Con los objetivos precisos de acabar con la inseguridad y pacificar al país el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las Fuerzas Armadas salir a las calles para participar en labores de seguridad pública, lo que implica que efectivos del Ejército y la Marina-Armada de México apoyen a la Guardia Nacional (GN) para combatir tanto al crimen común como a grupos delictivos altamente organizados.
Para diversos expertos esta orden legal pone en funciones de lleno a las tres instituciones más prestigiadas del país con el firme propósito de afrontar la inseguridad que aqueja a millones de ciudadanos y que es uno de los reclamos más sentidos de la sociedad: poner fin a una inseguridad intolerable desde hace varios lustros.
Con esta decisión, agregan los especialistas, entra en vigor el artículo quinto transitorio establecido en la reforma constitucional con la que se creó la GN, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, así como en las 32 legislaturas estatales, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de marzo de 2019.
El documento señala que “la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, por lo que resulta imprescindible garantizar a la población el cumplimiento de dicha obligación”. Con ello se instruye al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, almirante José Rafael Ojeda, para definir la forma en que las actividades de las Fuerzas Armadas de manera permanente complementarán la función de la GN.
Estos conocedores resaltan la importancia del decreto para que este gobierno enfrente una herencia que desde hace lustros se traduce en la presencia de al menos seis cárteles de alto impacto y más de 80 células delictivas que operan en las 32 entidades con capacidades muy sofisticadas de armamento y organización: desde producción, trasiego y venta de enervantes, pasando por secuestro, extorsión, robo de vehículos y transporte de carga, hasta hurto a ferrocarriles y huachicol.
Sin dejar de lado los asesinatos dolosos originados por la delincuencia común en su mayoría, que en marzo pasado registraron tres mil 78 homicidios: la cifra mensual más alta desde que se lleva este registro.
Decreto
Por estas y otras causas, mediante un decreto presidencial publicado el 11 de mayo quedó establecido que Ejército, Marina y Fuerza Aérea ayudarán a la GN en tareas de seguridad hasta el 27 de marzo de 2024.
De acuerdo con lo publicado se “dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última”.
Y expone el escrito que ello se hará “durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto”.
Además “podrán participar, de acuerdo a la fracción XXVIII, con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos” (ver recuadros).
GN: corte de caja
Y es que al momento la GN es uno de los ejes fundamentales de la estrategia nacional de seguridad pública propuesta por el presidente López Obrador al crear este cuerpo de seguridad federal de élite para reducir los altos niveles de inseguridad que presenta el país.
Su creación se aprobó el 28 de febrero de 2019 en el Congreso de la Unión y comenzó su despliegue operativo el 30 de junio de aquel mismo año.
Actualmente cuenta con 79 mil elementos distribuidos en 150 regiones del país, quienes trabajan de manera coordinada con las autoridades. Dirige la corporación el comandante Luis Rodríguez Bucio, quien ha impulsado mecanismos de cooperación con organismos nacionales e internacionales a fin de fortalecer los programas de formación de los integrantes de esta institución en materia de derechos humanos.
La GN ha tomado el control de la seguridad en los casi 50 mil kilómetros de carreteras federales, aeropuertos y zonas de jurisdicción federal, con el fin de prevenir ilícitos, entre ellos el robo a autotransporte con el programa Carreteras seguras.
Este despliegue incluye el fortalecimiento de mecanismos de inspección en puntos fronterizos del norte del país para evitar el tráfico de armas y drogas; y se ha coordinado con el Instituto Nacional de Migración en el programa Paisano para proteger a los más de tres millones de mexicanos que residen en el extranjero y que visitan a sus familias en nuestro país en temporadas vacacionales.
En materia de ciberseguridad se realizan ejercicios de crisis cibernética para la formación especializada de equipos de respuesta a incidentes en los ámbitos de seguridad pública y seguridad nacional, lo que le permite colaborar con instituciones del Estado para enfrentar cualquier amenaza.
