La Cámara de Diputados avaló la iniciativa que busca disminuir de 50% a 25% los topes máximos de las multas a los partidos políticos que les descuenta el INE a través de sus prerrogativas.
Con la firme intención de cuidar sus finanzas los partidos políticos, a través de sus legisladores en la Cámara de Diputados, aprobaron la iniciativa de enmienda con la que disminuirán de 50% a 25% los topes máximos de las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) les ha impuesto por diversas conductas ilícitas en los más recientes procesos electorales.
Para diversos expertos, con esta estratagema parlamentaria que reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y el 23 de la Ley General de Partidos Políticos en materia de sanciones, los institutos políticos podrán recuperar enormes cantidades de dinero público, además de seguir violentando la norma electoral durante periodos de campañas y en procesos electivos, ya que las multas se redujeron.
En lo fundamental, la iniciativa aprobada determina que el monto total de la reducción y retención de las prerrogativas del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes derivada de cualquier tipo de sanciones, multas, descuentos, remanentes u otros conceptos no podrá exceder 25% de la cantidad mensual que corresponda.
Los especialistas coinciden en señalar que los organismo de representación popular velan por sus propios intereses, ya que el tema se discutió y aprobó en el seno de la Comisión de Reforma Político-Electoral a solo una semana de que se presentó la iniciativa; y bastó una semana más para su aprobación en el pleno, lo que significó “a todas luces un trato preferencial, mientras que iniciativas pendientes de interés nacional están en la congeladora”.
Legislado
El jueves 6 de octubre la Comisión de Reforma Política-Electoral de la cámara baja aprobó la iniciativa de reforma que presentó el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, con 27 votos a favor y once abstenciones.
Así se modificó el artículo 456 de la LGIPE. “El monto total de la reducción y/o retención de la ministración mensual del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes derivada de cualquier tipo de sanciones, multas, descuentos, remanentes u otros conceptos, no podrá exceder el 25% de la ministración mensual que corresponda”, dice el párrafo modificado.
Con ello los partidos podrán quedarse con 75% de los recursos que no hayan gastado de sus prerrogativas mensuales.
Por otra parte, en el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos se agregó un inciso con una redacción similar. “La autoridad electoral no podrá reducir y/o retener más de 25% de la ministración mensual del financiamiento público ordinario que les corresponda, derivada de cualquier tipo de sanciones, multas, descuentos, remanentes u otros conceptos”, dice la iniciativa.
En artículos transitorios se indica que todas las obligaciones en materia de fiscalización emitidas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto “deberán ajustarse de manera inmediata”.
De acuerdo con la iniciativa, ello impacta particularmente en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, que siguen en revisión no únicamente en el INE sino también en procesos de fiscalización que se llevan a cabo en cada una de las entidades federativas por parte de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
De esta manera, dice el documento parlamentario, “las autoridades electorales competentes tendrán un plazo de 30 días para adecuar la normatividad correspondiente de conformidad con lo dispuesto en este decreto, sin que sea condición para la aplicación y cumplimiento inmediato de las disposiciones establecidas en el mismo”.
Pleno
El 11 de octubre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por 466 votos a favor, uno en contra y 27 abstenciones. Y se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Según lo legislado, “los partidos políticos son entidades de interés público, por lo que las sanciones no deben ser desproporcionadas; evidentemente, a mayor daño causado por incumplimiento de sus funciones, la sanción se incrementa”.
La nueva normatividad menciona que se debe procurar que una multa desactive, desincentive o remedie conductas de incumplimiento de acuerdo con la gravedad de los hechos y su afectación. “No obstante, se debe proteger que no se generen condiciones financieras desfavorables o adversas a la competencia electoral entre los partidos políticos; de ahí que sea importante contar con límites claros al alcance que las multas y sanciones tienen sobre los recursos de los partidos proveniente del financiamiento público”.
En el documento se reconoce que la instrumentación de sanciones a los partidos es una práctica recurrente en todos los países democráticos. “Sin embargo, algunas naciones de América Latina imponen sanciones que tienen como objetivo persuadirlos de no incurrir en faltas graves, sin poner en riesgo sus finanzas; por lo tanto, se resguarda su función constitucional y legal”.
Contradictoria
Diversos diputados expusieron sus puntos de vista sobre lo aprobado. La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, resaltó que la iniciativa no deja de ser contradictoria porque se argumenta en el dictamen que se quiere proteger el financiamiento público para los partidos, cuando la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de reforma electoral lo que plantea es la desaparición de ese financiamiento. “Una cosa contradictoria absolutamente con la otra”, remarcó.
