Para todos los mexicanos resulta de la mayor trascendencia respetar los derechos de los permisionarios de generación de energía mediante fuentes renovables, solar y eólica, así como de aquellos que se encuentran construyendo plantas de generación de dicha tecnología, pues de lo contrario, se podrían provocar litigios multimillonarios contra el Estado Mexicano que terminaríamos por pagar todos.
Por eso, la diputada Dulce María Sauri y los diputados Enrique Ochoa y René Juárez, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, emplazaron a la Secretaria de Energía, a modificar el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19)”, publicado el 29 de abril, el cual ha prendido las alarmas en el sector privado toda vez que atenta contra la generación de energías renovables y las inversiones que se están realizando en este sector.
Los acuerdos tomados por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) demuestran que el objetivo de la actual Administración es frenar la generación de energías renovables, detener la inversión privada en el sector eléctrico, con la finalidad de aumentar la participación del combustóleo pesado de alto contenido de azufre en la generación de energía eléctrica.
Subrayaron, la importancia de respetar los derechos de los permisionarios de energía mediante fuentes renovables, solar, eólica, así como de aquellos que se encuentran construyendo plantas de generación de dicha tecnología, pues de contrario se podrían provocar litigios millonarios contra el Estado Mexicano.
Demandaron evitar un trato discriminatorio a las centrales de generación de energía renovable, sin las cuales México no podrá cumplir con sus obligaciones legales e internacionales en materia de reducción de emisiones contaminantes y combate al cambio climático.
También que no se apliquen medidas que deriven o favorezcan competencias desleales en el sector eléctrico, que generen incertidumbre en las inversiones relacionadas con las energías renovables, eólicas o solares, y/o limiten la generación de centrales renovables en operación.
El GPPRI subrayó la conveniencia de que la Comisión Reguladora de Energía, en ejercicio de sus atribuciones, en su calidad de unidad de vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista, instruya al CENACE apegarse a lo establecido por la Ley de la Industria Eléctrica en materia de Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad Operativa del Sistema Eléctrico Nacional, así como a instrumentar las medidas legales necesarias para evitar la invasión de facultades por parte del CENACE.
Y que la Comisión Federal de Competencia Económica, con base en sus atribuciones y, en virtud de que la generación de energía eléctrica no es una actividad reservada a la Nación, implemente las medidas necesarias para garantizar la libre concurrencia y competencia económica en el sector eléctrico.
Las y los diputados del PRI en el Palacio Legislativo de San Lázaro, solicitaron que sea la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la que exhorte a la Secretaria de Energía, en calidad de presidenta del Consejo de Administración del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y al Director General del CENACE a realizar las modificaciones correspondientes.