El próximo 1 de agosto se instalarán en el país 57 mil casillas receptoras de los votos de la llamada Consulta Popular, un ejercicio democrático al que la sociedad denomina de manera coloquial como “el juicio contra los expresidentes”.
Promotor de esta consulta, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa la democracia participativa para juzgar a actores políticos de pasadas administraciones.
Es importante para la ciudadanía conocer cómo puede participar, cuál es la pregunta que se formulará, cómo y quiénes contarán los votos, qué efectos legales tendrá el resultado y por qué es relevante su participación.
Será la primera ocasión en la historia del país en la que se pregunte a los mexicanos su opinión sobre un asunto público y que el resultado de su sentir deba tomarlo en cuenta obligatoriamente la autoridad.
La jornada y el resultado
El próximo domingo 1 de agosto el Instituto Nacional Electoral (INE), con la participación de alrededor de 285 mil ciudadanos que se desempeñarán como funcionarios de las mesas receptoras, llevará a cabo una Consulta Popular en el país. Para ello instalará 57 mil casillas y cada una contará con hasta dos mil boletas.
La consulta se define como “un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público”.
En este caso el referido ejercicio de participación pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que se lleven a cabo acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado.
De manera específica, la pregunta que se someterá a consideración del electorado luego de que la SCJN modificó la propuesta originalmente por AMLO es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
De hecho la papeleta contendrá: 1. Una breve descripción del tema; 2. la referida pregunta; 3. cuadros para votar “Sí” o “No”; y, 4. la entidad, distrito y municipio donde se emite el voto.
Para participar es necesario acudir a la casilla respectiva en un horario de ocho de la mañana a seis de la tarde.
La autoridad electoral colocará anuncios y carteles para que la ciudadanía ubique la mesa receptora en la que podrá emitir su voto. También habilitará en su página de internet un sistema de búsqueda similar a “Ubica tu casilla” que se habilitó para las elecciones del 6 de junio pasado, una vez que se defina la integración definitiva, a más tardar este 16 de julio.
Será necesario presentar la credencial para votar con fotografía vigente, recordando que las credenciales que vencieron en 2019 y 2020 mantienen su vigencia precisamente hasta el 1 de agosto.
Las mesas receptoras las integrarán ciudadanos que fueron funcionarios de casilla en las elecciones del 6 de junio. Ellos recibirán capacitación específicamente para contar las papeletas en la Consulta Popular.
El cómputo de las actas lo realizarán las juntas distritales (300 distribuidas en el país) del INE a partir de la llegada del primer paquete desde las mesas receptoras a la sede de cada una de ellas. El conteo concluirá hasta que se reciba y compute el último paquete.
Durante las 48 horas siguientes a la conclusión de los cómputos distritales el secretario ejecutivo del INE dará a conocer el resultado al Consejo General del propio instituto.
El Consejo General realizará el cómputo total y emitirá la declaratoria de resultados 72 horas después de que el secretario ejecutivo le proporcione la información de los cómputos distritales.
Los resultados finales del cómputo nacional se darán a conocer una vez transcurrido el periodo para impugnaciones y, en su caso, ya resueltas las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Asimismo, el Consejo General del INE se encargará de dar a conocer los resultados finales de la Consulta Popular y de informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los resultados serán vinculatorios para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales en caso de que el INE indique que la participación total en la Consulta Popular sea de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores; esto es, alrededor de 37 millones de personas.
Dichos resultados de la Consulta Popular se difundirán en distintos momentos mediante la página de internet del INE, redes sociales institucionales y en el Diario Oficial de la Federación.
La Consulta Popular contará con observadores acreditados por el INE, pero no con representantes de partidos políticos presentes en las mesas receptoras de votación.
Respecto de la observación está previsto que las solicitudes de acreditación pueden presentarse hasta el 15 de julio.
No habrá un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ni ejercicios de conteo rápido; sin embargo, los cómputos distritales se efectuarán desde la misma noche de la jornada del 1 de agosto conforme lleguen los paquetes a las 300 juntas distritales del INE y se habilitará un micrositio donde la ciudadanía podrá dar seguimiento en tiempo real a los cómputos.
Promotor
El 15 de septiembre de 2020 el presidente de la República envió al Senado la solicitud para realizar “una Consulta Popular sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y de acuerdo con el debido proceso, a los expresidentes que gobernaron México desde 1988 a 2018”.
