La crisis reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como producto de la confrontación entre los magistrados de la Sala Superior, así como las cuestionadas resoluciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), son señales que indican la necesidad de renovar los órganos de dirección de ambos organismos.
Así lo aseguran el presidente Andrés Manuel López Obrador, los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, y la dirigencia nacional de ese partido que será la primera fuerza en la próxima LXV Legislatura del Congreso de la Unión y en 19 Congresos locales.
Pero más allá de la posición política del régimen morenista es un hecho que durante 14 años expertos en la materia, comunicadores, organizaciones ciudadanas, grupos empresariales e incluso asociaciones internacionales de medios de comunicación han demandado una nueva normatividad electoral que avale el ejercicio de las garantías individuales, en particular el derecho a la información y la libertad de expresión.
Recuento
Un reciente estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado señala que en la LXIV Legislatura, que está por terminar, hasta el 16 de junio de 2021 se presentaron 453 iniciativas en materia político-electoral (289 en la Cámara de Diputados y 164 en el Senado).
El estudio destaca que un tema que tuvo un considerable número de propuestas se refiere al fortalecimiento de los mecanismos de democracia directa: “Hasta el 16 de junio se habían presentado 26 iniciativas para flexibilizar y facilitar la realización de consultas populares, nueve para regular la revocación de mandato, cinco para incorporar la figura del referéndum y cuatro más para instituir el plebiscito en nuestro país”.
Indica que otro tópico recurrente y que seguramente cobrará más fuerza con la iniciativa presidencial, es la disminución del financiamiento público de los partidos políticos: “Hasta el momento se presentaron formalmente 33 iniciativas que proponen distintas fórmulas para reducir el presupuesto público que se destina a los partidos políticos. Cabe destacar que este tema ya se discutió y desechó en la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 12 de diciembre de 2019, al no reunir la mayoría calificada que se requería para poder modificar el artículo 41 constitucional. Además de los partidos de oposición votaron contra este dictamen las bancadas del PT y el PVEM, ambos aliados del partido en el gobierno”.
El fracaso de la reforma para disminuir el financiamiento de los partidos en la Cámara de Diputados en diciembre de 2019 “augura que no será fácil aprobarla en la Legislatura que está por comenzar, pese a ser una de las iniciativas más reiteradas y con mayor popularidad en la opinión pública”.
Son varias las propuestas de los expertos y algunos legisladores para disminuir el financiamiento público a los partidos:
1. Reducir 50% el financiamiento para actividades ordinarias y 50% el gasto para campañas electorales.
2. Disminuir 50% el financiamiento para actividades ordinarias solo en los años sin elecciones.
3. Reducir 100% el financiamiento para actividades ordinarias en los años sin elecciones.
4. Disminuir por completo el financiamiento público a las fuerzas políticas con o sin procesos electorales y que cada una busque sus fuentes de financiamiento, siempre bajo la supervisión de las autoridades correspondientes para evitar que se capte dinero de procedencia ilícita.
Por otro lado, el estudio resalta que nueve iniciativas presentadas “proponen acotar las competencias y facultades del Consejo General del INE o bien modificar la integración o duración de los cargos de los consejeros”.
Asimismo, refiere que otra propuesta que ganará trascendencia es la desaparición o disminución de los legisladores electos por el principio de representación proporcional: “Hasta la fecha se presentaron seis iniciativas relacionadas con la representación proporcional, aunque con planteamientos encontrados, pues algunas proponen aumentar el número de escaños plurinominales a fin de favorecer una representación más exacta de la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas”.
Sin duda alguna, indica, “la viabilidad de la siguiente reforma político-electoral dependerá de la construcción de acuerdos en un Congreso sin mayorías. Por lo mismo se antoja difícil que prospere la eliminación de la representación proporcional, porque para ello se requeriría que los partidos minoritarios voten a favor de una medida que pondría en riesgo su sobrevivencia en el futuro”.
Asimismo, el documento expone: “Un tema que podría retomarse en el marco de la discusión sobre el costo de las elecciones es la adopción del voto electrónico, un mecanismo ensayado por la autoridad electoral en los últimos años, pero que ha carecido de una legislación que le permita seguir desarrollándose con certidumbre y con la aceptación de los actores políticos”.
