Migrantes: víctimas de delincuencia y corrupción

Por Ángel Hernández

La seguridad y protección de los migrantes es un problema no resuelto que provoca extorsión, trata, secuestro y hasta el asesinato de quienes transitan por territorio nacional para tratar de llegar a Estados Unidos, víctimas de un perverso sistema en el que participa no sólo el crimen organizado, sino incluso autoridades de todos los niveles que caen en la corrupción.

Pese a los esfuerzos realizados por México y los países centroamericanos para salvaguardar la integridad de miles de connacionales y ciudadanos de la región que en su tránsito quedan expuestos a una gran cantidad de abusos, la realidad es que esas medidas no han logrado revertir la grave situación, lo que provoca una crisis humanitaria sin precedentes en la zona, advierten especialistas.

A este entorno de inseguridad y alto riesgo que acecha a esa población —agregan los expertos— hay que sumarle leyes y políticas antimigrantes en gran parte de Estados Unidos, con lo que el fenómeno migratorio —generado en gran medida por una necesidad económica y de supervivencia— se transforma en una decisión arriesgada y, en no pocos casos, hasta trágica.

Poca capacidad

Raúl Benítez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, expone que en cuestiones de migración ha tomado relevancia el enfoque de protección de los derechos humanos, ya que las perspectivas jurídicas y de seguridad no resuelven los problemas humanitarios implicados en el tránsito de personas de una región a otra o de un país a otro.

Lo que había prevalecido, dice, son los enfoques de seguridad y el reforzamiento de las fronteras en los últimos 13 años, a partir de los ataques terroristas a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.

“El tema de los derechos humanos es abordado ahora por grupos que se formaron como producto de la crisis humanitaria surgida por la deficiente aplicación de las políticas jurídicas y de seguridad; y para que se respete el tránsito de las personas o no se violenten sus garantías a su paso de Centroamérica a México y Estados Unidos”, menciona.

El investigador explica que en México hay una mezcla de los tres enfoques, pero el Estado tiene poca capacidad para imponer una visión que haga viable una ley o una política de seguridad o de derechos humanos.

En otros palabras, subraya, muy poco importará que haya una la ley para la protección de derechos humanos de los migrantes, si el gobierno no tiene capacidades plenas para aplicarla, ya que una cosa es lo que se establece en la norma y otra cómo el Estado la aplica o si los funcionarios la cumplen o no.

Corrupción sistémica

Raúl Benítez asevera que antes del ascenso de los grupos criminales, en México predominaba en migración una especie de corrupción histórica tolerada y sistémica, que no producía una crisis humanitaria porque era un mecanismo de flujo que permitía a los migrantes centroamericanos llegar a su destino.

Y si bien había violación de derechos humanos, no eran visibles ni eran muy públicos ni masivos; tampoco generaban problemas intergubernamentales, situación que prevaleció en los ochenta, cuando hubo oleadas migratorias producto de las guerras civiles en Guatemala y El salvador, así como una oleada migratoria hondureña por una crisis rural.

Explica el especialista que con la aparición de un actor nuevo en la ruta de los migrantes, que son las organizaciones del crimen organizado, se da una subordinación de los grupos tradicionales de traficantes de personas que alimentan los intereses de aquellas, sumado a corrupción en autoridades, comenzando por la base de la pirámide: “Y entonces se amplía el fenómeno criminal por asociación con dos pilares: la continuidad de un interés económico de funcionarios menores para sobrevivir, lo que genera la corrupción sistémica; y, por otro lado, el miedo a no responder a los intereses de organizaciones criminales y ser víctima también de la acción de estos grupos”.

De esta manera, resalta, es como los migrantes centroamericanos empiezan a ser víctimas de una multiplicidad de extorsiones en el camino, que van desde policías municipales en las ciudades cercanas a la frontera con Guatemala y en la ruta hacia el norte del país por parte de policías de todo tipo, empleados del área de seguridad a nivel federal y en puntos de inspección del Instituto Nacional de Migración (INM).