En respuesta a un exhorto hecho por el Congreso de la Unión, la institución establece que a diciembre de 2019 realizó “la presentación de 349 presuntos responsables de hechos delictivos; el decomiso de 1.5 toneladas de marihuana, 15 kilogramos de metanfetaminas y 64 kilogramos de cocaína; la liberación de dos personas víctimas de secuestro y el rescate de 381 migrantes; aseguramiento de 51 vehículos vinculados con algún tipo de delito; 86 armas, tres mil 94 cartuchos de diferente calibre y 20 inmuebles”.
Legal
Alfonso Durazo, titular de la SSPC, negó que haya militarización en el país y aseguró que a diferencia de lo que ocurrió en administraciones pasadas el decreto del presidente López Obrador “regula la participación de las Fuerzas Armadas”.
El secretario destacó que “el acuerdo por el que se formaliza la participación de la Fuerza Armada en materia de seguridad pública ya estaba establecido en la reforma con la que se creó la Guardia Nacional, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales”.
Y agregó: “El acuerdo no excede de ninguna forma lo establecido en el texto constitucional, cumpliendo a cabalidad con los parámetros que tanto el constituyente como la Corte Interamericana han establecido; es decir, que la participación de las Fuerzas Armadas sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Ricardo Monreal, líder de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y jefe de la bancada de Morena, defendió a su vez el anuncio de incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y criticó a “las voces que señalan esta acción como una militarización del país. Rechazo categóricamente la serie de ataques e insultos injustificados de la clase política mexicana al decreto emitido por el jefe del Ejecutivo”.
Monreal consideró que muchos aprovechan los tiempos de la pandemia para crear confusión y exhibir de manera injustificada. “Lamento que los ataques provengan de un sector político que supuestamente debería estar enterado de todas las acciones legislativas”, declaró.
Para Monreal “es necesaria su presencia y no se trata de otorgarles facultades extraordinarias ya que las reformas constitucionales (recientemente aprobadas) la permiten por un tiempo de hasta cinco años para llevar a cabo dichas labores, pero eso sí, de una manera extraordinaria, regulada, subordinada, complementaria y fiscalizada”.
Explicó que con el decreto “se regula y delimita su actuación, y se establecen las labores que desarrollarán las Fuerzas Armadas en tanto no se consolide la Guardia Nacional”.
Mensaje
Javier Oliva, experto en temas de la milicia, comenta que existió un procedimiento legal que subordinó el anuncio de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. “El primer antecedente lo tenemos con una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte, de abril de 2000, donde debido a la reiterada y violenta acción de la delincuencia se hace necesaria la acción de las Fuerzas Armadas para contenerla”, expone.
Ahora, añade, “con el artículo quinto transitorio del decreto de las reformas constitucionales de marzo de 2019 el presidente faculta a la Fuerzas Armadas para que actúen en apoyo a las labores de seguridad pública. El decreto en su parte principal es exactamente lo mismo e incluso la redacción. Hay que recordar que las reformas a la Constitución y los siete artículos transitorios de abril de 2019 que dan paso a la creación de la Guardia Nacional se aprobaron por unanimidad en el Senado, con un solo voto en contra en la Cámara de Diputados y por todos los congresos locales. Así que no tendría por qué haber sorpresa en el decreto del pasado lunes 11 de mayo”.
—¿Qué implica esta decisión gubernamental en lo relacionado con política pública?
—Implica, por una parte, que las autoridades locales por distintas razones han faltado al compromiso de crear y/o fortalecer a las policías municipales y estatales; y, por otra, reconoce la capacidad y el desafío que la delincuencia organizada y común han alcanzado para hacerle frente a la sociedad y al Estado.
—¿Cuál es el mensaje de este anuncio oficial en materia de inseguridad?
—El mensaje es que la confianza que la sociedad tiene en las Fuerzas Armadas hace necesario que se incorporen a las labores de apoyo a la seguridad pública y autoridades civiles.
Sobre la coordinación técnica que tendrán operativamente Ejército, Marina y Guardia Nacional afirma: “La coordinación tiene que ver con el conocimiento del terreno y la problemática que tiene la GN por su despliegue en las zonas más complicadas del país. En función de ello se valorará si se convoca a alguna de las Fuerzas Armadas a colaborar en la operación. No hay subordinación: hay acciones complementarias a petición de las autoridades civiles locales”.