Spotiza
El estudio que elaboró César Alejandro Giles Navarro señala algunos temas que podrían retomar el Congreso en la discusión de la siguiente reforma político-electoral.
Por ejemplo, “el aumento del umbral de votos requeridos por la ley para que un partido conserve su registro, la instauración de la segunda vuelta en elecciones presidenciales y/o de gubernaturas y la sanción del uso de programas sociales con fines electorales”.
Además, resalta que “una de las ausencias más notables en el debate actual es la revisión al modelo de comunicación política vigente”, el cual “obliga a la trasmisión gratuita de millones de spots de los partidos políticos”.
El caso es que mientras en las elecciones de 2006 los partidos transmitieron apenas 704 mil spots cuando tenían que pagar por ellos, una vez que los spots fueron gratuitos se multiplicaron exponencialmente.
Así, en 2012 el número de spots fue de 43.7 millones de 2012 (ya con la reforma electoral aprobada y los spots gratuitos); en 2018 ascendió a 59.7 millones; y en el proceso electoral 2020-2021 se transmitieron 55.4 millones de spots en tres mil 431 operadoras de radio y de televisión.
Organizaciones sociales, periodistas, constitucionalistas, académicos, trabajadores de la industria de la radio y la televisión, representantes de organismos internacionales e incluso algunos dirigentes partidistas y legisladores demandan acabar con la spotiza. Una exigencia que cumple 14 años en este 2021.
En consecuencia, señala el estudio del Senado, se esperaría que en la próxima Legislatura se propongan nuevas reglas para eliminar el número de spots que transmiten los partidos, permitir la contratación de espacios en radio y televisión para hablar de temas políticos y garantizar que todos ejerzan su libertad de expresión y su derecho a la información.
También sobre el modelo de comunicación política se critica la prohibición para que los particulares e incluso los propios candidatos puedan contratar espacios en radio y televisión para emitir sus opiniones sobre temas políticos o electorales.
Además, existe la prohibición para que los servidores públicos hablen sobre temas políticos o de campaña durante el desarrollo de los procesos electorales, situación que a juicio de los expertos viola garantías fundamentales como el derecho a la información y la libertad de expresión.
Para reconocidos constitucionalistas la normatividad electoral contradice lo establecido en la propia Constitución General en su artículo 6: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Ahora bien, los procesos electorales en México tienen como una de sus principales características un fenómeno denominado “litigiosidad”. Esto es: la considerable cantidad de denuncias que los partidos interponen unos contra otros o bien las impugnaciones de las fuerzas políticas contra las resoluciones del INE.
Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), explica que este fenómeno es producto, por un lado, de que “las elecciones son cada vez más competidas” y, por otro, de que “la actual normatividad estimula a poder quejarse o impugnar los resultados en las urnas”.
Al respecto María Marván Laborde, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exconsejera del IFE, asegura que el sistema político-electoral tiene grandes restricciones y cargas administrativas, lo que ha derivado en una alta litigiosidad. “El litigio es parte de la estrategia de los partidos, da visibilidad mediática y arranca con las elecciones donde los partidos y candidatos suman una serie de quejas que se van resolviendo, para que al final se pueda decir: la elección fue inequitativa, por lo tanto no debería proceder la elección”.
Laura Chichilla, exintegrante de la Misión de Observación Electoral de la OEA, sostiene que tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales padecen de una sobrecarga de trabajo. Por ello recomienda que “se revise la legislación, de manera que no se generen incentivos a la excesiva litigiosidad”.
Coinciden los expertos en que es urgente simplificar la normatividad en materia electoral para que de alguna manera se desincentive la litigiosidad, así como también para generar ahorros ya que los tribunales electorales, áreas de fiscalización de gastos y sistemas de monitoreos de medios de comunicación demandan considerables recursos humanos y materiales.
¿Es muy exagerado nuestro sistema normativo? Pues… Incluye a la Constitución General de la República (32 constituciones locales); Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley General en Materia de Delitos Electorales; Ley General de Partidos Políticos.
