México, 9 de diciembre de 2020.- Con el objetivo de analizar y enriquecer la iniciativa de reforma en materia de subcontratación, el llamado outsourcing, que el Ejecutivo envió en semanas anteriores al Poder Legislativo a fin de ordenar este mecanismo que ha derivado en abusos a los derechos de los trabajadores, afectaciones a la Hacienda pública y competencia desleal, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con representantes de los sectores empresarial y obrero.
“Hemos decidido, después de solicitudes de diálogo y de consulta que hizo el sector empresarial y también el sector obrero, que se inicie un proceso para llegar a un acuerdo sobre dos temas: subcontratación y reparto de utilidades, escuchándonos todos, poniendo por delante siempre el interés general, en este caso, en beneficio de los trabajadores, de las empresas, en beneficio del desarrollo del país”, explicó.
Tras la suscripción del documento, dijo el mandatario, podrá discutirse la iniciativa mejorada y trabajada, a partir del diálogo tripartito, en el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, indicó que la discusión con los sectores empresarial y obrero se ha intensificado de forma positiva para lograr el consenso sobre la regularización de la subcontratación.
En primer lugar, se asienta que las partes se comprometen a resolver el abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal.
Como segundo punto, el esquema de reparto de utilidades no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, es necesario tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores a fin de definir un sistema de reparto de utilidades justo y equitativo, que evite la discrecionalidad en su pago. Se iniciará el proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa.
Como tercer acuerdo, señaló que ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron ampliar el plazo para llevar a cabo el proceso, por lo que se solicitó de manera respetuosa al Poder Legislativo posponer a febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que en un lapso no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse.
El cuarto punto trata sobre el llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre.
La secretaria informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) harán un exhorto formal a las empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente.
“Este acuerdo muestra la voluntad de avanzar en la solución de este tema con la seguridad de que resolverlo será en beneficio de trabajadores, de empleadores y de todos en nuestro país”, subrayó la titular de la STPS.