Proceso de degradación

Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México, afirma por su parte que la migración no ocupa una prioridad en las políticas gubernamentales y su atención ha estado subordinada a tareas de seguridad nacional y la lucha contra las organizaciones criminales.

Asevera que fue necesario que ocurriera la masacre en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, cuando fueron asesinados 72 migrantes por un grupo de la delincuencia organizada, para que nos diéramos cuenta de que vivíamos en una ficción colectiva, que parece aún no la entendemos del todo.

“Se trata de una ficción construida con verdades parciales y muchas complicidades, una ficción que no niega los valientes esfuerzos de algunos cuantos desde la sociedad y desde instancias de gobierno, pero al final de cuentas esfuerzos superados por una especie de tsunami de violencia social”, señala.

El especialita asevera que cuando ocurre un hecho delictivo de esa magnitud es necesario reconocer que es la expresión más lograda de un proceso de degradación gestada en distintos momentos y ámbitos, que fue madurando por el poco hacer o no hacer de quienes, debiendo o pudiendo, poco o nada hicieron para impedirlo.

“Hoy es inocultable que una vertiente delictiva alcanzó, produjo y produce graves daños a los migrantes, a sus familias y a los tejidos sociales en que realizan sus actividades criminales”, recalca.

Rodolfo Casilla reconoce que si bien hay un mandato de ley sobre el tráfico de migrantes contenido en la Ley de Migración del país, no es suficiente, ya que hay un número bajo de denuncias, hay dificultades para la integración de las averiguaciones previas, y se tiene una diversidad de criterios judiciales que convergen en penas mínimas al acusado, por lo cual los victimarios salen de prisión con gran facilidad.

Además, dice, los esquemas y actuaciones de protección consular de los países de origen de los migrantes indocumentados son deficientes e insuficientes, cuando no anacrónicos.

Equiparar leyes

Enrique Degenhart Asturias, asesor regional en temas migratorios y controles fronterizos, afirma en tanto que las estructuras criminales se han convertido en estructuras regionales territoriales que han modernizado su quehacer, al pasar de ser traficantes de estupefacientes, armas y dinero, a traficantes de seres humanos, por lo que desgraciadamente se han incrementado el secuestro, los abusos y todos los delitos en los que participan.

Destaca que México cuenta con una posición histórica trascendental, ya que es “el cuello de botella” de todas las migraciones centroamericanas y tiene la posibilidad de ayudar en el proceso para disminuir las carencias o desigualdades de la región en materia migratoria, que terminan recayendo en el país.

“México tiene una gran oportunidad de poder ayudar y fortalecer los procesos de seguridad de los migrantes; hay que romper el paradigma de que dar su información o sus datos biométricos pone a los migrantes en riesgo: al contrario, esta mecánica les permite recibir protección y ser identificados en caso de desastre”, indica Degenhart.

Resalta la necesidad de equiparar la legislación a nivel regional, pues con todo y sus deficiencias, la legislación mexicana es una de las más modernas en el área, por lo que el reto es que otros gobiernos de Centroamérica se sumen a ese esfuerzo y modernicen sus leyes migratorias, en las que busquen un balance entre los derechos humanos y la seguridad interna de cada Estado.

Peligroso aislamiento

De acuerdo con una investigación realizada por el periódico estadunidense The New York Times, casi 300 migrantes son puestos en régimen de aislamiento en uno de los 50 centros de detención más grandes que compone la red de instalaciones de Migración y Aduanas en EU. Según el rotativo, casi la mitad de los detenidos son aislados por 15 días o más, mientras que más de tres decenas son recluidos en soledad por más de 75 días. Ello a pesar de que expertos siquiatras consultados por esa publicación advierten que en ese tiempo, en esas condiciones, el asilamiento puede provocar un daño mental severo. Sin que se sepa con precisión el por qué los migrantes son confinados de esa forma, el diario refiere que alrededor de dos tercios de los casos tenían que ver con infracciones disciplinarias o por ser considerados como una amenaza para otros detenidos.

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