Yndira Sandoval Sánchez, feminista, integrante de las Constituyentes Mx y defensora de derechos humanos, fue víctima de tortura sexual y otras violaciones por parte de elementos de la policía municipal de Tlapa de Comonfort, en Guerrero.
A casi cuatro años y luego de un largo proceso la activista obtuvo la justicia restaurativa a través de un acto de disculpa pública por parte de autoridades del municipio.
Sandoval platica en entrevista qué significa este acto en la lucha colectiva contra la violencia hacia las mujeres.
—¿Qué significa está disculpa pública?
—Significa solo un paso rumbo a la justicia restaurativa. Es una forma alterna de la justicia punitiva. No obstante, no me hace justicia que nadie vaya a la cárcel, que haya ausencia del Estado en términos de prevención, de protocolos de actuación y de los derechos humanos de las personas, especialmente de las mujeres. Pero también significa mi derecho a mi verdad, a la dignidad y a la justicia luego de que se trastocaron mi nombre y mi integridad.
—¿Cómo se logró llevar a cabo este acto?
—Se logró resistiendo e insistiendo. Se logró haciendo valer cada uno de los derechos que tenemos todas las mujeres, porque no habemos víctimas de primera o de segunda: todas las víctimas tenemos derecho a los mismos términos de la reparación del daño. Y se logró también exhibiendo a las autoridades culpables.
—¿Qué espera de esta disculpa pública?
—Espero que con este acto se ratifiquen los cinco compromisos a los que llegó el gobierno del municipio de Tlapa de Comonfort, como también los nueve compromisos de la Fiscalía de Guerrero. Pero al mismo tiempo espero que se ratifiquen los puntos que solicité de acuerdo al artículo 45 de la Ley General de Víctimas. Algunos son: acciones de no repetición; darle a la víctima los derechos que le corresponden, es decir, no solamente pedí una disculpa pública: pedí que se reconociera en el Código Penal a la tortura sexual como un delito, especialmente si la cometen agentes del Estado; y también pedí que se creara la escuela para defensores y defensoras de derechos humanos en Tlapa de Comonfort bajo el nombre Seguridad, justicia y paz.
Protocolos
—¿Qué hacer para evitar que más mujeres caigan en esta revictimización del sistema?
—Las víctimas tenemos derecho a la verdad, la dignidad, la credibilidad y la justicia. En este sentido es muy importante el papel que juegan los medios de comunicación en el tratamiento de los casos. Por otra parte, lo mejor que podemos hacer es acatar el principio de corresponsabilidad sobre los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En materia internacional puedo hablar de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En materia interamericana de la Convención de Belém do Pará. Y en materia nacional de la Constitución y los derechos humanos.
—En tu opinión, de hace cuatro años para acá (cuando sucedieron los hechos), ¿mejoró el acceso a la justicia para las mujeres?
—No. De hecho, empeoró. Se nos obstaculiza, se dudado de la verdad de las víctimas. En este sentido apelo a que los medios de comunicación y las instituciones crean cada vez más en las víctimas.
—¿Qué es lo más importante de atender en este tema?
—Es urgente contar con un expediente único, con una cédula de identificación de riesgo y con la red de referencia y contrarreferencia. Es decir, es urgente contar con protocolos específicos para víctimas y defensoras de derechos humanos. Y también es imperante que la ciudadanía y las instituciones del Estado creamos mucho más en la palabra de las víctimas.
—En este sentido, ¿se articula más el movimiento feminista?
—El movimiento feminista es diverso, es plural, pero ninguna de nosotras está a favor de la violencia, ni de que ningún agresor nos gobierne. Ninguna estamos de acuerdo en que se vulneren nuestros derechos. Y por eso seguimos luchando.