Con un extenso documento de casi mil cuartillas las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación y Población de la Cámara de Diputados presentaron el anteproyecto de dictamen de la iniciativa de reforma electoral.
El archivo integra el estudio y análisis de 62 iniciativas constitucionales con proyecto de decreto, una síntesis de todos los insumos del Parlamento Abierto en la materia, el impacto presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la cámara baja.
Más que una sesión instaurada para el debate y la votación, se trató de la presentación formal del proyecto de reforma.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo, señaló que el dictamen se discutirá en los próximos días en reuniones internas de los grupos parlamentarios y, si así se decide, se podrá convocar a una reunión de las comisiones permanentes.
Sin cambios
El proyecto parte de la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril e incluye múltiples propuestas de diputados de todos los grupos parlamentarios, pero no plantea modificaciones respecto del proyecto del Ejecutivo.
Por ello prevé el cambio del Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y la elección por voto directo de sus integrantes. También propone la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), la integración del Consejo General del INEC, la reducción de 300 a 200 diputados, de 128 a 96 senadores y de once a nueve consejeros electorales.
A pesar de la polarización que la propuesta de reforma genera en la opinión pública el proyecto incluye cambios que proponen todos los grupos parlamentarios, que abogan por la inclusión en los procesos electorales.
Por ejemplo, el PRI busca la modificación del artículo 41 para garantizar que los partidos políticos incluyan como candidatos a personas con discapacidad y Movimiento Ciudadano busca incorporar a candidatos indígenas para las diputaciones federales, añadiendo un párrafo para tal efecto al artículo 52.
Hay además diversas iniciativas que defienden la paridad de género en todos los niveles.
Por si fuera poco, una de las grandes propuestas es la implementación del voto electrónico pues, como señala López Obrador, coadyuvaría a tener un sistema “seguro, imparcial, eficiente y rápido”.
Según el Informe integral para este sistema que publicó el INE en 2021 el mecanismo tiene un mayor índice de confianza en la ciudadanía y permite conocer los resultados de las votaciones de manera rápida y adecuada.
Hasta ahora la sugerida transformación del INE en el INEC es el cambio que más atención recibe y poco se habla de la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, es decir, para el pago de la plantilla laboral y los bienes muebles e inmuebles. Según la iniciativa el tema es “uno de los que suscita mayor indignación en la opinión pública” por la poca justificación que tiene y por la gran cantidad de dinero que reciben los partidos fuera de los tiempos de campaña electoral.
La propuesta obliga a los partidos a ser financiados por sus propios simpatizantes, militantes y otras personas físicas, reduciendo el costo que su mantenimiento supone para el erario. Asimismo, instituye que los recursos obtenidos no sean deducibles de impuestos y prohíbe que una misma persona física pueda donar en un año a más de un partido o candidatura independiente. Lo anterior busca impulsar a los partidos a convertirse en instituciones autosostenibles y transparentes.
Según las estimaciones del CEFP la eliminación del financiamiento público a los partidos supondría para la Federación un ahorro presupuestario estimado de cinco mil 936 millones de pesos.
Impacto financiero
El anteproyecto también presenta un análisis del impacto presupuestal que la reforma tendría. Aunque la SHCP se limita a señalar que la propuesta “no genera impacto presupuestario adicional” en los programas aprobados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, el CEFP sí examina con más detalle los ahorros que la reforma traería consigo.
Con la extinción de los Oples el presupuesto disponible ascendería a cinco mil 914 millones de pesos, mismos que serían transferidos, junto con el resto de los recursos humanos y materiales, al INEC. Además, con la disolución de los tribunales electorales estatales se transferirían alrededor de 874 millones a los gobiernos locales.
De igual modo, si disminuye el número de consejeros electorales de once a nueve, tal como se propone, se podría tener un ahorro para el erario federal de 17.6 millones de pesos para un ejercicio fiscal anual. Y si se reduce el número de legisladores la Federación podría ahorrarse alrededor de 290.5 millones, considerando la remuneración anual neta que cada uno percibe.
Finalmente, hay otros elementos de la reforma cuyo impacto presupuestal no es aún cuantificable, como la reducción de los tiempos en radio y televisión para materia electoral y el establecimiento de áreas auxiliares y órganos temporales para el INEC. En caso de su aprobación, este último tendría los recursos recientemente aprobados para el ejercicio fiscal 2023 del INE, que son de 20 mil 221 millones de pesos, más los bienes inmuebles y muebles que, según lo reportado hasta septiembre 2022, tienen un valor de dos mil 618 millones.
En contra
Poco después de presentado el proyecto, sin haber pasado los cinco días naturales para el estudio minucioso de la reforma, algunos legisladores hicieron público su posicionamiento.
El diputado Alejandro Moreno Cárdenas, quien es presidente de la Comisión de Gobernación y Población y dirigente del PRI, señaló por ejemplo que su grupo parlamentario “no aprobará, no respaldará, ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido”.
Recalcó que “en el PRI defendemos a las instituciones, al INE, al Tribunal Federal Electoral. Y en este punto no habremos de movernos”.
Por su lado, el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN, aseveró que “no va a pasar” la reforma constitucional en materia electoral porque es “regresiva y tóxica” para el sistema electoral. Según indicó, la bancada del PAN desde un principio se ha pronunciado contra una reforma constitucional como la presentada.
“Es una iniciativa que no vamos a apoyar como partido porque la consideramos regresiva, tóxica para este país. Y como ya han dicho los demás grupos parlamentarios de oposición no la habremos de apoyar. Y como es constitucional, pues no habrá de pasar”, sostuvo.
Lo anterior hace más complicada la aprobación de la reforma, puesto que se requiere de las dos terceras partes de los votos, mismas que, aun con sus aliados, Morena no alcanza.
Apertura y Plan B
Durante la reunión de las comisiones unidas, la diputada morenista Graciela Sánchez, presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, señaló que a pesar de las diferencias el diálogo entre partidos es el que enriquece las decisiones legislativas. “Las diferencias existen y son fundadas en la ideología y percepción de cada grupo parlamentario, lo que es enriquecedor por el pluralismo democrático que representa y el pluripartidismo que caracteriza el proceso de transición y alternancia política”, expresó.
Comentó que además de las 62 iniciativas constitucionales se presentaron otras 73 a leyes secundarias, por lo que se conforma un total de 135 propuestas a discutir. “La respuesta sobre la necesidad de una reforma de naturaleza política-electoral son esos 135 asuntos de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados”.
Por ello se espera que en la próxima reunión, que se realizará el 28 de noviembre, se discuta, se mejore y, en todo caso, se apruebe el proyecto.
No obstante, en su conferencia matutina del jueves 24 de noviembre, el presidente reconoció que su iniciativa no será aceptada, aunque agregó que presentará otra propuesta de ley para efectos semejantes.
“Ya está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma. Entonces, como no lo aceptan, vamos a presentar una ley que sin infringir lo que establece la Constitución nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costoso organizar las elecciones y que en esa ley se prohíba, de manera determinante, la compra del voto”, comentó.
Ahorro presupuestal estimado
(en millones de pesos)
Eliminación de financiamiento a partidos políticos | 5,936 |
Disminución de consejeros electorales | 17.6 |
Reducción de legisladores en el Congreso | 290.5 |
Extinción de los Oples | 5,914 |
Disolución de los tribunales locales electorales | 874 |
Fuente: CEFP