Además: Reglamento de Elecciones; Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; Reglamento de Sesiones del Instituto Nacional Electoral.
Y hay más: Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres; Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, entre otras leyes y reglamentos a los que se suman diversos acuerdos que emiten las autoridades electorales.
Para Giles Navarro es un hecho que “ante la dificultad de alcanzar consensos en torno de las cuestiones que generan posturas políticas encontradas, la LXV Legislatura podría avanzar en temas menos espinosos como la adopción del voto electrónico, la reglamentación de la reelección legislativa, la flexibilización del modelo de comunicación política, entre otros temas que podrían dar forma a la siguiente reforma político-electoral en nuestro país”.
El autor concluye que “la viabilidad de la próxima reforma dependerá del diálogo y voluntad de los diferentes actores políticos”.
A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se refirió a la necesidad de aprobar una nueva reforma electoral.
En un mensaje expuso: “Estoy en las revisiones finales de un proyecto de una iniciativa en materia de reforma constitucional en materia electoral”.
Organismos en crisis
Durante el desarrollo de las campañas electorales el Consejo General del INE resolvió en diferentes momentos qué pronunciamientos de los servidores públicos —entre ellos el presidente de la República y los gobernadores— sobre temas políticos o electorales representaban una violación a la ley en la materia.
Esto motivó una serie de impugnaciones ante el TEPJF cuyos magistrados de las diversas salas —Superior y Regionales— unas veces resolvían a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información y otras, en cambio, determinaban que los servidores públicos violaron la ley por hablar sobre temas políticos durante el desarrollo de las campañas.
Dicha “conflictividad” y “litigiosidad” electoral —como la califican los expertos— llevó a diversos actores políticos, entre ellos el presidente de la República, a plantear la necesidad de contar con una nueva normatividad en la materia que avale el ejercicio de garantías fundamentales como el derecho a la información y la libertad de expresión.
Asimismo, comenzó a plantearse la posibilidad de renovar “por completo” los órganos de dirección del INE y el TEPJF, es decir, remover a todos los consejeros y magistrados electorales, respectivamente, para nombrar nuevos y que estos garantizaran autonomía respecto de “la partidocracia”, a decir del primer mandatario.
Luego de la sesión del 4 de agosto de la Sala Superior del TEPJF en la que cinco magistrados votaron por destituir de la presidencia de ese órgano jurisdiccional a José Luis Vargas, el presidente de la República reiteró su llamado a reformar no solo al tribunal sino también al INE.
Señaló el primer mandatario: “Hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición, de ahí la necesidad de reformar tanto al INE como al propio tribunal”.
El jefe del Ejecutivo aclaró que él no intervendría en dicha situación que se presentó en el Tribunal Electoral y que, de hecho, su gobierno se ha distinguido por no interferir en los asuntos internos de los otros poderes o los organismos autónomos: “No, no. No me meto a eso porque es politiquería. Yo no estoy para eso, nada más que esto ayuda a comprender el nivel de descomposición que existe en este organismo, en esta institución y de por qué es necesaria una reforma. Esto es un corolario de una serie de decisiones que se han tomado contra la democracia”.
Aseveró el mandatario que el Instituto Nacional Electoral también presenta signos negativos y debe ser transformado en bien de la democracia: “El INE es otro caso que agrava la situación. Creo que le incluye dolo a sus resoluciones”.
Entonces, dijo, “sí es una situación grave, lo cual amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos, el INE y el TEPJF. ¡Además, lo que cuestan! Los consejeros y magistrados electorales ganan como dos, tres veces más que yo y están colmados de atenciones, de privilegios. Esto es un pendiente del antiguo régimen autoritario, corrupto. Es lo que se heredó, pero ya es tiempo de que las cosas cambien”.
Frankenstein
Días después de la Consulta Popular del 1 de agosto el presidente criticó lo que a su juicio fue una deficiente actuación del INE en este ejercicio democrático. “Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócratas”, aseveró.