López Obrador expuso entonces que se trataba de “un ejercicio de democracia participativa” y solicitó a los legisladores analizar la petición.
Asimismo, dio a conocer la pregunta que propuso: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
Además, en aquel entonces sugirió que la consulta se llevara a cabo en la jornada electoral del pasado 6 de junio.
En diversos pronunciamientos durante el último trimestre de 2020 el jefe del Ejecutivo federal insistió en que la consulta se realizara el mismo día de las elecciones intermedias.
La propuesta del presidente, con apoyo de los legisladores de Morena, no prosperó debido a que los senadores de oposición la rechazaron y en consecuencia se estableció que la consulta se realice el próximo 1 de agosto.
En marzo pasado el INE solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una ampliación presupuestal del orden de los 890 millones de pesos para organizar la Consulta Popular.
La dependencia negó los recursos al instituto y este presentó una controversia constitucional ante la SCJN a fin de que se le autorizara la ampliación presupuestal que pretendía. Argumentó que en la convocatoria sobre la consulta emitida por el Congreso de la Unión este debió establecer la entrega de recursos adicionales al INE para la organización de la misma.
El pasado 9 de junio la Primera Sala de la SCJN determinó que “no existe ni constitucional ni legalmente una obligación dirigida al Congreso de la Unión para que al emitir el decreto que contiene la convocatoria a la Consulta Popular establezca o determine los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular”.
De esta manera, la Sala consideró “inexistente la omisión reclamada por el instituto y por tanto infundados los conceptos de invalidez planteados”.
Una vez que conoció de la resolución de la Suprema Corte, el INE expresó que “es respetuoso de las decisiones tomadas por los órganos del Estado mexicano y acata el sentido de las mismas”.
El presidente López Obrador criticó en diversas ocasiones la actitud de algunos consejeros del INE en el sentido de requerir más recursos para la consulta: “Ya es un deporte nacional echarle la culpa a la austeridad para que el INE no pueda garantizar la instalación de casillas para la consulta”.
Además, reprochó que no den la debida difusión a la consulta: “Los consejeros del INE ganan más que el presidente y no hay dinero para lo fundamental: gastan en viáticos, buenos restaurantes y vinos y no alcanza para que se tenga la posibilidad de conocer la opinión de la gente”.
Reproches mutuos
La confrontación entre Morena y la oposición en el tema de la consulta se centra en que el partido en el poder exige más difusión para que la gente participe, en tanto que los opositores descalifican el ejercicio.
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, exhortó al INE a no obstaculizar la consulta: “Desde el Congreso de la Unión, Morena junto con miles de ciudadanos impulsó la reforma constitucional de consulta popular para vivir en una auténtica democracia y darle poder al pueblo. Sin embargo, a la autoridad electoral no le gusta, obstaculiza este ejercicio en lugar de promover la participación de la gente”.
Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, recordó que “es importante que los ciudadanos expresen su opinión y contribuyan para que en el país haya justicia por delitos en los que pudieron haber incurrido durante su gestión los expresidentes”.
Agregó: “Como nunca en la historia de México hoy el pueblo tiene un enorme peso en las decisiones y debemos aprovechar este importante momento”.
Del lado de los opositores, las críticas a la consulta se produjeron en diversos sentidos.
Por ejemplo, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados expuso que en la consulta se debería preguntar también si la gente quiere que se juzgue al actual gobierno federal por sus decisiones en el combate al Covid-19, así como por las deficiencias en la construcción de la Línea 12 del Metro.
Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, llamó a la ciudadanía a que “no vaya a convalidar la farsa de la Consulta Popular”.
Abundó: “Que se queden solos con su circo y demagogia. La consulta le costará al país 500 millones de pesos ¿Dónde queda la llamada austeridad republicana?”
A juicio del perredista se trata “de una necedad”. Y se preguntó: “¿Por qué no mejor se destina ese presupuesto para adquirir el medicamento que miles niños del país necesitan para combatir el cáncer? El presidente usa esta consulta para que la atención pública no se centre en los funcionarios corruptos que solapa en su gabinete”.
A su vez, el expresidente Vicente Fox instó a la población a no votar en la consulta: “No nos prestemos a esta farsa. Ya los juzgaremos por tirar nuestro dinero a la basura. Ya ‘chole’, ya aburres con tu cantaleta, López. La consulta es una verdadera ‘jalada’. Además, en ningún lado habla de expresidentes”.
