Sin lugar a dudas, la reforma en materia de los derechos humanos en México, junto con el reconocimiento al derecho a la alimentación y al agua, fueron pasos enormes en el esfuerzo por lograr una vida digna para todos y representan grandes cambios que abrieron el camino para garantizar que las garantías económicas, sociales, culturales y ambientales (conocidas como DESCA) sean exigibles y justiciables en el ámbito legal.
Al respecto, expertos consideran que para alcanzar un nivel adecuado de vida para toda la población mexicana estas medidas legislativas deben aplicarse adecuadamente y traducirse en políticas públicas que erradiquen la desigualdad social y la pobreza en el país.
Ideales
El nivel de vida adecuado es un proceso global de carácter no solo económico, sino también social, cultural y político, que tiende al mejoramiento del bienestar.
De esta manera, se relaciona con la participación activa, libre y significativa de los individuos, así como con la distribución justa de los beneficios que del desarrollo económico se derivan.
¿De qué manera se alcanza? Los especialistas sugieren que se basa en el cumplimiento de los derechos sociales y económicos, así como también en el gasto público —asignado con equidad— para la expansión de las capacidades individuales, salud y educación de calidad.
Para la comunidad internacional, la primera mención de este nivel ideal de vida se hizo en la Declaración Universal de 1948, que incorpora el cumplimiento del derecho a la salud, alimentación, vestido, vivienda y servicios sociales.
Años más tarde se reconoce también en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) como una garantía para uno mismo y la familia, e incluye una mejora continuada de las condiciones de existencia; y, aunque comprende otras, “es un derecho general que encierra los elementos esenciales no solo para la supervivencia humana, sino para la consecución del bienestar”, explica Ximena Maroto, coordinadora del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos (Incide social).
Por tanto, su ausencia está íntimamente relacionada con medios de subsistencia limitados o inseguros, pobreza, discriminación, exclusión social y carencia de acceso a servicios básicos.
No solo eso: la falta de garantía para los derechos que conforman un nivel de vida adecuado también atenta contra la cohesión social y la construcción de un Estado democrático.
Es por ello que la comunidad internacional hace un llamado a los gobiernos para cumplir con la obligación de establecer estrategias integrales y de largo alcance, a fin de lograr una distribución más equitativa de la riqueza, así como hacer un uso efectivo de los recursos.
Caso mexicano
En México los principales desafíos a vencer para alcanzar un nivel de vida adecuado son la pobreza y la desigualdad.
El último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reporta la existencia de 52 millones de pobres, lo que equivale a 46.2 % de la población.
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