Recordó que las multas a los partidos políticos suman millones de pesos a través de diversos procedimientos y que en los últimos años el que más multas acumula es Morena.
Advirtió que puede ser inconstitucional el artículo transitorio que plantea hacer efectivo de inmediato la reforma sobre procesos de fiscalización anteriores, puesto que sería retroactivo. “No pueden ser retroactivas las leyes como marca la Constitución en su artículo 14”, señaló.
Y agregó: “Si bien puede haber beneficio a los partidos en el tema de las multas, no es correcto que se vaya por encima de la Constitución ni se pueden hacer leyes a modo”.
Por Morena el diputado Sergio Gutiérrez —impulsor de la iniciativa— expuso que el dictamen tiene entre sus principales objetivos garantizar que los partidos políticos tengan el financiamiento público suficiente para cumplir con sus fines constitucionales y promover la participación del pueblo en la vida democrática.
Añadió que no se pretende reducir ni condonar ninguna multa, pues las que existen serán firmes y son definitivas. “La intención es modificar el tope de reducción de las ministraciones mensuales que se hace a los partidos políticos para que, en lugar de que el tope sea de 50%, pase a 25%, con la excepción de las cuestiones de género; no es una reforma retroactiva, sino a futuro”.
Graciela Sánchez, de Morena, expresó que se busca proteger un financiamiento que garantice la existencia y operatividad ordinaria de los partidos políticos, así como reducir el porcentaje de las sanciones. “Con ello afianzamos que los partidos no se encuentren en situaciones que les impida hacer efectiva la representación de las personas afiliadas y asegura la solvencia económica de las fuerzas políticas”.
Del PT, Benjamín Robles argumentó que el objetivo de fondo no es simplemente reducir el límite del monto de las sanciones, sino contar además con una norma eficaz y clara. “No tiene el objeto de evadir sanciones, por el contrario: se mantienen y tienen que ser cubiertas; (pero) el monto actual rompe la equidad y es desproporcionado”.
Por su lado, Javier Casique, diputado del PRI, exhortó a los legisladores para sumar esfuerzos en materia de actos irregulares. “Las sanciones son necesarias para que nadie tenga ventajas violando la ley”.
Multas
Cabe destacar que en 2022 el INE impuso multas a partidos políticos y candidatos por 70.5 millones de pesos debido a diversas irregularidades en sus gastos de campaña durante el proceso electoral para las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Derivado de la revisión de informes y gastos de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó mil 453 faltas o conductas irregulares.
Movimiento Ciudadano (MC) fue el partido más multado con más de 20 millones de pesos, seguido del PAN con 18 millones de pesos, el PRI con más de 14 millones de pesos y Morena con más de seis millones de pesos.
En 2021 el INE aprobó sanciones por un monto global superior a los mil 300 millones de pesos por diversas irregularidades cometidas por partidos y candidatos en el uso de recursos durante las campañas de ese año.
De ese monto, las multas para partidos y candidatos derivadas de anomalías en sus informes de gastos de campaña federales y locales ascienden a más de mil 200 millones de pesos, mientras que 129 millones 797 mil 83 pesos corresponden a quejas.
Las sanciones aprobadas en sesión extraordinaria se dan por omisiones en los reportes de ingresos y gastos, mentir en los informes, no reportar operaciones o propaganda, o no destinar 40% del financiamiento a candidatas.
Hace un año Morena fue el partido más sancionado con 373.1 millones, seguido de los extintos Fuerza por México con 102.9 millones y de Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos.
Les siguieron el PRI con 93.7 millones, el PAN con 88.4, el PT con 85.9, el PVEM con 84.5, MC con 73.1, el PES con 55.8 y el PRD con 42.8 millones de pesos.
Conductas irregulares de partidos en 2022
De forma (493).
Egreso no reportado (372).
Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior o el mismo día de su celebración (95).
Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración (67).
Omisión de reportar operaciones en tiempo real durante el periodo normal (57).
Omisión de reportar operaciones en tiempo real durante el periodo de ajuste (53).
Egreso no comprobado (51).
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) sin complemento (27).
Otras (238).
Fuente: Unidad Técnica de Fiscalización del INE
Operaciones irregulares
A unos días de los comicios del 6 de junio de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el INE detectaron 170 operaciones irregulares vinculadas con financiamiento ilícito a partidos políticos, candidatos y aspirantes independientes que participaron en el proceso electoral.
De los 170 registros, a 33 se les hizo un proceso de seguimiento especial por detectar operaciones inusuales, sostuvo la directora general de asuntos normativos de la UIF, Mireya Valverde Okon.