Abundó al respecto: “Se pudo haber extendido el número de casillas por todo el país. No es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, del pueblo. Pero no, ni se hablaba del tema. No querían nada. Y los medios, silencio por completo. Solo unos medios excepcionales le dieron difusión: ‘Tengan para que aprendan’, les dijeron a los otros medios”.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo reiteró que es necesario reducir los costos de los procesos electorales porque “tenemos un aparato electoral que es el más costoso del mundo, pero eso no significa que tengamos una democracia consolidada. Entonces, hay que seguir adelante y yo espero que heredemos a las nuevas generaciones un auténtico sistema político democrático”.
Y apenas superado el tema de la designación de un nuevo presidente del TEPJF nuevas resoluciones de este órgano jurisdiccional avivaron el debate sobre la necesidad de remover a los integrantes de su Sala Superior.
Entre el 10 y el 13 de agosto el TEPJF resolvió revocar el triunfo de candidatos de Morena a diputados en tres distritos electorales federales: el 01 de Baja California Sur, 03 de Nuevo León y 03 de la Ciudad de México.
Al revertir los triunfos de los morenistas estos distritos se asignaron a candidatos del PAN. Y de nuevo vino la reacción del presidente de la República y de los dirigentes y legisladores de Morena.
Al respecto, el 16 de agosto el jefe del Ejecutivo federal recordó que presentará una iniciativa de reforma en materia electoral: “Están muy mal tanto el INE como el TEPJF”.
Puntualizó que en la iniciativa se planteará la destitución de todos los consejeros electorales y magistrados electorales: “Sí, cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí: tiene que haber un cambio. No es un asunto personal: es que no han estado a la altura de las circunstancias”.
Añadió que “debemos dejar establecida una auténtica democracia en el país: nosotros tenemos ese compromiso. Si luchamos durante años para hacer valer la democracia ¿cómo es que llegamos y dejamos lo mismo? Esto significará aceptar que el tribunal esté al servicio de la partidocracia, de los que los pusieron, de los que nombraron a sus integrantes. Los partidos crearon esto, este Frankenstein a imagen y semejanza de sus intereses”.
Protagonismo
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la descomposición por la que atraviesa el TEPJF es consecuencia de la relación de “complicidades, corrupción y pago de favores que existe entre los magistrados y los partidos de la mafia de la corrupción”.
Recordó que en 2016 “gracias al voto de los legisladores ‘prianistas’ el Congreso aprobó que cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF tuvieran una ampliación de su mandato y no pudieran ser renovados en la siguiente administración, es decir, la que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador”.
En consecuencia, afirmó el dirigente morenista, “se corrompió el tribunal, pues sus integrantes obedecen a quienes de manera ilegal les ampliaron el plazo como magistrados”.
Abundó: “La descomposición que vive el tribunal es producto de este regalo que el PRI y el PAN les dieron a los magistrados electorales para tenerlos como incondicionales. Y como pago, los magistrados en diferentes ocasiones han beneficiado a los partidos del viejo régimen, a sus jefes”.
Para Delgado está claro que “la única manera de que sigamos avanzando en nuestra democracia es que se lleve a cabo una reforma electoral que renueve las instituciones, termine con las cuotas partidistas y los amiguismos, pero sobre todo que traiga consigo magistrados y consejeros honestos e imparciales”.
Lo cierto es que cada vez crece más el consenso en el sentido de aprobar una nueva normatividad electoral que acabe con los millones de spots gratuitos que transmiten los partidos en radio y televisión, reduzca el costo de las campañas y sobre todo garantice a los mexicanos el ejercicio pleno del derecho a la información y a la libertad de expresión.
