Por: Montserrat Bonilla
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El último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró que 5.1% de la población mexicana tiene alguna discapacidad, es decir, cinco millones 739 mil 270 personas, con deseos de superarse y tener una vida digna a través de la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, en México y en el mundo este grupo poblacional enfrenta una realidad innegable: no son considerados por las empresas y el aparato gubernamental en las vacantes de empleo; y si tienen suerte de obtener un trabajo, no reciben tampoco las mismas prestaciones que el resto de la población.
Además, la falta de accesibilidad en calles, transporte público, escuelas, centros de salud e instituciones públicas vulnera sus derechos y representa, ante los estándares internacionales, actos de discriminación.
La comunidad internacional insta por ello a las distintas administraciones a respetar sus derechos a través del diseño de programas de inclusión y garantizar la participación activa de toda la población en condiciones de igualdad y equidad.
Estándar
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que entre 110 y 190 millones de personas tienen grandes dificultades para vivir normalmente y que la proporción va en aumento debido al envejecimiento y el aumento de las enfermedades crónicas; mientras que la Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que representan casi 15% de la población mundial y enfrentan múltiples barreras para participar activamente dentro de la sociedad.
Los obstáculos pueden tomar distintas formas, se explica en la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad: desde el acceso a espacios públicos, hasta políticas públicas, códigos penales y actitudes discriminatorias por parte de la sociedad y las instituciones.
El resultado: desigualdad en el acceso a servicios sociales e incumplimiento de sus derechos como educación, empleo, salud, transporte, justicia y participación política.
De acuerdo con cifras mundiales, las tasas de empleo son más bajas para quienes padecen alguna discapacidad —hombres 53% y mujeres 20%— que para aquellos que no la sufren —hombres 65% y mujeres 30%—, por ejemplo.
Dicha convención, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006, ha sido firmada por casi 150 países y plantea los estándares internacionales de atención y protección de este grupo.
Las responsabilidades de los Estados se basan en la promoción del acceso a los servicios generales y en la inversión de programas específicos que ayuden a mejorar la educación, formación y contratación del personal; pero sobre todo que aumenten la conciencia pública y la comprensión de discapacidades.
Accesibilidad
De acuerdo con organismos defensores de los derechos humanos, las necesidades más relevantes para las personas con alguna discapacidad son la falta de oportunidades de empleo, programas de capacitación y de formación profesional, así como la adecuación de la infraestructura para el acceso al ámbito laboral, educativo y sanitario.
La asociación civil Libre Acceso considera que el punto clave de acción en México es lograr la accesibilidad y la licenciada Laura Bermejo, consejera de dicho organismo, comenta: “Es lo más básico para poder hacer cumplir los demás derechos, el entrar a un inmueble, tomar un servicio o transportarse”.
El director de Libre Acceso y acreedor al Premio Nacional de Derechos Humanos 2011, Federico Fleischmann, opina que en materia educativa, por ejemplo, la inclusión y accesibilidad es muy difícil y en la mayoría de los casos inexistente.
Y no sólo el acceso físico, es decir, a las aulas, sino a la educación en sí, acota: “Para las personas ciegas o sordas el acceso a la comunicación va de la mano con la educación y este es prácticamente nulo”.
Mientras, la Encuesta 2010 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) revela que 27.5% de las personas con discapacidad considera que el principal problema al que se enfrentan en México es el desempleo e ingresos, ya que sólo 38.9% obtiene un pago por el trabajo que realiza.
Por otra parte, Bermejo considera que también la falta de estadísticas sociodemográficas claras sobre este grupo imposibilita el diseño de programas especiales. Incluso, afirma: “El INEGI maneja ciertos datos, pero con base en criterios de funcionalidad, que no es lo mismo que discapacidad”.
En nuestro país, comenta Fleischmann, “hemos pecado de anteponer lo urgente a lo importante y hemos atendido con prontitud, esfuerzo y recursos la violencia y también la carestía, pero no hemos atendido lo suficiente a la desigualdad social”.
Y esto no únicamente en términos económicos, sino “en el sentido de que una persona con discapacidad no tiene los mismos derechos que el resto de las personas: no tiene acceso al entorno educativo, laboral y en general al social; y es algo que tenemos que corregir urgentemente, porque es injusto para estas minorías”.
Obligación de todos
Raúl Plascencia Villanueva, ombudsman nacional, durante su participación en la ceremonia inaugural del I Foro binacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, destacó el hecho de que aun con los avances alcanzados en la regulación internacional, en la legislación nacional y en la aplicación de políticas públicas, este grupo en vulnerabilidad sigue siendo víctima de discriminación.
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) insta a difundir entre la sociedad el hecho de que la discapacidad no es sólo un asunto de salud sino de garantías individuales.
La convención y el marco legal, comenta por su parte Bermejo, “puede servir sólo como una base, ya que muchos de los artículos y derechos están regulados en otras normas; sin embargo, debemos entender que el paradigma de la discapacidad gira en torno de los obstáculos que ponemos y debemos generar conciencia para visualizaar el problema”.
Cada persona tiene obligación de estar informada y ser sensible a esta situación, acota. Las empresas, por ejemplo, “cuentan con beneficios fiscales al hacer cualquier ajuste en sus instalaciones para mejorar su accesibilidad y desplazamiento a las personas con discapacidad, al igual que al contratarlos”.
Y recomienda: “Estos cambios pueden hacerlos de manera paulatina, primero al adaptar plazas para personas con discapacidad visual y auditiva, luego motriz que requiere mayores adecuaciones, hasta alcanzar metas bien planificadas”.
Fleischmann, quien vive con discapacidad motriz por secuela de poliomielitis, concluye a su vez: “Lo que verdaderamente necesitamos es trabajar y bastarnos por nosotros mismos; no es suficiente para nosotros la ayuda espontánea y pasajera; requerimos de igualdad de condiciones y oportunidades para que nosotros mismos podamos salir adelante. Y esto no hemos podido hacer que la sociedad lo comprenda plenamente”. Cuando esto se logre, dice, “tendremos un México más incluyente y mejor, desde la perspectiva social”.