La frase fue tan contundente como simbólica: "Aquí no volverá a haber elecciones", declaró Daniel Ortega durante la conmemoración del 47 aniversario de la llamada Revolución Sandinista, cerrando públicamente cualquier posibilidad de alternancia política en Nicaragua.
Con esa afirmación, el dictador de 80 años eliminó incluso la apariencia de competencia electoral que durante años había servido para revestir de “legalidad” un sistema ampliamente cuestionado por organismos internacionales. El anuncio confirma lo que diversos gobiernos, organizaciones de derechos humanos y especialistas sostienen desde hace años: Nicaragua dejó de ser una democracia para convertirse en un régimen autoritario donde el poder se concentra en una sola familia.
La declaración también implica la cancelación de facto de las elecciones generales previstas para 2027, luego de que una reforma constitucional aprobada este año ampliara el periodo presidencial de cinco a seis años y otorgara aún mayores facultades al Ejecutivo.
De revolucionario a dictador
Daniel Ortega llegó al poder por primera vez en 1979 como uno de los dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), movimiento que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza.
Tras perder las elecciones de 1990, permaneció como líder opositor hasta regresar a la presidencia en 2007. Desde entonces inició un proceso gradual de concentración del poder que terminó por desmantelar los contrapesos democráticos del Estado.
Durante casi dos décadas reformó la Constitución, eliminó límites a la reelección presidencial, subordinó el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional, el Ejército y la Policía, hasta construir un sistema donde prácticamente no existen instituciones independientes.
La transformación alcanzó un nuevo nivel en febrero de 2025, cuando entró en vigor una profunda reforma constitucional que eliminó el equilibrio entre poderes, creó la figura de la "copresidenta" para Rosario Murillo, esposa de Ortega, y estableció que el Ejecutivo coordina todos los órganos del Estado.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y numerosos gobiernos democráticos calificaron la reforma como un grave retroceso institucional y una consolidación del autoritarismo.
Sin libertades
Las libertades políticas prácticamente desaparecieron en Nicaragua.
Las elecciones de 2021 fueron ampliamente desconocidas por la comunidad internacional después de que el régimen encarceló a prácticamente todos los aspirantes presidenciales con posibilidades reales de competir contra Ortega.
Varios de ellos permanecieron meses en prisión bajo condiciones denunciadas como inhumanas antes de ser expulsados del país y despojados de su nacionalidad.
Desde las protestas sociales de 2018 —reprimidas violentamente y que dejaron centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, según organismos internacionales— la persecución política se ha intensificado.
Más de cinco mil organizaciones no gubernamentales han sido clausuradas.
Universidades privadas, medios de comunicación independientes, asociaciones civiles y organizaciones religiosas han perdido su personalidad jurídica.
Periodistas, sacerdotes, defensores de derechos humanos y académicos han abandonado ese país para evitar la cárcel.
En julio de este año, el gobierno retiró además la licencia profesional a centenares de abogados, en una medida que expertos de Naciones Unidas calificaron como una "purga" del sistema jurídico.
Actualmente continúan encarceladas decenas de personas por motivos políticos, mientras el gobierno niega sistemáticamente la existencia de presos de conciencia.
El mensaje de Ortega
Lejos de matizar su postura, Ortega confirmó que su gobierno impulsará nuevas leyes para impedir cualquier intento de alternancia.
"Jamás, jamás, jamás", respondió cuando se le preguntó sobre futuras elecciones.
También acusó a Estados Unidos de intentar promover cambios políticos en Nicaragua y calificó a los opositores exiliados como "golpistas" y "vendepatrias".
Analistas consideran que estas declaraciones representan la admisión más explícita hasta ahora de que el régimen abandona incluso la simulación electoral.
Para Juan Sebastián Chamorro, uno de los principales opositores encarcelados en 2021 y posteriormente expulsado del país, Ortega busca consolidar un sistema de partido único similar al existente en Cuba.
El investigador Tiziano Breda, especialista en América Latina, considera que el régimen "ha optado por eliminar completamente la competencia política antes que permitir cualquier apertura democrática".
La respuesta de Marco Rubio
La reacción internacional no se hizo esperar.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó en términos enérgicos el anuncio del mandatario nicaragüense.
"La Administración (Donald) Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión", escribió Rubio en la red social X.
Añadió, además, que "el compromiso de Ortega de abolir las elecciones demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense".
Posteriormente, la Embajada de Estados Unidos en Managua afirmó que las declaraciones del mandatario "dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria" y llamó a la comunidad internacional a coordinar una respuesta frente al deterioro democrático en Nicaragua.
Washington insistió en que ningún gobierno puede aspirar a mantener relaciones normales con las democracias del continente mientras elimina el derecho de sus ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes.
Una democracia inexistente
Con el anuncio realizado por Ortega desaparece uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático: la posibilidad de que los ciudadanos cambien pacíficamente a sus gobernantes mediante elecciones libres.
Hoy, Nicaragua presenta prácticamente todos los rasgos característicos de un régimen autoritario: concentración absoluta del poder, ausencia de división de poderes, persecución sistemática de opositores, censura a la prensa, restricciones a la libertad religiosa, encarcelamiento de disidentes, eliminación de organizaciones civiles y control del sistema electoral.
La decisión del mandatario no sólo profundiza el aislamiento internacional de su país, sino que confirma la consolidación de un modelo político donde la permanencia en el poder dejó de depender de la voluntad popular.
A 46 años del triunfo de la Revolución Sandinista, el gobierno que prometió devolver la libertad a Nicaragua enfrenta una paradoja histórica: haber sustituido una dictadura por otra. La diferencia es que ahora el propio gobernante reconoce públicamente que la democracia ya no forma parte del futuro nicaragüense.