Reformas político-electorales
| Año de aprobación | Cambios relevantes |
| 1977 | Reconoció a los partidos como entidades de interés público. Introdujo el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, las legislaturas locales y los ayuntamientos. Estableció que la Cámara de Diputados estaría conformada por 400 diputados (300 de mayoría relativa y 100 plurinominales). |
| 1986 | Incrementó de 100 a 200 el número de diputados plurinominales. |
| 1990 | Creó el Instituto Federal Electoral como órgano del Estado encargado de la función electoral. Definió las bases para la organización de las elecciones con la participación de los partidos y de los ciudadanos. |
| 1993 | Estableció las bases para el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Consagró al Tribunal Federal Electoral como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Aumentó de 64 a 128 el número de senadores. |
| 1994 | Creó la figura de consejeros ciudadanos del IFE electos por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. |
| 1996 | Reguló el financiamiento público a los partidos políticos. Creó el TEPJF. Estableció el tope de 8% de sobrerrepresentación en el Congreso. |
| 2007 | Estableció la renovación escalonada de consejeros electorales. Impuso un modelo de comunicación política caracterizado por la prohibición a los partidos, candidatos y particulares para contratar espacios en radio y televisión con el fin de difundir mensajes de índole político o electoral. |
| 2012 | Estableció la consulta popular e iniciativa ciudadana. Reconoció las candidaturas independientes. |
| 2014 | Creó el Instituto Nacional Electoral. Estableció la reelección consecutiva de senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. |
Fuente: Instituto Belisario Domínguez del Senado
Metas incumplidas de la reforma electoral de 2007
| Expectativa (2007) | Realidad (2021) |
| Sistema electoral menos costoso. | Incremento de 110% del costo del sistema. |
| Mayor participación ciudadana y reducción del costo del voto. | Mismo nivel de participación ciudadana y aumento de 307% del costo del voto. |
| Acabar con la spotización de la política por tantos spots que se transmiten. | Aumento de 8,475% en el número de spots transmitidos. |
| Erradicar los conflictos poselectorales y las quejas. | Incremento de 1,335% del número de quejas e impugnaciones interpuestas ante el Tribunal Electoral. |
| Elevar el nivel del debate de las contiendas. | Ataques personales, denostaciones y acusaciones sin sustento todos los días. Además, escasas propuestas. |
| Apertura a la participación de los ciudadanos sin partido para contender por un cargo de elección. | Implementación de requisitos casi incumplibles y desventajosos con respecto de los partidos, para que los ciudadanos accedan al registro como candidatos independientes. |
| Dar certeza a las elecciones. | Desconfianza y descrédito de las autoridades electorales, con el consecuente desconocimiento de los resultados en las votaciones. |
| Empoderar al ciudadano. | Eliminación de la libertad de expresión y el derecho a la información. |
| Ampliar los derechos. | Prohibir debates en determinados periodos; prohibir la contratación de espacios en radio y televisión para emitir opiniones o críticas en temas político-electorales. |
| Fortalecer a la democracia. | Desencanto ciudadano con la democracia. |
| Profesionalizar a los órganos electorales (TEPJF e INE) para que estos a su vez den certeza en las elecciones. | Conflictos internos que generan crisis institucional y eliminan la certeza y credibilidad de sus respectivas resoluciones. |
En la mira
Instituto Nacional Electoral
Consejero Conclusión del cargo
Lorenzo Córdova Vianello Abril de 2023
Adriana Favela Herrera Abril de 2023
Ciro Murayama Rendón Abril de 2023
José Roberto Ruiz Saldaña Abril de 2023
Dana Paola Ravel Cuevas Abril de 2026
Beatriz Claudia Zavala Pérez Abril de 2026
Jaime Rivera Velásquez Abril de 2026
Norma Irene de la Cruz Magaña Julio de 2029
Uuc-Kib Espadas Ancona Julio de 2029
Claudia Astrid Humphrey Jordan Julio de 2029
José Fernando Faz Mora Julio de 2029
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Magistrado Conclusión del cargo
*Indalfer Infante Gonzales Octubre de 2023
*José Luis Vargas Valdez Octubre de 2023
**Felipe Fuentes Barrera Octubre de 2024
**Reyes Rodríguez Mondragón Octubre de 2024
***Felipe de la Mata Pizaña Octubre de 2025
***Janine Otálora Malassis Octubre de 2025
***Mónica Aralí Soto Fragoso Octubre de 2025
*Se les designó para un periodo de tres años que concluía en 2019.
**Designados para un periodo de seis años que concluiría en 2022.
***Nombrados para un periodo de nueve años que concluye en 2025.