Profesionalización de la PGJDF

La Ciudad de México es hoy, sin duda, punta de lanza para la puesta en práctica del nuevo modelo de procesos judiciales establecidos por el Congreso de la Unión: la capacitación de servidores públicos capitalinos involucrados en este inédito método de investigación, procedimiento y resolución de delitos resulta una dinámica fascinante para dar respuesta a los millones de capitalinos que piden una justicia clara y expedita.

De hecho, el Instituto de Formación Profesional (IFP)de la procuraduría capitalina.

Está convertido por ello en una casa de estudios cuya misión consiste ahora, en una primera etapa, en formar a los nuevos integrantes de la institución y que se desarrollen como policías de investigación, peritos o agentes del Ministerio Público; en la segunda, implementar el sistema acusatorio que marca la Constitución y que a partir de 2008 incorpora nuevas figuras procesales que vienen en línea con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es así que se renueva una institución que se fundó hace 77 años y que hoy encabeza Juan José Olea Valencia, coordinador general del IFP de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), quien considera clave que los ciudadanos conozcan los detalles sobre cómo se profesionaliza a estos peritos y expertos en las áreas de procuración de justicia, cuestiones tácticas, cadena de custodia de delitos, aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, estrategias de investigación y métodos de aprehensión de presuntos delincuentes.

Novedades

En entrevista exclusiva, Olea Valencia señala que derivado del nuevo andamiaje legal surgieron “nuevas figuras procesales, como el asesor jurídico”.

—¿Quién es ese funcionario y cuál es su tarea?

—Es el que acompaña a la víctima en el momento mismo que se formula la denuncia ante el MP. Y el orientador jurídico es el nuevo rostro de la procuraduría: el que recibe al ciudadano, lo escucha y lo encamina a una mediación o lo orienta con el MP para que ahí se inicie la carpeta de investigación y, por supuesto, la víctima declare con relación al proceso delictivo del que fue víctima.

Afirma que “están ya, asimismo, los auxiliares de mediación, los sicólogos y los trabajadores sociales: son funcionarios que ahora exige el sistema acusatorio. Eso en lo que corresponde a la formación”.

Otra vertiente del instituto, añade, “es dotar a los compañeros que están en activo de toda las herramientas técnicas, metodológicas, teóricas y científicas y, por supuesto, normativas para que estén en la línea de la aplicación concreta de sus conocimientos y resolución eficiente del asunto en cuestión”.

—¿Cuál es la logística para formar funcionarios públicos?

—Priomero, nos preguntamos cómo garantizar que al personal que viene a formarse, actualizarse o especializarse se le brinden las mejores herramientas. Por ejemplo, para formar a los agentes de la policía de investigación se imparte una licenciatura en Investigación Policial, que es una profesión de la investigación científica del delito que cuenta con registro de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, donde jóvenes, hombres y mujeres recién egresados del bachillerato pueden venir al instituto y estudien de inicio la carrera de investigación policial.

Formación

Explica que tienen otro esquema diseñado para los técnicos superiores universitarios. “Es para jóvenes que egresaron de cualquier carrera y no se han titulado. Pueden venir a formarse con nosotros durante un año”.

Para ser agente del MP se necesita una licenciatura básica de Derecho y cursar una especialidad en Justicia Penal y Derechos Humanos, que también tiene cédula profesional.

Los peritos, apunta Olea Valencia, “son médicos, químicos, contadores, odontólogos, ingenieros y arquitectos. Ellos ya cuentan con una formación base. Aquí les enseñamos, en un diplomado de seis meses, cuál sería la actividad de esa profesión a nivel de peritajes”.

—¿Cómo se van empapando en la práctica?

—El instituto no solo cuenta con aulas de clase tradicional, sino también con escenarios similares a aquellos donde se realizará la labor. Por ejemplo, tenemos escenarios del delito donde los alumnos en formación van del saber, al saber hacer en la práctica. Supongamos que el perito va al lugar de los hechos, que ya está acordonado; empieza con la cadena de custodia; el policía entrevista a testigos, a la víctima, etcétera, dentro del propio escenario del delito. De ahí nos vamos a una agencia tipo real que tiene el instituto, donde vamos a encontrar la reproducción de cómo en la capital encontramos una agencia del MP. Tiene un Módulo de Atención Oportuna (MAO): cuenta con diversas áreas de atención a víctimas, atención sicológica, médica, área forense y de separos. ¡Y eso sirve mucho, porque es una enseñanza de aproximación y competencia profesional!

—¿Y el personal académico?

—El IFP cuenta con instructores que son policías de investigación, agentes del MP y peritos en funciones que han venido al instituto a compartir sus experiencias, conocimientos y su vocación por enseñar. Eso es fundamental para que puedan garantizar que efectivamente cumplen con esa competencia en materia de capacitación, certificación y de control de confianza. El instituto garantiza a la ciudadanía que en el momento que egresan o vienen y se actualizan con nosotros, contarán con esas herramientas que les permitirán realizar una labor con eficacia apegada, por supuesto, a los principios constitucionales y con total apego al respeto de los derechos humanos.

Nuevo andamiaje jurídico

En el marco de las nuevas reglamentaciones planteadas por el Poder Legislativo, Olea Valencia afirma: “Esto es de trascendental importancia, porque es el marco jurídico que le da elementos a la actuación de los servidores públicos en el ámbito de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Desde la reforma constitucional de 2008 ha habido durante este tiempo diversos proyectos legislativos, tanto en el ámbito federal como en el local, que le van dando forma al modelo del sistema acusatorio procesal en el DF”.

Por ejemplo, agrega: “En 2009 el DF emitió, de acuerdo a lo procedente de la reforma de 2008, su Ley de Ejecuciones Penales, la cual da forma y vida al juez de ejecución penal y separa la actividad judicial sobre la sentencia que emitió el juez de la causa”.

—¿Cómo se acoplan al Código Nacional de Procedimientos Penales?

—Ese código armoniza el proceso penal en todo el país. De ahí que si hay competencia federal que inició en el ámbito común, pues obviamente desde el momento mismo en que hay una armonización del procedimiento penal, lo que se haga en el DF seguramente le servirá a la autoridad federal. Derivado de ese Código Nacional, a través de la ALDF se armonizaron en la capital 44 instrumentos jurídicos, sin contar que la Ley Orgánica de la PGJDF es competencia del Congreso de la Unión, la cual ya se aprobó por la Cámara de Diputados y está en gestión en el Senado.

—¿Esta modernización llevará tiempo?

—Nos coloca en una situación de más experiencia. La práctica en la operación del sistema acusatorio requiere nuevas habilidades y destrezas. Inéditas competencias de los operadores. Algo que tiene el sistema es la visibilidad de competencia del servidor público. ¡El papel antes todo lo aguantaba! Ahora principios como la inmediación —donde el juez debe estar en todas las audiencias—,la oralidad de los procesos, la publicidad de los juicios, donde cualquier ciudadano puede entrar a una audiencia —no se permite grabar audio y video— y observar la actuación del agente investigador, del defensor público o el propio criterio del juez… Esto es una virtud de transparencia del nuevo sistema.