La senadora Lilly Téllez aseguró que el partido en el poder ya sabe que la ciudadanía quiere justicia: “La gente que votó por López Obrador estaba diciendo ‘sí’ al juicio a los expresidentes. Ya saben que la gente sí quiere, pero les da miedo. Por eso la echan (a la gente) por delante. No se dan cuenta de que ustedes están en el poder. No se dan cuenta de que son ustedes los responsables de que no haya juicio a expresidentes”.
El pueblo manda
El exministro de la SCJN, José Ramón Cossío, compartió “algunas dudas” que tiene sobre la consulta: “¿Cuáles son las acciones pertinentes que se pueden tomar? ¿Son carpetas de investigación, juicios políticos? ¿A qué periodo del pasado alude la pregunta? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo se va a ejercer justicia en esos temas?”
A su juicio, la pregunta planteada tiene un problema: “¿Qué van a entender las autoridades en caso de que se obtenga una condición vinculante?”, es decir, “¿qué acciones emprenderán las autoridades si participan los 37 millones de ciudadanos y la mayoría vota por el Sí?”
Por su lado, al invitar a la ciudadanía a participar en la consulta el presidente López Obrador expresó: “Es un procedimiento inédito, democrático, que tiene mucha fortaleza política y moral. No es un asunto solo jurídico: es condenar a malos gobiernos y ayudar a la no repetición, porque antes los gobernantes abusaban, había autoritarismo y represión, imperaba la corrupción y no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa”.
Entonces, añadió, “que la gente pueda juzgar: eso es la democracia. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano, el pueblo es el que manda”.
Reiteró el mandatario que él no participará en la consulta: “Si votara lo haría en contra de estos juicios porque se tiene que ver hacia adelante”.
Y concluyó: “Independientemente de si se llega o no se llega al porcentaje de participación requerido, es un ejercicio democrático de primer orden”.
Debate jurídico
Ministro Arturo Zaldívar, en contra de declarar inconstitucional la pregunta de la consulta porque:
Se establece en la Constitución la Consulta Popular como un medio participativo de gran alcance, diseñado para integrar a todas las personas al debate público y hacer posible una ciudadanía robusta y plural.
La finalidad es involucrar a la población en el proceso de toma de decisiones, generando canales de comunicación entre el pueblo y el poder público para permitir que opiniones sociales que normalmente no serían escuchadas tengan voz.
Es un instrumento que devuelve el poder a la ciudadanía para manifestarse sin intermediarios.
Se busca transitar hacia un modelo de democracia más plural e incluyente que permita conocer la percepción de la ciudadanía y tomarla como insumo para el diseño de la política de Estado.
Debate jurídico
Ministro Luis María Aguilar, a favor de declarar inconstitucional la pregunta de la consulta porque:
Condiciona la eficacia y validez de los derechos humanos y sus garantías a lo que determina un sector de la población en una consulta pública.
Toda persona, como las autoridades del Estado mexicano, está obligada a denunciar cualquier hecho y, con ello, a que se lleven a cabo las investigaciones para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona, así sea un expresidente.
Las violaciones a la presunción de inocencia pueden generar la ilicitud de pruebas o la inconstitucionalidad de todo el proceso. La consulta puede viciar los procesos penales en curso y los futuros, lo que imposibilitaría que los jueces se pronuncien sobre la responsabilidad penal de esos delitos y de existir tales delitos quedarían impunes.
Numeralia
• La votación se llevará a cabo de ocho de la mañana a seis de la tarde.
• Se instalarán 57 mil mesas receptoras en el país.
• Cada casilla tendrá dos mil boletas para votar.
• Participarán como funcionarios de las mesas receptoras 285 mil ciudadanos.
• Es necesaria la participación de al menos 40% de los inscritos en la Lista Nominal de electores para que el resultado sea vinculante para la autoridad.
• La Lista Nominal se conforma por 93 millones 439 mil 999 ciudadanos (con corte al 25 de junio).
• El costo de la organización de la consulta es de alrededor de 500 millones de pesos.
• Se transmitirán 377 mil 606 spots sobre la consulta entre el 15 de julio y el 31 del mismo mes.
• Un total de tres mil 492 emisoras (radio y televisión) transmitirán los spots.