuma la rectoría del sector eléctrico.
En contra, Raúl Pérez Johnston, abogado constitucionalista, consideró necesario que se analicen los impactos negativos que trae consigo la reforma. Dijo que la rectoría del sector eléctrico nunca ha estado comprometida; sin embargo, si se llega a aprobar el proyecto en sus términos generará más daños que beneficios.
Se debe hacer un análisis hacia dónde queremos ir como país y si vale la pena que con esta reforma, a través de la priorización de la generación de energías no limpias, se ponga en riesgo el miedo el medio ambiente, el cambio climático y la vida de las y los mexicanos. “Afectará distintos derechos fundamentales y generará millonarias indemnizaciones”, advirtió.