Finalmente, en torno de la importancia de esta medida considerando los niveles de inseguridad en el país con el crimen organizado y la pandemia, asume Oliva: “Es una decisión importante, aunque como se apuntó ya, la determinación del presidente, avalada por la práctica unanimidad del Congreso de la Unión y el pleno de la Suprema Corte, ya se encontraba en el quinto transitorio del decreto del 26 de marzo del año pasado”, concluye.
De esta manera las tres instituciones de más peso dentro de la milicia mexicana se coordinarán bajo reglas bien definidas para concretar un objetivo esencial que pide la sociedad: la pacificación del país para resguardar un Estado de Derecho que garantice el desarrollo económico y social de México.
RECUADROS
Funciones
El decreto establece que el Ejército y la Marina realicen las siguientes funciones previstas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional:
Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable.
Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio.
Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en:
Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, donde se actuará en auxilio y coordinación con las autoridades responsables.
Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos.
Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, instalaciones y servicios de las dependencias y entidades de la Federación.
Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal, así como las instalaciones estratégicas, conforme a lo establecido por las leyes respectivas.
En todo el territorio nacional en el ámbito de su competencia; en las zonas turísticas deberán establecerse protocolos especializados para su actuación.
Atribuciones
La Ley de la Guardia Nacional establece estas atribuciones que, de acuerdo con el decreto, desde ahora también son aplicables a las Fuerzas Armadas:
Informar a la persona, al momento de su detención, sobre los derechos que en su favor establece la Constitución.
Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora, a personas y bienes.
Realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos.
Realizar el registro inmediato de la detención de las personas.
Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso de inmediato al Ministerio Público.
Colaborar con otras autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de otras leyes.
Colaborar, cuando sea formalmente requerida, de conformidad con los ordenamientos constitucionales, legales y convenios aplicables, con las autoridades locales y municipales competentes.
Participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos.
Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales.
Ejército
El Ejército mexicano cuenta con 277 mil militares en servicio y 81 mil 500 elementos de reserva, un total de 358 mil 500 efectivos. Actualmente se ubica en el puesto 32 a escala mundial de los evaluados por el Global FirePower (GFP) 2019.
Marina-Armada de México
Cuenta con 66 mil 505 elementos que operan en las áreas metropolitanas del país, en el Golfo de México y mar Caribe, y en el océano Pacífico. A nivel internacional el poderío militar de la Marina se encuentra en el lugar 34 del Global FirePower (GFP) 2019.
Guardia Nacional
Hasta el 15 de abril de 2020 había más de 79 mil elementos de la GN desplegados en todo el país, mientras que las autoridades siguen con el reclutamiento y buscan que esta cifra llegue a los 100 mil entre este año y 2021.
Presupuestos
En 2020 la Sedena ejerce un presupuesto de 94 mil 28 millones 694 mil 246 pesos. Esta asignación que solicitó a la SHCP fue para la creación de plazas para aproximadamente 13 mil 826 efectivos.
En tanto, la Marina-Armada de México recibió este año la cantidad de 33 mil 357 millones 785 mil 594 pesos; de ese monto deberán fluir recursos para atender la creación de las dos mil 220 plazas que le solicitó a Hacienda. En 2019 la Marina operaba oficialmente con un estado de fuerza de 66 mil 505 elementos y para este 2020 quiere tener en sus filas a 68 mil 725 integrantes, según el PEF 2020.
Percepción
Durante este año, por tercer trimestre consecutivo, se incrementó el porcentaje de personas que consideran que vivir en su ciudad es inseguro. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI, 73.4% de las personas mayores de 18 años y más consideraron inseguro vivir en su ciudad en marzo de 2020, cifra superior a la de diciembre de 2019 (72.9%) y la de septiembre del mismo año (71.3%). Por ello, 64.8% de las personas dijeron haber cambiado su hábito de llevar objetos de valor, 54.9% indicó que ya no permite que menores salgan de su vivienda, 54% dejó de caminar por la noche cerca de su casa y 36.3% dejó de visitar a parientes o amigos.